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Otro caso de bochornosa impunidad. Por Juan Pablo Cárdenas S.

El diario El Mercurio, como el principal vocero de la derecha y del gran empresariado chileno, dedicó sendos espacios para dar a conocer el fallecimiento de Sergio Fernández, considerado el más prominente civil al servicio de la dictadura de Augusto Pinochet. Esto es como su ministro del Trabajo, después como Contralor General de la República y, finalmente, en el papel de ministro del Interior y jefe del gabinete. La historia debe reconocerlo, así, como uno de los más abyectos colaboradores del régimen cívico militar que gobernó de facto por diez y siete años y violó sistemáticamente los derechos Humanos en este país.

Fernández fue imputado como autor y cómplice de episodios tan deleznables como la Operación Cóndor y la Villa Grimaldi, por lo cual el ministro de fuero Juan Guzmán Tapia pidió su desafuero, el que le sería negado por la Corte de Apelaciones de Santiago, en momentos en que se imponía todavía el influjo del pinochetismo sobre el Poder Judicial.

Se sabe que con la firma de Fernández fue posible la Ley de (auto) Amnistía que significara la impunidad sobre múltiples crímenes cometidos por la Dictadura, hasta que muy tardíamente los Tribunales accedieron a ponerle término a una arbitrariedad que insultaba el derecho internacional. De la misma forma en que existen cientos de decretos firmados por él mediante los cuales se confinó en campos de concentración y sometió a tortura a miles de presos políticos, según lo acreditara en su momento el prestigiado abogado Roberto Garretón. A lo que hay que sumarle otros testimonios que lo sindicaron, incluso, como observador de estos aberrantes procedimientos.

Justamente es en mérito de su obsecuencia que el Dictador lo nombró como senador designado, período durante el cual se empeñara en lavar su imagen e, incluso, atribuirse méritos como uno de los promotores de la restauración democrática. Su libro “Mi lucha por la Democracia” es, a no dudarlo, un descarado intento por procurarse impunidad hasta su muerte ocurrida la semana pasada, a sus 85 años de edad. Un esfuerzo editorial para deslindarse del Dictador y ser reconocido entre los civiles que, como él, han tenido la pretensión de que se les asuma como .políticos republicanos. Sujetos como Jaime Guzmán Errázuriz, el mismo Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, Sergio de Castro y otros que también burlaron la Justicia y, además, hasta lograron arribar a altísimos cargos públicos durante nuestra curiosa y bochornosa posdictadura.

Es indiscutible que la habilidad y el oportunismo de civiles como Sergio Fernández explican la impunidad de este y otros cómplices activos y pasivos de la Dictadura. En su capacidad de encantar, por supuesto, a las nuevas autoridades de la Concertación, de la Nueva Mayoría y sectores de la propia Izquierda que “por razones de estado”, repugnante pragmatismo y desidia han abandonado sus promesas de justicia. Al grado que hoy muchos de estos son los que le imputan a los que fueron víctimas de la represión ser los responsables actualmente de la violencia que estremece al país. Reintentando, como en 1973, alentar la acción de los militares y justificar los desenfrenos policiales para hacer frente a los propios trabajadores que concurren a La Moneda a plantear sus vindicaciones. Así como en contra de las poblaciones levantadas por los cientos de miles indigentes “sin casa” a lo largo de todo el país. Al mismo tiempo que el conjunto de la clase política inicia sus cabildeos parlamentarios para salvar de la quiebra a las fraudulentas APPs e isapres, involucrándose en episodios de corrupción tanto o más deplorables que los ejercidos por los militares y civiles que los antecedieron en el poder.

Negándose, unos y otros, a asumir los costos de la impunidad que en todo orden de despropósitos provocan nuevos trastornos a la paz de la nación y llegan a afectar la credibilidad ciudadana en la propia democracia. Incurriendo, además, en la desvergüenza de ofrecerle postreros homenajes a un sujeto como Sergio Fernández que con mucha más razón que otros debió ser condenado a perpetuidad por su grave responsabilidad en todo lo ocurrido. Cuando se trata de un abogado golpista desde la primera hora del Golpe Militar de 1973, que nunca manifestó arrepentimiento ni propósito de enmienda. Negándose a colaborar con los propósitos de verdad, justicia y reparación.

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