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Nueva Constitución, nuevo pacto social. Por Mario Vega H.

     El próximo lunes 4 de julio finaliza el mandato legal otorgado a la Convención Constitucional para la elaboración del texto que deberá ser sometido a plebiscito a inicios del mes de septiembre. Este proceso, de carácter inédito en nuestra historia y, probablemente, uno de los más avanzados que han tenido lugar en América Latina, alcanzó con claridad su objetivo construyendo un nuevo horizonte político para Chile a partir de ideas fundamentales como, por ejemplo, el Estado Social y Democrático de Derecho, su carácter plurinacional, así como el fortalecimiento de la soberanía popular, poniendo término al extenso ciclo neoliberal que se sustentó a través de la Constitución Política de 1980 en tanto herencia del período dictatorial.

      El cumplimiento de su tarea, no obstante, debió superar un conjunto de barreras, cuidadosamente desplegadas por los sectores conservadores, que buscaban descalificar su labor de modos muy diversos; primero señalando que no cumpliría con su tarea dentro de los plazos establecidos para prolongarlo como parte de un insensato frenesí. En segundo lugar, y plena era de la posverdad y la desinformación, deslizando presunciones ajenas a toda verosimilitud como el supuesto cuestionamiento al propio nombre de nuestro país, al carácter republicano de su régimen político, así como la sumaria abrogación del himno nacional pasando por la expropiación de los fondos previsionales en un afán, tan arteramente descalificatorio que logró traslucir con claridad su intención de acrecentar el descrédito respecto de la labor de esta institución. Capítulo aparte dentro de esa línea, fue el relacionado con las sanciones que su Comisión de Ética debió establecer hacia algunos convencionales que insultaron gratuitamente a sus pares y al organismo en una estrategia que solo buscó deteriorar la imagen pública del proceso, como fórmula para promover el rechazo al proyecto constitucional.

      Fue dentro de ese marco que, la mesa de la Convención fue capaz de percibir la adversidad que imponía la coyuntura, marcada por la elección presidencial y parlamentaria 2021 y que la hizo objetivo de cuestionamientos de parte de sectores que se oponen al proceso, que intentaron obtener réditos políticos, estableciendo un cronograma de trabajo intenso que hacia los meses de febrero y marzo del presente año, comenzó la aprobación de las primeras disposiciones que aportaron positivas luces respecto de la configuración del nuevo modelo institucional que esta propondría al país, como imprimir a su labor mayor eficacia en el uso del tiempo, reduciendo algunos encuentros regionales a pesar de la importancia fundamental del nexo de diálogo entre la Convención y la ciudadanía que debía retroalimentar su trabajo. A pesar de ello, las extensas jornadas destinadas a la elección de su mesa directiva, dieron la impresión de la existencia de intestinas luchas de poder en su interior, desenfocándola de su objetivo considerando la imagen que los medios hegemónicos difundieron de esta.

      Sin embargo, el balance es con claridad positivo comprendiendo su ambicioso objetivo que era dar forma a un nuevo modelo de organización política, concordante con los anhelos del conjunto de la sociedad expresados con contundencia a partir del 18 de octubre de 2019. En ese sentido, construir un proyecto colectivo a partir de la presencia de un amplio horizonte de pluralidad político-social que se reflejó en ella, fue una tarea compleja, pero indispensable frente a la responsabilidad histórica que tenían sus protagonistas. En esa línea, la presencia de convencionales representantes de los pueblos originarios resultó un hito fundamental, no por el sentido de reparación a la secular postergación de sus demandas, sino porque fortaleció la opción de negociación sostenida por líderes indígenas gradualistas[1], como alternativa de superación de la dominación colonial que han sido víctima, por parte del Estado de Chile, situación especialmente aguda en el caso del pueblo mapuche.

      A este respecto, resulta destacable el poder apreciar en el texto emanado desde la Convención, no solo un instrumento jurídico para la delegación y administración del poder en las instituciones públicas y de garantía de derechos fundamentales sino, más allá de ello, como una herramienta que genera un nuevo marco de relación entre las partes que hace posibles condiciones para un diálogo político efectivo pues, asume la legitimidad de las históricas reivindicaciones de quienes han sido históricamente agraviados por el Estado y por sus élites.

      Por su parte, los intereses político-empresariales han construido de manera sistemática una atmósfera en la opinión pública, en donde, la opción del rechazo se impondría en el plebiscito de salida, situación que se muestra antojadiza cuando se observa en el despliegue del gobierno y en su capacidad de imponer un relato que vincula la aprobación del proyecto constitucional con la concreción de su programa transformador, lectura que la ciudadanía comprenderá en plenitud en septiembre próximo pues, hasta ahora, nada hace pensar que las sentidas aspiraciones plasmadas en el programa del presidente Gabriel Boric, hayan perdido la relevancia que lo hizo depositario de una amplia mayoría electoral.

      Es interesante considerar que la experiencia constitucional desarrollada en Chile hasta ahora, puede ser planteada como un referente en América Latina, no solo por haber impulsado una Democracia Paritaria de explícito carácter inclusivo, sino porque a diferencia de otros procesos implementados en la región, la Convención Constitucional se ciñó estrictamente a sus reglamentos, plazos y procedimientos y fue respetuosa de atribuciones de los demás poderes del Estado, de forma ajena a toda caricatura que sobre su funcionamiento se quiso instalar a priori. De este modo, disposiciones como plebiscitos regionales y comunales, los derechos de la tercera edad, la iniciativa popular de ley, el resguardo de los ecosistemas y la noción de Estado Laico, está última reinstalada de modo explícito en nuestro ordenamiento constitucional, la igualdad sustantiva de derechos y la creación de un Sistema Nacional de Educación Pública[2], configuran una efectiva puesta al día con un conjunto de demandas que coincidían en trascender la concepción de Estado Subsidiario que promovió el neoliberalismo.

      Asimismo, forma parte de todo este proceso la experiencia adquirida por sus integrantes que, dentro de un marco de deliberación democrática, fueron capaces de avanzar en la tarea que la ciudadanía les había confiado. Tal vez sus ímpetus los llevaron a redactar un texto que, sin lugar a dudas, es ambicioso y que requiere de un exhaustivo análisis para ser comprendido en toda su magnitud, hecho que obligará a las fuerzas que impulsan su aprobación a desarrollar un importante esfuerzo de pedagogía política mediante el reencuentro con las comunidades locales, las mismas que impulsaron cabildos constituyentes en los barrios y en las localidades en un Chile que se levantó masivamente para impulsar una nueva Constitución, y con ello, un nuevo pacto social. 


[1] Pairican, F. (2022). La vía política mapuche. Santiago: Paidós.

[2] https://www.chileconvencion.cl/wp-content/uploads/2022/05/PROPUESTA-DE-BORRADOR-CONSTITUCIONAL-14.05.22.pdf

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