Hace casi un siglo, un extenso ciclo político, comenzaba a tener su fin. La elección de Arturo Alessandri y su promesa de terminar con la supremacía del régimen político oligárquico, encontraron eco en una ciudadanía que, obnubilada por la retórica populista en la que se sintió considerada e incluida, un privilegio que hasta ese momento no había tenido. No obstante ello, la creciente insatisfacción ante sus frustradas promesas generaron una progresiva distancia por parte de las organizaciones populares hacia su gobierno, dio lugar a un masivo descontento social que, lejos de ser comprendido, derivó en dramáticos incidentes de represión que facilitaron su escepticismo y desconfianza hacia el otrora redentor social.
Tal contexto permitió que se profundizara el proceso de creciente autonomía que las organizaciones sociales habían construido desde las décadas anteriores, ante el casi nulo interés de las élites por abordar urgentes necesidades como era contar con una legislación que regulara el ámbito laboral, una efectiva política de vivienda obrera y, sobre todo, ante el llamado “problema de las subsistencias” vinculado al alto costo de los productos de primera necesidad.
Tales motivaciones, dieron lugar a la creación de la Asamblea Obrera de Alimentación Nacional (AOAN), en cuyo primer manifiesto, el 13 de noviembre de 1918, se señalaba un temprano interés constituyente al cuestionar que: “esta Constitución no señala los medios para que el pueblo pueda hacer respetar el derecho a la vida, que potentados, industriales y comerciantes atacan a diario, usando los medios que el pueblo ha creado para beneficio general, cuales son los ferrocarriles y transportes nacionales, carreteras y puentes y que se toman hoy como armas para hambrearlo”[1].
Esta organización, promotora de las denominadas “marchas del hambre”, buscó a través de ellas denunciar la dramática situación de los trabajadores frente al mínimo poder adquisitivo de sus salarios, mientras el gobierno aplica una política proteccionista que encarecía la importación de carne, azúcar y arroz.
Esta severa crítica, no fue solo el dramático testimonio de una época, sino la reaparición de un sujeto histórico de creciente protagonismo y considerable potencial de movilización que “forzó a las autoridades de la época a reconsiderar y analizar cómo manejar la cuestión social”[2]. De igual modo representó su conciencia y esfuerzos por construir una nueva institucionalidad política que garantizara derechos sociales en un marco democrático.
La aguda crisis política enfrentada por Alessandri hacia los años 1924-25, que incluyó la intervención militar en favor de reformas sociales y su propio exilio, fue abordada una vez reasumido su cargo, mediante la iniciativa de promulgar una nueva Constitución Política que diera respuesta a la necesidad de modificar el régimen político y de acoger en su articulado garantías materiales para la población.
Tal fue el panorama que favoreció la convergencia de diversos sectores sociales y políticos, en aquello que se denominó como Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales, un espacio de deliberación al que confluyó un amplio horizonte de organizaciones como la FOCH, Asociación General de Profesores, la Unión de Empleados de Chile, Federación de Estudiantes de Chile, orgánicas feministas, entre otras, muchos de ellos militantes de partidos como el demócrata, radical y comunista, así como independientes[3].
En marzo de 1925, se dieron cita en el Teatro Municipal de Santiago, cerca de dos mil ciudadanos y ciudadanas que configuraban un verdadero crisol de representantes, no solo de los diversos barrios de Santiago, sino de las diversas provincias del país. De ella participaron personalidades tan destacadas como Amanda Labarca, Carlos Vicuña Fuentes, Pedro León Ugalde, Julio Barrenechea y fue presidida por Víctor Troncoso[4]. La Asamblea se fijó: “el objetivo de darle a la Nación, por voluntad y voto de sus clases productoras, un nuevo orden político e institucional; más justo, más legítimo, más democrático”[5].
A pesar de este significativo esfuerzo, la nueva Carta Magna, no fue elaborada mediante un proceso participativo, sino a través de la conformación de una comisión cuya propuesta fue sometida a ratificación mediante un plebiscito en agosto de 1925 en el que fue aprobada de modo elocuente, pero en medio de una elevada abstención cercana al 60%, definitivamente una demostración de la desconexión con las verdaderas aspiraciones de la sociedad.
Este temprano desencuentro, no restó valor a la iniciativa levantada y sostenida por una activa ciudadanía popular que fue capaz, a pesar de su propia heterogeneidad, de establecer importantes acuerdos que pudieron haber dado lugar a una temprana expresión de Estado Social de Derecho en nuestro país.
Esta frustrada experiencia de participación, configuró una extraña excepción dentro de una extensa tradición de constitucionalismo basado en acuerdos intraelitarios o abiertamente mediante la imposición de un determinado modelo ideológico, tal como ha sido la Constitución Política de 1980 que arrastra, hasta nuestros días, la sombra de su ilegitimidad desde el primer momento y cuyas disposiciones explican, en buena medida, los conflictos que cruzan a nuestra sociedad.
Son ellos los que explican los acontecimientos del 18 de octubre de 2019 pues, las mismas insatisfechas demandas sociales estuvieron en el centro de este fenómeno de expresión del malestar ante las inequidades e injusticias, con todo lo que ello puede llegar a significar. En su dinámica, contribuyó, definitivamente a configurar un nuevo antagonismo de orientación anti-neoliberal que propició la convergencia de demandas y discursos pero, por sobre todo, de multitudes que de un modo contundente dieron lugar una visión de alcance mayor que fue capaz de tensionar la institucionalidad, aglutinando múltiples significados, hasta vislumbrar que la única posible alternativa era una nueva Constitución.
Como sabemos, el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” de la madrugada del día 15 de noviembre de 2019, dio lugar al itinerario en el que hoy nos encontramos insertos. La diligente intervención de importantes sectores políticos se estableció también como un modo de marcar pautas al mencionado proceso y contener el evidente desacato. Mientras, diversas organizaciones sociales, se auto-convocaron en cabildos para dar lugar participativamente a la reflexión de aquello que esa nueva Constitución debía establecer y considerar, recuperando de la memoria histórica, el testimonio y la experiencia de los constituyentes populares de 1925. Hoy, todo lo ocurrido visto en perspectiva, configura un proceso de carácter inédito que dará lugar, por primera vez, a una Carta Fundamental nacida de un proceso democrático e iluminada también por nuestra memoria constituyente.
[1] Primer Manifiesto de la AOAN, 13 de Noviembre de 1918. Disponible en: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-98700.html
[2] De Shazo, P. (2007). Trabajadores urbanos y sindicatos en Chile. 1902-1927. Santiago, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana (DIBAM), p.237.
[3] Cfr. Grez, S. (2016). La Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales, Chile 1925: entre el olvido y la mitificación en Izquierdas, 29, 1- 48, septiembre, pp. 8 y ss.
[4] Salazar, G. (2009). Del poder constituyente de asalariados e intelectuales. Santiago, Lom, pp. 81-82.
[5] Ibídem.
