Esta semana, la ministra de Salud May Chomali expuso ante la Comisión de Salud del Senado que en Chile hay mil pacientes sociosanitarios hospitalizados, equivalentes a “dos hospitales completos”. Los calificó de “sobregasto” y anunció medidas para identificar familias que cobran la pensión o la PGU de un familiar abandonado mientras este sigue ocupando una cama hospitalaria. Los titulares no tardaron. Las redes tampoco.
Lo que vi en esos comentarios me dolió de una manera particular: la sorpresa. Como si esto fuera nuevo.
En 2016 integré el equipo técnico del primer estudio sociosanitario realizado por el Ministerio de Salud, liderado por la trabajadora social Claudia Figueroa, de DIGERA. Fue un trabajo interno que, si bien tuvo resultados y sistematización, no se publicó abiertamente. Ya en ese momento teníamos datos, teníamos categorías, teníamos un diagnóstico claro de que el sistema hospitalario estaba absorbiendo una brecha que no le correspondía. Lo que no teníamos era urgencia política. Han pasado diez años. El problema no desapareció: se profundizó, y hoy todos hablan.
Un paciente sociosanitario no es simplemente alguien que no tiene familia o que tiene una familia que no quiere hacerse cargo. Es una persona en condición de bloqueo de egreso: médicamente está en condiciones de ser dada de alta, pero no existe fuera del hospital un dispositivo, una red o un recurso institucional que pueda recibirla. La distinción es técnica y es relevante, porque define de quién es el problema y, por tanto, quién debe resolverlo.
Lo que me preocupa del encuadre de esta semana es que reduce una falla estructural compleja a una historia de mala voluntad individual. El abuso patrimonial existe. En los hospitales públicos del país se judicializa en el marco de la ley N° 20.066 de violencia intrafamiliar, se elaboran informes sociales, se coordinan suspensiones de pensiones a familiares que abandonan a un paciente mientras cobran sus beneficios. Ese mecanismo existe y funciona. Pero sería un grave error concluir que la mayoría de esos mil pacientes está ahí porque su familia decidió abandonarlos por abusar de pensiones de $200.000. La mayoría está ahí porque no existe, en ningún lugar del sistema, un dispositivo estatal que pueda recibirlos en casos donde sus familias los abandonan o no puedan asumir cuidados por sobrecarga.
Y aquí es donde el debate público falla sistemáticamente: habla de pacientes sociosanitarios como si fueran, todos, personas mayores. No lo son. El perfil es radicalmente más heterogéneo. Hay personas jóvenes con patología de salud mental o discapacidad cognitiva severa, con alta médica posible y sin ningún destino disponible. Las derivaciones a SENADIS son rechazadas. Los hogares protegidos no existen para ese perfil. El hospital no puede dar el alta sin que haya un receptor, y el receptor nunca llega.
Hay también niños, niñas, adolescentes y recién nacidos. Bajo medidas cautelares decretadas por el Tribunal de Familia, permanecen hospitalizados, clínicamente recuperados, porque el Servicio de Protección Especializada no tiene cupos. En neonatología, más de la mitad de las hospitalizaciones prolongadas en algunos establecimientos no responden a causas clínicas: son recién nacidos que ya podrían irse, pero no tienen adónde ir. El hospital actúa, de facto, como dispositivo transitorio de protección social. Ese no es su rol. Y ese rol no tiene financiamiento, no tiene norma técnica, y no tiene reconocimiento.
Esto último es lo que el debate de esta semana tampoco ha dicho: quienes mayormente sostienen esta carga son los equipos de trabajo social y psicología de los hospitales públicos. Profesionales que evalúan el riesgo social desde el ingreso en servicios de urgencia, que gestionan casos de alta complejidad en paralelo con sus funciones habituales, que articulan con tribunales, municipios, OLN, SENADIS, SENAMA y el Servicio de Protección Especializada, que levantan informes “periciales” y comparecen en causas judiciales. Todo eso sin que exista una orientación técnica que lo exija, sin dotación que lo reconozca, sin financiamiento que lo sostenga.
El trabajo social hospitalario hace mucho tiempo dejó de ser un rol administrativo de apoyo al alta. Es un ejercicio clínico experto: requiere diagnóstico social, evaluación de riesgo, intervención en crisis, coordinación intersectorial, pericia jurídica. Pero el sistema sanitario chileno sigue sin reconocer esa dimensión clínica formalmente. No hay indicadores estandarizados para medir esta carga. No hay cargos creados en función de ella. No hay carrera funcionaria que la valore. Lo que hay son profesionales que sostienen una función estructural del sistema con recursos propios, vocación y una agenda que siempre desborda - y que dentro de esa misma agenda desbordada deben sostener, además, la coordinación intersectorial.
