La ruptura en el proceso constituyente que significó la derrota de la opción “Apruebo” en el plebiscito del pasado 4 de septiembre de 2022, lo ha situado en un nuevo y complejo panorama. Si bien, en un plano retórico se reconoce la necesidad de trascender el actual marco jurídico heredado de la dictadura cívico-militar, la definición acerca del órgano destinado a su elaboración, su composición y los límites que tendrá su discusión, describen con claridad la evidente fractura existente entre la demanda originaria, ratificada en mediante referéndum en 2020, y el actual itinerario distanciándolo del anhelo ciudadano, transformando a este medular asunto en uno de los múltiples asuntos de la contingencia política.
En este panorama, retrocesos que se creían superados dentro de la lenta trayectoria de democratización de nuestras instituciones, como el parcial carácter democrático del órgano deliberante, conformado a partir de un Consejo Constitucional y de una Comisión de Expertos, integrado por representantes electos y designados respectivamente, se vuelven realidad. Esta definición, asumida como un último recurso a fin de hacer posible el compromiso asumido por el presidente Gabriel Boric de otorgar a Chile una nueva Carta Fundamental, ha llevado a un extremo la máxima de que la política es “el arte de lo posible”, como asimismo ha evidenciado el poder de veto asumido por la oposición de derecha que dispone, no solo de una significativa presencia en el Congreso Nacional, sino del capital simbólico que le otorgó el triunfo de la opción “Rechazo” en la pasada consulta, elementos que ha articulado a fin de obliterar un nuevo proceso que considerara mayores horizontes de participación que aquellos definidos en el denominado “Acuerdo por Chile” de diciembre pasado. En este panorama, su contenido recogido en el proyecto de ley enviado por el ejecutivo y cuya tramitación de previsible complejidad, dado el elevado número de indicaciones presentadas en el Senado de la República, representando la solidez del acuerdo político entre los representantes del oficialismo y de la oposición , pero no acogiendo las enmiendas tendientes a modificar su carácter.
En este sentido, el giro adquirido en este proceso evidencia la atávica desconfianza de élites que, ante la posibilidad de perder su rol hegemónico, circunstancia en la que tradicionalmente acuden al rol tutelar de las instituciones, distanciándose de la atribución soberana que detenta legítimamente la ciudadanía, provocando rupturas que solo profundizan la crisis de representación existente en nuestro sistema democrático y que, más aún, eluden la urgente necesidad de abordar las dramáticas desigualdades que atraviesan a la sociedad anticipando futuras crisis nacidas de la insatisfacción que se anida en esta.
Asunto especialmente controversial es el de la llamada Comisión de Expertos, una “aristocracia”, en el sentido que los antiguos daban al término, compuesta por veinticuatro especialistas elegidos por ambas cámaras en razón de doce por cada una de ellas, siendo una de cuyas facultades la de aprobar, por tres quintos de sus miembros, las propuestas emanadas de la Consejo Constitucional , condición que le permitirá asumir una carácter de intermediación entre la voluntad de los representantes y el texto propuesto al soberano, en donde, eventualmente, esta podría cercenar algunas disposiciones y ejercer poder de veto sobre otras, actuando como cámara revisora, tal como en su momento ocurrió con el Tribunal Constitucional (TC), utilizado como verdadero muro de contención de los cambios.
Este es un punto crítico dentro del proyecto que “Modifica la Carta Fundamental, con el objeto de establecer un procedimiento para la elaboración y aprobación de una nueva Constitución Política de la República” , cuya fórmula, si bien considera la presencia de una instancia de redacción electa de origen democrático, diluye su legitimidad debido a la tuición ejercida por la antes mencionada instancia nombrada por el legislativo, mismo poder del Estado que disfruta de la confianza de solo un 8% de los encuestados según un reciente sondeo de opinión . Las consecuencias de su mecánica de funcionamiento, no se han previsto adecuadamente y podría ser posible que esta reorientase el contenido de su articulado, por ejemplo, hacia una continuidad atenuada del actual modelo institucional, claramente insatisfactorio, especialmente, para los amplios sectores que se levantaron para demandar un nuevo orden democrático en octubre del 2019.
Definitivamente, el actual panorama remite al escenario de la “democracia de los acuerdos” establecida en los años noventa en el marco de una transición pactada que contuvo de manera eficaz los ímpetus de transformación en el Chile posdictatorial, haciendo estéril todo proyecto de superación del neoliberalismo. En ese sentido, no debemos ser ingenuos al observar en la estrategia de cooptación del itinerario constituyente desplegada por la derecha, no solo el afán de ejercer una mayor influencia sobre este, también y del mismo modo, su estricta necesidad de desarraigarlo de su génesis, forjada en el antagonismo levantado desde el primer momento, por parte de los sectores populares organizados, en favor de la destitución del modelo imperante, profundizando el vacío existente en la esfera de lo público por efecto de la agudización de la pérdida de confianza entre los representados y sus representantes.
No obstante, lo sucedido no configura de modo alguno una excepción dentro de nuestra historia política y, por el contrario, es ejemplo de una perfecta línea de continuidad en la preservación de un pacto social intraoligárquico, renovado con relativa periodicidad cada vez que el poder ha perdido su carácter de atributo exclusivo de las élites, momento en el que la apelación al orden funge como el elemento catalizador del llamado “partido del orden” una construcción de carácter transversal que actúa de manera inmanente en la temporalidad, cada vez que la ciudadanía activa su imaginación democrática y la potencia existente en su deliberación para construir alternativas.
La vieja sombra portaliana sobre la República, se activa para recuperar su condición tutelar, para encauzar aquello que desprovisto de su verdadera esencia, el autoritarismo, debe retornar a la esfera de la virtud en la que fue concebida, subsumiendo en tal operación, el origen de nuevos quiebres surgidos de una profunda fractura social existente en Chile, que esperan aún su resolución. Confiemos en que la persistente necesidad de dar a Chile una nueva Constitución, no se transforme solo en una ilusión posibilista.
