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Nuestra mirada geográfica. Por Mario Vega

El gigantesco incendio ocurrido en la comuna de Quilpué en la Región de Valparaíso, que alcanzó su momento de mayor extensión el pasado viernes 14 de enero, cuyas causas al parecer, tendrían orígenes intencionales dada la existencia de múltiples focos durante la noche previa, es una alarmante voz de alerta sobre la necesidad de abordar la problemática de las consecuencias de estos actos en la modificación del uso del suelo mediante la introducción de cambios en los instrumentos de ordenamiento territorial vigentes.

Un importante dato a considerar es la información aportada por la a Corporación Nacional Forestal (CONAF) según la cual: “El 99,7% de los incendios se inician ya sea por descuidos o negligencias en la manipulación de fuentes de calor, o por prácticas agrícolas o por intencionalidad, originada en motivaciones de distinto tipo, incluso la delictiva”.[1]

De este modo, miles de hectáreas arrasadas por el fuego, desprovistas de cubierta vegetal y expuestas a una inclemente sequía, por efectos del cambio climático, experimentan un brusco descenso de su plusvalía, dada la desaparición de la explotación económica de los mismos, transformándose en áreas susceptibles ante la expansión de las áreas urbanas por efecto de la presión de los intereses inmobiliarios.

En tal sentido, se hace hoy en día indispensable contar con una legislación que permita impedir esta problemática, restringiendo la posibilidad de urbanización de espacios devastados por este tipo de siniestros, incentivando la reforestación con especies que generen un favorable efecto sobre los ecosistemas locales, interviniendo sobre fenómenos como la escasez y deficiente manejo de los recursos hídricos y la consiguiente desertificación del territorio.

Lo anterior, es además fundamental en el Gran Valparaíso, una conurbación que posee una población cercana a las 974.000 personas[2] y en donde las comunas de Quilpué y Villa Alemana, registran el más sostenido incremento demográfico dentro de este sistema urbano alcanzando en conjunto un tercio del volumen total de habitantes[3] existentes en ella, atrayendo principalmente a sectores sociales medios en viviendas unifamiliares, localizándose una de sus principales zonas de expansión en el sector sur de la comuna mencionada[4], el mismo que se viera amenazado por la emergencia ocurrida la pasada semana.

Por lo tanto, la imbricación de ambas realidades agudiza la tensión existente en el espacio geográfico originado en factores derivados de la intervención antrópica; sostenido crecimiento de las ciudades, agresiva desforestación de los entornos, interrupción del ciclo hidrológico, incremento de los promedios térmicos, gradual desplazamiento del clima de estepa cálida hacia el Valle del Aconcagua. Sin duda, uno de los múltiples fenómenos de degradación ambiental que la región experimenta como la “zona de sacrificio” de Puchuncaví-Ventanas o la dramática sequía en Petorca por mencionar algunos casos.

En tal sentido, el fortalecimiento de las comunidades y de sus organizaciones, así como su participación en los procesos de deliberación ciudadana sobre la construcción social del espacio, adquieren un papel clave. Si bien la normativa existente considera la difusión y publicidad de los instrumentos de planificación territorial para su posterior aprobación, se hace necesario incorporar procedimientos de consulta como requisito indispensable para su implementación.

Para lo anterior, es indispensable una ciudadanía portadora de una “mirada geográfica” como una cualidad que le permita observar y comprender la multiplicidad de variables que interactúan en la configuración del espacio, analizando los intereses que entran en pugna en él, pero sobre todo: “con plena conciencia que el ser humano transforma el espacio geográfico y este, a su vez, influye en la vida humana”.[5] Lo anterior, configura amplio desafío derivado de la necesidad de una Educación Geográfica como componente del currículum escolar para potenciar tales herramientas en los y las estudiantes. No obstante, en este aspecto se observa una evidente falencia dado que esta disciplina ha perdido presencia de forma sistemática en las aulas a pesar de la recurrencia de conflictos socio-ambientales en nuestros entornos.

Más allá de los dispositivos para prever y controlar de este tipo de desastres que destruyen nuestros recursos forestales, especialmente durante la temporada estival, se hace necesario abordar sus causas profundas que, no solo tienen que ver con la drástica penalización de tales actos, sino fundamentalmente con impedir que su consecuencia sea la desaparición del bosque. 

Se hace imprescindible contar con garantías de protección sobre las potenciales amenazas que se ciernen sobre nuestras urbes y sobre sus entornos. Ello requiere la acertada previsión sobre la eventualidad de riesgos de origen natural, pero sobre todo de origen antrópico. La acertada planificación territorial adquiere gravitación fundamental como parte de las herramientas regulatorias que el Estado debe poseer a fin de garantizar la sustentabilidad del territorio.

El destacado geógrafo británico David Harvey, ha sostenido que: “la urbanización ha desempeñado un papel particularmente activo, junto con fenómenos como los gastos militares, a la hora de absorber el producto excedente que los capitalistas producen perpetuamente en su búsqueda de beneficios”.[6] En tal sentido, la incidencia ciudadana en la gestión democrática sobre el despliegue de tales excedentes, configurará un efectivo derecho a la ciudad.[7]

Activemos entonces nuestra conciencia sobre los intereses en pugna en espacio en el que habitamos, agudicemos entonces nuestra mirada geográfica.  


[1] https://www.conaf.cl/incendios-forestales/incendios-forestales-en-chile/.

[2] Ministerio de Vivienda y Urbanismo (2015). Ciudades con calidad de vida: Diagnóstico estratégico de ciudades chilenas. El Gran Valparaíso, Santiago: MINVU, p. 18. Disponible en: http://observatoriodoc.colabora.minvu.cl/Documentos%20compartidos/ESTUDIOS%20OBSERVATORIO/Diagnostico%20CCV%20Gran%20Valpara%C3%ADso.pdf.  

[3] Ibídem.

[4] Ibídem, p.35.

[5] Cfr. Araya Palacios, F. (2010). Educación geográfica para la sustentabilidad. La Serena: Editorial de la Universidad de La Serena, p. 42.

[6] Harvey, D. (2008). El derecho a la ciudad en New Left Review N°53, Madrid: Editorial Traficantes de Sueños, p. 25. Disponible en: https://newleftreview.es/issues/53/articles/david-harvey-el-derecho-a-la-ciudad.pdf.

[7] Ibídem.

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