Durante el pasado mes de abril, la Convención Constitucional aprobó, finalmente, la disposición que estableció que la República de Chile será, un “Estado social y democrático de derecho” superando, de ser aprobado el actual proyecto por parte de la ciudadanía, la concepción de Estado Subsidiario, disposición contenida en la actual Constitución Política de 1980, que operó como soporte jurídico-ideológico para la perpetuación el neoliberalismo en nuestro país. A pesar de su importancia, este significativo avance, no había alcanzado anteriormente el quorum de dos tercios dispuesto para su incorporación definitiva al texto constitucional, durante los debates celebrados en el mes de marzo.
Todo ello mientras asistimos en las últimas semanas a una mediática campaña desplegada por diversos medios de comunicación, vinculados a la oposición, que han incluido un verdadero florecimiento de los estudios de opinión los que, casualmente, se coinciden en la posibilidad de que la ciudadanía rechace la propuesta desarrollada durante los últimos meses por la Convención Constitucional tarea, que sin lugar a dudas ha resultado ardua y compleja, no solo por su carácter inédito en nuestra historia, como asimismo por las elevadas expectativas que la sociedad tiene de ella.
Por el contrario, desde la vereda de la crítica, se han expuesto afirmaciones que buscan descalificar lo realizado por esta instancia hasta ahora, por ejemplo, señalando que actual proyecto sería una “Constitución Indigenista” por consagrar a través de su articulado, las disposiciones establecidas en convenios internacionales respecto de los pueblos originarios y reconociendo el carácter de naciones a estas comunidades. Ello, no hace más que describir la concepción racista y el monolítico conservadurismo que encierra este discurso. Sin embargo, tales afirmaciones no son nuevas. Hace más de cincuenta años y con claridad meridiana, el intelectual mapuche, Carlos Huayquiñir Rain en 1966, al observar las prácticas de exclusión de la que era víctima su pueblo, afirmó que: “Muchos hoy en el país que al oír hablar de los araucanos de sus progresos, aspiraciones y de sus necesidades más apremiantes, piensan que ha nacido en Chile uno una nueva doctrina racial, poco menos que creen que los aborígenes pretenden araucanizar el país”.
En este marco, la incorporación de la idea de un Estado Social de Derecho, representa un avance histórico, pues incorpora un elemento inédito en nuestra historia constitucional, más allá de algunos iniciales avances que estableció la Constitución Política de 1925 respecto de garantías en el ámbito de la salud, la educación y la vivienda “en forma proporcionar a cada habitante, un mínimo de bienestar” que le permitieron a la antigua democracia chilena del siglo XX, configurar políticas sociales activas en estas materias, mediante el activo rol del sector público, las que fueron violentamente desestructuradas por la Dictadura Militar a fin de imponer a los agentes privados como los principales oferentes de los servicios sociales, relegando al Estado a la condición de prestador complementario, focalizándose solo en la atención de aquellos sectores de la población que estuvieran impedidas de financiar autónomamente su acceso. No se trata entonces de un simple detalle en el articulado de la actual Constitución Política, sino de un elemento causal del disociador individualismo que inunda a amplios sectores de la sociedad, dificultando la construcción de proyectos colectivos tanto en lo local como en lo nacional.
Lejos de representar un experimento institucional, la concepción del Estado Social de Derecho entronca con el desarrollo histórico de las dos grandes ideologías de la Modernidad, el liberalismo y el socialismo, las que dejaron su huella en el constitucionalismo occidental para atender los requerimientos que las sociedades demandaban en su tiempo a la política. De este modo, el liberalismo desde los inicios del siglo XIX, centró sus objetivos en estatuir un amplio conjunto de libertades y de derechos, individuales y públicos, a fin de abrogar, ojalá de un modo definitivo, toda posibilidad de que el autoritarismo conculcara sus garantías fundamentales a la ciudadanía, vulnerando sus conquistas democráticas. No obstante, la existencia de graves desigualdades al interior de las sociedades capitalistas, constituyeron una amenaza para su estabilidad que debieron ser asumidas por los Estados democráticos durante la posguerra a fin de generar condiciones de integración que impidieran el retorno de los fascismos, dando lugar a la concepción del Estado Social de Derecho. Este enfoque, adquirió mayor legitimidad tras la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), que consagró los llamados derechos económicos, sociales y culturales, aun cuando para la Organización de las Naciones Unidas, desde la Declaración de Viena (1993), “se ha producido un retorno a la arquitectura original de la DUDH, reafirmando la indivisibilidad de todas estas garantías” las que, en el ámbito normativo interno son ratificadas e incorporadas a sus las respectivas cartas fundamentales.
Aunque para amplios sectores de la ciudadanía, este avance represente un sentido anhelo, que materializa las aspiraciones de una transformación antineoliberal, expresadas en el Estallido Social de 2019, un cambio de esta magnitud solo será posible en nuestro país si el gobierno del presidente Gabriel Boric, alinea a sus fuerzas con el objetivo de dar cumplimiento a su programa de gobierno, sorteando las dificultades que el actual ciclo económico mundial le impone respecto de la ralentización del crecimiento de la economía la que, según cifras aportadas por organismos especializados, alcanzaría solo el 1,8% para América Latina , hecho que configura un complejo escenario si el desafío es avanzar en el urgente desafío de resolver las complejas problemáticas existentes en Chile en materias como la necesidad de una mayor cohesión social mejorando la distribución de la riqueza y enfrentando las graves brechas de desigualdad que lastran el destino de miles de chilenos y chilenas, especialmente de los más jóvenes. En esta tarea serán indispensables una nueva Constitución y un nuevo Estado Social.
