El jueves 13 de agosto, a las 6:30 de la mañana, todas las plataformas digitales del gobierno de José Antonio Kast se activaron simultáneamente. La Operación Cancerbero había comenzado. Ciento noventa y un internos de alta peligrosidad eran trasladados al Complejo Penitenciario La Laguna de Talca mientras el Presidente, flanqueado por sus ministros de Seguridad, Justicia e Interior, encabezaba el operativo con la solemnidad de quien está protagonizando un hecho histórico. El video que el gobierno publicó en sus redes sociales tenía música de fondo. La banda elegida fue Rage Against the Machine. La canción, Bulls on Parade.
Para quienes no la conocen, Bulls on Parade es una de las canciones más explícitamente anticapitalistas y antibelicistas del repertorio de una banda que lleva treinta años denunciando el poder corporativo, la violencia institucional y los gobiernos que usan el miedo como herramienta de control, una banda que además ha declarado abiertamente su antifascismo en entrevistas, letras y actos concretos, desde donaciones a organizaciones de derechos civiles hasta apariciones en marchas contra el supremacismo blanco en Estados Unidos. Tom Morello, su guitarrista, tiene fama de destrozar públicamente a políticos conservadores que usan su música sin permiso, de modo que cabe preguntarse si alguien en La Moneda escuchó la letra antes de publicar el video, o si la escuchó y decidió que no importaba.
Pero Bulls on Parade no fue la única rareza de la banda sonora oficial. Otro de los videos del operativo usó Bye Bye Bye de NSYNC, la canción de ruptura amorosa que sonó en cada fiesta de fin de año de comienzos de los 2000. Un traslado de líderes de crimen organizado musicalizado con un hit adolescente de pop es la prueba más nítida de que, para este gobierno, la seguridad pública ya no es una política de Estado sino contenido, y el contenido necesita ser liviano y viral antes que serio.
Pero hay algo más grave que la elección musical. La Operación Cancerbero fue transmitida en directo, con el recorrido anunciado públicamente y las plataformas del gobierno describiendo en tiempo real el traslado de internos que incluía líderes de organizaciones de crimen organizado. Cualquier manual básico de seguridad penitenciaria establece que este tipo de operativos debe realizarse con confidencialidad absoluta sobre rutas, tiempos y medios, precisamente para evitar intentos de rescate, emboscadas o filtraciones a las propias organizaciones cuyos líderes estaban siendo trasladados. La pregunta que el gobierno no se hizo, y que tendría que haberse hecho antes de activar todas sus plataformas digitales al amanecer, es qué habría ocurrido si alguien al otro lado de la pantalla hubiera decidido actuar. El operativo montado para demostrar que el Estado controla la situación comprometió, en el mismo acto, los protocolos básicos que hacen posible ese control. La forma destruyó el fondo. La Operación Cancerbero fue presentada como un hito en la política de seguridad del gobierno, y el Presidente la calificó como "un día histórico" en que "comienza un cambio de mano importante". Lo que el gobierno prefirió no mencionar es que el Complejo Penitenciario La Laguna, la infraestructura sobre la que se montó el operativo y que fue descrita como la cárcel más moderna de Sudamérica, no es una obra de este gobierno. Es una concesión del Plan Maestro de Recintos Penitenciarios que terminó de construirse e inauguró durante la administración de Gabriel Boric, un proyecto que el gobierno anterior dejó en marcha y que este gobierno heredó sin haber presentado uno propio. Más aún, las publicaciones del gobierno en redes sociales presentan La Laguna como un logro propio, omitiendo deliberadamente su origen, generando en la opinión pública la impresión de que lo que otros construyeron durante años es obra de quienes llegaron a inaugurar el espectáculo. Kast protagonizó un hito histórico en una obra ajena, con música de una banda que lo repudiaría. La falta de sobriedad del momento habla por sí sola.
La ex ministra del Interior Carolina Tohá y el ex ministro de Seguridad Luis Cordero calificaron el operativo como un espectáculo "muy en el estilo de Bukele". La comparación no es casual ni inocente. Nayib Bukele ha convertido la seguridad en un género audiovisual, con internos uniformados, cabezas gachas y cámaras perfectamente posicionadas para el mayor impacto visual, un autoritario que descubrió que no hace falta abolir las elecciones si se controla todo lo demás. El problema de ese modelo, además de sus cuestionables implicancias en materia de derechos humanos, es que funciona como anestesia, genera la sensación de que algo está ocurriendo sin necesariamente resolver las causas estructurales que alimentan el crimen organizado.
Y mientras el miedo disminuye gracias al marketing, la realidad sigue acumulándose en los márgenes del operativo. Los municipios que son la primera línea de la seguridad comunitaria continúan operando con los recursos recortados por la megarreforma que este mismo gobierno impulsó. El proyecto de inteligencia financiera que permitiría seguir la ruta del dinero del narcotráfico sigue empantanado en Comisión Mixta. El Plan Maestro de Recintos Penitenciarios avanza sobre el legado del gobierno anterior. Y la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, con sus treinta proyectos de endurecimiento penal, todavía no responde la pregunta más básica: ¿con qué presupuesto se ejecuta todo eso, si el Estado que tendría que hacerlo lleva meses siendo desfinanciado por convicción ideológica?
La seguridad como política pública es silenciosa, técnica, territorial y de largo aliento. La seguridad como espectáculo es ruidosa, cinematográfica, centralizada y dura exactamente lo que dura el ciclo noticioso. Este gobierno ha apostado por la segunda, y lo ha hecho con una competencia publicitaria que nadie le discute. Lo que todavía no demuestra es que sepa gobernar sin cámaras encendidas.
Tomás Garay Pérez
Abogado
