Con la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública, se espera que las coordinaciones de seguridad sean cada vez más especializadas. Un Estado que se reorganiza institucionalmente para responder a las problemáticas sociales demuestra su compromiso con los asuntos que afectan a las personas, como el crimen organizado, la violencia y la protección de las fronteras.
Este ministerio, compuesto por Carabineros, la PDI, Gendarmería, la Agencia Nacional de Inteligencia, gobiernos regionales y municipales, permitirá coordinar nuevas estrategias de seguridad, que hasta ahora han sido insuficientes en la práctica, bajo la Política Nacional de Seguridad Pública (PNSP). Sin embargo, junto con este ministerio, es urgente crear un marco legal que establezca directrices claras para los planes de seguridad y sus instrumentos respectivos. Este marco permitiría no solo una mayor eficacia, sino también avanzar gradualmente en su estructura orgánica para lograr una descentralización efectiva, llevando el ministerio a las regiones del país.
Este enfoque me recuerda a la creación, por parte del expresidente Eduardo Frei Montalva, de una institucionalidad dedicada exclusivamente a la planificación y a las viviendas sociales. En 1965, con la creación del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y a raíz de los desastres naturales como los terremotos, así como de las estrategias de planificación territorial de la época, se logró articular un plan ordenado para organizar el territorio. La coordinación interinstitucional durante la crisis fue tan eficaz que la gestión se percibió como un gran logro ministerial.
A lo largo de nuestra historia, hemos visto cómo los instrumentos de planificación creados bajo nuevos ministerios han tenido que actualizarse constantemente para abordar los desafíos del momento. Esta actualización ha sido crucial para mejorar las políticas públicas urbanas y rurales, y ampliar tanto el radio urbano como la participación ciudadana. En este sentido, la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública debería seguir el mismo camino: modernizar el Estado, enfocándose en áreas clave como la seguridad pública, el territorio y la seguridad humana.
Hoy, este ministerio debe posibilitar una mayor coordinación entre las policías, los gobiernos regionales y los municipios. Si bien existen los Consejos de Seguridad Pública, no es lo mismo realizar una coordinación estratégica interna respaldada por una ley que garantice el secreto de estos temas y futuros consejos, evitando que se conviertan en información pública. Esto es especialmente importante, considerando que los casos de corrupción o acuerdos entre actores poco éticos han expuesto estrategias de seguridad, particularmente en las coordinaciones entre agentes policiales y narcotraficantes.
Desde las regiones más alejadas de Santiago
La Región de Los Ríos, una de las más extensas en territorio rural, representa el 56,8% de su superficie. Esta realidad genera una brecha en la coordinación de seguridad, que se concentra en las zonas urbanas y deja desprotegidas las áreas rurales. La falta de una Política Nacional de Seguridad Rural es una grave omisión para enfrentar el delito y la violencia en las zonas más alejadas. Si bien los delitos ocurren en todo el territorio, el narcotráfico encuentra en estas zonas un terreno fértil para sus actividades ilícitas. Las rutas ocultas, la escasa presencia de cámaras de seguridad, la falta de patrullajes y la débil coordinación intercomunal están dejando una deuda pendiente en la seguridad pública.
La ausencia de medidas efectivas ante esta situación solo ha incrementado el poder de las organizaciones delictivas, al aprovechar la falta de control y fiscalización. Existen diversos factores que dificultan la mejora de las condiciones en los municipios y las regiones, como los presupuestos limitados de las direcciones de seguridad, la falta de personal especializado y un enfoque predominantemente preventivo centrado en el espacio público urbano. Sin embargo, estas medidas no han logrado reducir los puntos de calor del delito, que siguen expandiéndose hacia el territorio rural.
Fomentar la descentralización en materia de seguridad debe ser una prioridad, y debe ir de la mano con lo que permitirá el nuevo ministerio. Es necesario crear una Política Nacional de Seguridad Rural, aumentar la dotación de policías, restructurarlas, mejorar la infraestructura para las tenencias de carabinero, establecer policías de investigaciones en otras comunas, aumentar el presupuesto para regiones y municipios de forma equitativa, modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. De lo contrario, solo estaremos descongestionando el rol del gobierno central sin hacer efectiva la descentralización de los asuntos de seguridad pública. Para que la descentralización sea real, es necesario mejorar las estrategias a nivel municipal, regional y nacional. Solo con políticas coordinadas y un enfoque más efectivo podremos frenar el avance de la delincuencia y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
Ricardo Quintanilla Osses, Cientista Político Universidad Academia de Humanismo Cristiano, especialista en Ordenamiento Territorial y Seguridad Pública.
