Hay una operación que la oligarquía chilena ha perfeccionado durante dos siglos y que el momento actual vuelve a poner en escena con una transparencia casi obscena: la conversión del sufrimiento ajeno en dispositivo de orden. No el orden como mera regulación técnica de los cuerpos, pues eso sería demasiado pobre, demasiado administrativo para la ambición que aquí se juega, sino el orden como goce, como placer extraído de la reducción del otro a superficie disponible para la inscripción del mando. Cuando el precio del litro de bencina sube a $370 y el diésel a $580, lo que circula no es solamente una señal de mercado ni una variable de ajuste fiscal: circula una sintaxis, una gramática del poder que escribe, en el cuerpo que calcula si puede moverse, la lección más antigua del dominio oligárquico chileno: quien se mueve, paga; quien pagó con revuelta, paga doble.
La figura de Portales retorna aquí no como estadista, sino como teórico del pánico: alguien que supo que el poder no se ejerce únicamente sobre los cuerpos que resisten, sino sobre los que aún no han decidido si resistir. El «peso de la noche» no es una metáfora: es una tecnología de gobierno. No aplasta; seduce. No solo disciplina cuerpos, los habitúa a doblar la cerviz y llamar orden a su propia servidumbre. Lo perverso no es que la crueldad exista, pues eso sería esperable de cualquier régimen de dominación, sino que el dominado termine nombrando esa crueldad con las palabras del dominador: estabilidad, responsabilidad fiscal, «emergencia». El núcleo perverso de la «emergencia» es exactamente ese: la crisis producida desde arriba se experimenta como desastre que viene desde afuera, y el decreto que la administra se vive como salvación.
Lo que está ocurriendo en el Chile que todavía no ha aprendido a contar sus propias traiciones, sería el desbande sádico de una oligarquía furiosa que ha fallado temporalmente en su teoría del pánico. Octubre de 2019 fue, entre otras cosas, el momento en que el cuerpo-transporte, obrero, precario, insubordinado, acostumbrado a calcular hasta el último peso de la tarifa, dejó de cumplir su función en el dispositivo de control. El cuerpo que debía moverse silenciosamente entre la periferia y el centro, que debía pagar sin chistar el costo de su propia movilidad, se detuvo. Y al detenerse reveló algo que el orden simbólico oligárquico no puede tolerar sin respuesta: que su arquitectura entera descansa sobre la disposición de ese cuerpo a seguir moviéndose, a seguir pagando, a seguir llegando puntual a producir la riqueza que otros acumulan. El estallido no fue solo político; fue también, en su dimensión más material, una huelga del movimiento.
El decreto sobre los combustibles opera entonces como respuesta retardada, como pedagogía punitiva que llega cuando la revuelta ha cedido en su intensidad superficial pero permanece como memoria inscrita en el cuerpo social. La crueldad del precio no necesita ser percibida como castigo para funcionar como tal: basta con que opere, semana a semana, como recordatorio de que moverse cuesta, de que el espacio no es libre, de que la ciudad es un territorio donde la circulación tiene un precio que no todos pueden pagar del mismo modo. La guerra en Oriente Medio oficia de coartada retórica (el mercado internacional, las cadenas de suministro, la volatilidad inevitable), porque el verdadero campo de batalla es el cuerpo insumiso al que el precio le recuerda, con la regularidad de lo que no necesita justificarse, que su movilidad es concesión y no derecho.
Pero el sadismo oligárquico, y aquí está su sofisticación, aquello que lo distingue de la brutalidad simple, no opera solo con el garrote. Necesita también el bizcocuelo. El pasaje congelado, los cien mil pesos al taxista, la parafina subsidiada: pequeñas mercedes administradas desde arriba que no contradicen la crueldad sino que la completan, que la visten de benevolencia y hacen del castigado un agradecido. Es en esa estructura donde aparece con toda su fuerza lo que el psicoanálisis lacaniano nombra como plus de goce: el «jouissance» del Amo no proviene únicamente del sufrimiento del otro sino de la conversión de ese sufrimiento en dependencia, de la extracción de gratitud a quien acaba de ser golpeado con la mano que ahora se extiende para ofrecer el subsidio. El súbdito que agradece la parafina no ha olvidado el precio del diésel: ha aprendido a separar las dos manos del mismo cuerpo oligárquico, a tratar la que golpea y la que da como si fueran dos actores distintos del drama social. Esa separación es el efecto ideológico más profundo del dispositivo punitivo-benevolente: hace que la crítica al golpe no se extienda naturalmente hacia quien lo administra, porque quien lo administra es también quien, en el mismo gesto, ofrece el alivio.
