Hemos experimentado incertidumbres que provienen de la vivencia de un movimiento que está sucediendo debajo de los niveles supranacionales e institucionales. Por un lado, la convivencia ha sido afectada porque entramos en un estado de emergencia, crisis o de caos de las rutinas que constituían la realidad. Ahora, habitantes de espacios poco habituales para lo que antes era lo acostumbrado, hemos improvisado, creado e hilvanado relaciones con artefactos para trascender los diferentes recintos y modos de confinamiento. Esta convivencia recuerda que nos acompañan viejos problemas como el desigual acceso a los servicios básicos y, por lo mismo, dibuja una cartografía del ejercicio de los derechos. La zona gris de incertidumbre es profunda cuando se sabe que la ciudadanía se aleja a expensas de la propia vulnerabilidad con: hacinamiento, cesantía y falta de elementos de aseo, también cuando se es migrante, se vive fuera de las capitales regionales o no se cuenta con agua por una sequía extendida.
La construcción acelerada de un problema social como el “COVID”, se ha hecho en medio de un tiempo constituyente desatado el 18 de octubre de 2019, el cual no ha estado y no está exento de silencios, tensiones y desencuentros, y en este transcurrir hemos sido testigo de acciones coordinadas para intervenir, detener o atenuar sus efectos lamentables y para incidir, mantener y desplegar los contenidos que deberían estar en la nueva constitución de la república de Chile.
En esas prácticas se ha observado que las organizaciones económicas con base territorial, nuevamente han ido construyendo un régimen de vitalidad que acompaña a las personas movilizadas de la revuelta popular, especialmente las que han sufrido la represión, y apoyan a las y los vecinos que han estado enfermos de COVID, viven las consecuencias del confinamiento y, como lo hicieron a fines del siglo pasado cuando las clasificábamos como Organizaciones Económicas Populares, muestran otros modelos de gestión de recursos que reivindican la soberanía económica en un escenario donde es evidente la ineficiencia del modelo supermercadista, el repliegue del agronegocio, el silencio de la responsabilidad social empresarial y la ausencia de políticas públicas.
Esta cotidianidad nos llama a brindar respuestas inmediatas a preguntas evidentes, ¿por qué la economía doméstica no es registrada y tiene la misma dedicación en la política económica, si sus formas de producción son las que ayudan a lograr el sustento?, ¿por qué continuar allanando ecosistemas que nos ofrecen escenarios con sucesivas pandemias, cuando hay sociedades latinoamericanas que tienen relaciones distintas con la naturaleza?, ¿por qué los gobiernos locales no establecen más alianzas con la economía familiar campesina, los huertos urbanos y las organizaciones de reciclaje, y así desalienta la reproducción de zona de sacrificio?, ¿nuestra cultura urbana continuará alentando el consumo rápido y lo desechable, o vamos a legitimar el consumo nutritivo y necesarios?, ¿vamos a continuar suponiendo que vivimos para trabajar en un sistema altamente desigual o giraremos hacia un equilibrio, donde el trabajo sea productivo y nos quede tiempo para escribir, dibujar o soñar la historia propia y la colectiva?
En los últimos diez años hemos pasado por varios trances, nos debatíamos entre los problemas y las soluciones individuales, por ejemplo. Ahora estamos en un tiempo constituyente que entrega documentos y así comprendemos que los problemas se resuelven de forma colectiva; y uno de esos problemas es brindar respuestas -todas las que sean posibles, agregaría- sobre lo que haremos con la matriz productiva chilena.
Antes de las votaciones de octubre de este año, el asunto podía plantearse de la siguiente manera, ¿vamos a mantener la monocultural económica o vamos a valorar y validar todas las formas de producción de bienes y servicios aun cuando algunas no estén basadas en relaciones monetarias y bancarizas o no sean propiamente intercambios entre mercancías? Luego de la victoria del apruebo, la mayoría ha decidido ir por la diversidad económica.
Entonces es pertinente conversar sobre lo que otras y otros hacen como prácticas productivas, distributivas y de consumos basadas en el trabajo, en relaciones de reciprocidad o de cooperación; y que construyen sectores de actividad donde las organizaciones orientan sus modos de producción según los intereses colectivos y usan los saberes locales en diálogo con los saberes exógenos y con la naturaleza.
Al mismo tiempo, ha llegado la hora de dialogar sobre la función subsidiaria del estado chileno, sobre su potencial papel en la promoción de la complementariedad, interdependencia y/o coexistencia entre las distintas economías.
Para contar con un ordenamiento constitucional mínimo, se debe asumir que junto a las economías pública estatal y privada con fines lucrativos y de acumulación de capital individual, existen otras formas que enriquecen la matriz productiva chilena. Estas son la economía social cooperativa, la economía autogestionada solidaria y la economía comunitaria ancestral e indígena. En resumen, el balance ofrece cinco modelos productivos que están en los diversos territorios.
Al cerrar estos argumentos advierto que el tiempo del soberano, que ha traído de vuela la política al estudio de las economías, nos conduce a superar la caricatura dibujada por la noción de “sector informal de la economía” o a considerar que no podemos seguir usando la expresión: “organización funcional territorial”, para inscribir en el Plan de Desarrollo Comunal, PLADECO, la representación del quehacer de las organizaciones social cooperativa, autogestionadas solidarias o comunitarias indígenas.
Las organizaciones económicas a las que nos referimos, desempeñan un papel importante en la transformación de la subjetividad y en la producción de recursos no convencionales, también lo hacen en la reproducción de circuitos de ciencia y tecnologías y en materia de políticas públicas. A continuación, solamente anunciaré aspectos de las dos primeras consecuencias. La primera contribución se observar cuando constatamos que estas organizaciones comprometen a sus integrantes hasta suspender sus capacidades de cálculo utilitario, y los orienta a recorrer una praxis espontánea, irreflexiva e inintencionada que reproduce el sentido de integración del mundo de vida. En esa obra colectiva hay exigencias del sentimiento de deber del compañerismo, la fraternidad y la cooperación.
A nivel local, esas organizaciones son oportunidades de inserción en el trabajo para las mujeres y hombres que han vivido la pobreza, la descampesinización y/o la desproletarización.
La segunda contribución se relaciona con los recursos de la acción colectiva que sostienen a las organizaciones que resuelven los problemas comunes. La novedad de estos recursos es que no están centrados en el capital, sino que en el trabajo, son abundantes y se renuevan gracias a su uso. Entre ellos: comensalidad, acumulación de valores, identidad, conciencia social, cultura organizativa y creatividad popular.
Finalmente, podemos señalar que las organizaciones de las economías solidarias y populares, cooperan con la realización de los Objetivos del Desarrollo Sostenible propuestos por las Naciones Unidas, porque contribuyen en reducir la pobreza, aumentan la igualdad de género, cuidan el agua, promueven la energía asequible y no contaminante, el crecimiento económico, la producción y el consumo responsable.
Nicolás Gómez Núñez, sociólogo.