Esa coordinación, que en el papel parece la solución obvia, en la práctica recae casi siempre en el nivel técnico más cercano al paciente: la trabajadora social del hospital. Ella llama al municipio, sigue el caso en el tribunal, oficia al SPE, insiste con SENADIS, busca la residencia que no existe. No está protocolizada a nivel nacional, no tiene tiempos de respuesta comprometidos desde los otros sectores, y no cuenta con instancias formales que obliguen a los actores a sentarse a resolver juntos. Cada caso es una negociación nueva, muchas veces desde la asimetría de quien pide un cupo que nadie tiene.
No escribo esto para minimizar lo que dijo la ministra. Escribo para complejizarlo.
Hay algo más que este debate no ha preguntado y que me parece urgente instalar: ¿qué está pasando en los hospitales que hoy dicen no tener casos sociosanitarios? Porque estos pacientes existen en todo el ciclo vital, en todo el territorio, en toda la red pública. La ausencia de registro o compra de servicios privados no es ausencia de problema: es ausencia de visibilidad. Y cuando no se nombran, no se financian, no se dotan, no se intervienen.
La pregunta que hay que hacerse es si estamos comprando soluciones privadas para casos que el sistema público no quiere ver. Si estamos externalizando a fundaciones, a clínicas, a residencias privadas, lo que debería ser política pública. Tercerizar no es resolver: es desplazar el problema hacia donde el Estado no tiene que rendir cuentas por él. Y mientras eso ocurre, los hospitales que sí registran, que sí intervienen, que sí documentan, cargan solos con una realidad que es de todos.
Si la respuesta que emerge de esta coyuntura es solo perseguir a las familias que cobran pensiones, habremos utilizado un momento político valioso para instalar una solución parcial frente a un problema que es, en su núcleo, una falla de política pública intersectorial. Necesitamos cupos reales en ELEAM y residencias para perfiles de alta complejidad. Necesitamos dispositivos comunitarios para personas menores de 50 años con patología de salud mental o discapacidad cognitiva severa. Necesitamos que el Servicio de Protección Especializada tenga capacidad efectiva para recibir a los niños, niñas, adolescentes y lactantes que el tribunal le ha encomendado proteger. Necesitamos una norma técnica que reconozca el trabajo social clínico en hospitales y le asigne la dotación que requiere.
Necesitamos, sobre todo, que esto deje de ser solo un problema de Salud.
Hay algo que los datos de hoy permiten ver con claridad y que el debate público todavía no ha nombrado: los casos del mañana ya están en el sistema hoy. No son abstractos ni imprevisibles. Son el niño o niña que hoy cursa una hospitalización en psiquiatría con una familia que no sostiene y sin dispositivos de continuidad. Son un adulto joven con consumo problemático y sin vivienda que llega a urgencias por tercera vez en dos semanas y es dado de alta hacia la misma situación que lo trajo - a la calle. Son la mujer de 70 años que lleva años cuidando sola a un familiar dependiente y que un día enferma, y el sistema descubre que hay dos personas en situación de vulnerabilidad donde solo había registrada una. Son la persona mayor que vive sola con un deterioro cognitivo que nadie en la APS ha evaluado todavía, esperando que una caída o una descompensación la traiga al hospital sin red, sin diagnóstico y sin historia social conocida. Son el adolescente que llega desde la residencia del SPE por desregulación emocional, sin tutor y cuando cumpla 18 años quedará en situación calle con múltiples factores de riesgo.
La lógica del sistema es reactiva: espera a que el problema llegue al hospital para comenzar a intervenir. Esa lógica es precisamente la que produce los bloqueos de egreso que hoy lamentamos. Intervenir antes, en la red primaria y comunitaria, no es un lujo ni una aspiración abstracta: es la única forma de no seguir pagando el costo de no haberlo hecho. Y ese trabajo preventivo, que también es trabajo sociosanitario, tampoco tiene norma, tampoco tiene dotación, y tampoco aparece en ningún titular.
Lo decíamos en 2016 en ese estudio que no se publicó. Lo seguimos diciendo desde entonces, en informes, en mesas técnicas, en reuniones que muchas veces no tuvieron continuidad. El hospital no puede resolver sólo lo que pertenece a tres sistemas. La respuesta eficaz requiere coordinación real entre salud, poder judicial y desarrollo social, con compromisos concretos y plazos definidos desde cada sector. Y requiere que el Estado reconozca, de una vez, que quienes sostienen esa articulación en el día a día no pueden seguir haciéndolo sin recursos, sin respaldo normativo y sin que nadie los nombre.
Ojalá esta vez quien escuchó, levantó y visibilizó, intervenga de manera integral.