La oligarquía chilena es, en este sentido, una oligarquía ludópata: juega con la «emergencia» como quien juega con una carta que puede ser triunfo o descarte según la mano que se juegue. Inviste a Portales porque el ministro teorizó antes que nadie la alternancia calculada entre el palo y la zanahoria, entre el estado de excepción que amenaza y la normalidad que regresa justo cuando el cuerpo estaba a punto de resistir. Pero es un Portales deshistorizado, incapaz de leer la novedad de lo que enfrentan: porque octubre no fue solo otra revuelta de rotos que el precio puede volver a domesticar. Fue la irrupción de una subjetividad que había calculado el precio y decidido que no iba a pagarlo más. Esa decisión no se borra con el decreto. Se sedimenta.
El diésel no sube solo sobre el asfalto: sube sobre el cuerpo que ya no puede costear la ruta entre la periferia y el mercado formal. Y es allí, en ese punto de quiebre donde la política pública declara su ausencia, donde el territorio responde con lo que no figura en ningún programa ministerial: la recombinación de saberes desplazados en nuevas configuraciones de subsistencia. No el rescate desde arriba sino la adaptación desde adentro. El conductor de DiDi que organiza una cooperativa digital, el feriante que migra su puesto al WhatsApp, el cuidador comunitario que teje red con el consultorio público: ninguno de estos gestos es el resultado de una política diseñada; son respuestas a su ausencia, formas que el trabajo precario encuentra para seguir existiendo cuando el Estado ha decidido no verlo. El territorio no espera a la política: la anticipa, la rodea, se mueve antes de que ella llegue a nombrarlo. La supresión de programas de capacitación, el silencio administrativo sobre los conductores de aplicación, el recorte sostenido sobre la micro y pequeña empresa: estos vectores no empujan hacia la innovación sino hacia el desempleo activo, hacia una subsistencia que ya era precaria antes del decreto y que el decreto vuelve insostenible. Lo que la oligarquía llama «adaptación» es, mirado desde el margen, el nombre elegante de una imposición: la obligación de innovar sin recursos, de ser flexible sin red, de sobrevivir sin que la supervivencia cuente como política.
La uberización es también, y quizá ante todo, una operación sobre los signos: recodifica el trabajo como servicio, la explotación como autonomía, la precariedad como emprendimiento. Pero nombrarla solo desde la hegemonía neoliberal, recurrir al habitus como llave maestra, es aferrarse a una gramática del siglo XX para descifrar un capitalismo que ya no necesita hegemonía porque opera más acá de ella, en la indiferencia activa de las plataformas ante cualquier proyecto político que pretenda conducirlas. Las nuevas formas del capital, sus redes digitales, sus aceleraciones, sus individualizaciones, sus precarizaciones generativas, no obedecen a ningún gobierno ni a ninguna ideología: se despliegan con igual fluidez en China, en Estados Unidos y en Chile, cada vez con sus propias modalidades subterráneas de captura y de fuga. Este capitalismo de plataforma no ignora la deconstrucción; la absorbe. Se deja leer, admite la crítica, tolera el gesto desestabilizador y continúa operando, porque su lógica no es la del sentido que se impone sino la de la red que se expande sin centro que atacar. La ironía más profunda no está en el decreto ni en el algoritmo: está en que las herramientas críticas que aprendimos a usar contra la modernidad sólida resultan porosas frente a una modernidad que ya aprendió a reírse de quienes la deconstruyen.
Y sin embargo, la pregunta por las herramientas no suspende la urgencia de nombrar lo que opera. Que la crítica sea porosa no la vuelve prescindible: la vuelve más necesaria, precisamente porque el poder que se analiza ha aprendido a sobrevivir a sus propios diagnósticos. Lo que la oligarquía llama «carácter», la virtud que invoca para oponer al desorden de los cuerpos que se niegan a quedarse en su lugar, es exactamente lo que en los dominados nombra como «insolencia». El «carácter» del orden es el de quien manda; la insolencia del desorden, el de quien ha dejado de reconocer en el mandato ajeno la forma natural de su propia vida. «Palomear rotos»: la expresión condensa, en su brutalidad coloquial, toda la economía libidinal del dominio oligárquico chileno. No es solo desprecio; es goce. No es solo violencia; es placer extraído de la reducción del otro a presa disponible. Si el decreto escribe esa pedagogía en el cuerpo que calcula si puede moverse, la plataforma digital la inscribe en el cuerpo que ya se movió y descubrió que el desplazamiento no le pertenece: la uberización masificada no es el horizonte del proceso sino su piso, y lo que lo supera es la fusión entre el precio administrativo y el algoritmo punitivo, entre la tarifa estatal y la calificación de cinco estrellas, dos sintaxis del control articuladas sobre el mismo cuerpo precario sin que ninguna deba dar explicaciones.
Y mientras ese goce siga circulando sin nombre que lo designe con precisión, mientras la crítica lo trate como exceso pasional y no como estructura, el decreto sobre los combustibles seguirá escribiendo su lección en el único lugar donde el poder oligárquico siempre ha sabido que la marca queda inscrita: el cuerpo que calcula, que duda, que finalmente paga.
Dr. Mauro Salazar.
Ufro/Spienza
