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Participación electoral, la autoconvocatoria al proceso constitucional. Por Hernán García Moresco y José Orellana Yáñez

En estos días previos al proceso electoral del 7 de mayo 2023, es posible decir, que existirían 3 puntos de evaluación del mismo: a.- número de votos o ponderación de los mismo, b.- número de constitucionales electos por sector y c.- quórum. Lo que implicaba, cual partido de fútbol, ganar o perder 3-0, o bien, 2-1. Siendo el punto más complejo, para quienes tienen por objeto una nueva constitución, el quórum y dejando al grado de participación, la presencia o ausencia de pueblos originarios.

Pues punto a parte, es la complejidad de la metodología de elegibilidad la que lleva a las candidaturas de pueblos originarios (PO) a un estatus de circunscripción nacional, para cuyo proceso de elección se estableció un primer corte de 1,5% de votos de PO, válidamente emitidos en la totalidad de las 16 circunscripciones. Lo que permitirá ser elegido/a al/la más votado/a, a nivel nacional. Un segundo corte se establecía al 3,5% de los votos de los PO válidamente emitidos, para elegir las dos primeras mayorías, considerando paridad de género, pudiendo aumentar un escaño, por cada vez que el porcentaje de 3,5% aumente en 2 puntos porcentuales. La proyección indica que contaría con un par de representantes.

Los datos públicos existentes, indican que el grado de participación nacional general, podría ayudar o perjudicar la representación de los PO, pues la participación está proyectada en un rango en torno al 75% (+/-3%). Esto vincula una disminución proporcional en la votación de PO llegando a un 4% de convocatoria, respecto del total nacional.

Luego, en orden a la participación general, más allá de la proyección estadística, la realidad social está más distante del proceso, con campañas deslucidas, distantes y una reciente denuncia de un par de candidaturas mal inscritas en el PDG y PRepublicano. Esto, además, vinculado a un desinterés generalizado, relacionado con aspectos como la no aplicación de multas a los electores que no participaron el 4 de septiembre. Además, de un ambiente social cargado por temáticas que se han extendido en el tiempo, pero que responden a contingencia como la migración, delincuencia, pensiones y hace pocos días la condonación del CAE. Temáticas que se ha buscado relacionar con el gobierno nacional del presente y el proceso constitucional que es de futuro, de forma tal que esto instale una desazón en las filas oficialistas y sus simpatizantes. Pero los datos indican que el 38% del Apruebo (4-sept), se mantiene en la aprobación al gobierno, que las encuestas publican. Nada más alejado de la realidad, pensar que el proceso constitucional que se proyecta a 30 o más años, sea relacionado con la aprobación al gobierno del presente, si así fuera sería tan válido escrutar una baja como un alza por sobre el 38%.

Para decirlo en sencillo, la autoconvocatoria que la ciudadanía pudiera materializar en una participación adecuada (debido a campañas electorales débiles) y que diera como resultado que el oficialismo en sus dos listas lograra posicionar más de 20 Consejeros/as con una votación de ambas listas cercana al 40%, debería ser catalogado, como una meta alcanzada, generando la concentración en el nuevo texto constitucional.

Conviene indicar que hay un nuevo escenario social y político, que amerita revisarse, buscando la consolidación de la forma de elegir representantes y toma de decisiones. Por ejemplo, hasta ahora se vota para elegir y no para descartar (revocatorias). Solo en estos últimos años, se ha sumado la posibilidad de ser parte en la toma de decisiones (plebiscito) de temas nacionales, pero no ha sido la regla. Se suma la cuestión de la paridad, que, en el proceso constitucional pasado, obligó bajar a una electa Convencional, reforzando la ‘idea-práctica’ de que las mujeres despiertan interés para ser votadas, traduciendo ello, en una elegibilidad mayor y ejerciendo una adecuada representación política.

Elegir una autoridad en el presente, es una delegación ciudadana-partidista a un/a “mandataria/o”, sin el menor control ciudadano posterior (institucionalmente, existen, como es la Justicia Electoral, pero sin efectos revocatorios ciudadanos). En una sociedad capaz de realizar transacciones electrónicas y sensibilizada con la Inteligencia Artificial, sería posible evaluar en el transcurso de su mandato su quehacer y las tareas comprometidas en su ejercicio representativo. Un lamentable ejemplo, que explica lo anterior (entre varios más), aún presente en el consciente colectivo, es el del ex convencional Rodrigo Rojas Vaden, su destitución demoró y acrecentó la herida-rabia en el marco del proceso constitucional pasado y su proyección en otros procesos electorales.

Un nuevo modelo electoral proveniente desde el Consejo Constitucional debería considerar un proceso revocatorio, pero también reglas de representatividad. A nuestro entender, toda agrupación partidista por sobre el 5% de apoyo en la última elección de la cámara de diputada/os, debería tener representación en el Congreso. Por ello, un/a representante que deja una agrupación, debería perder su escaño, pues en la campaña buscó representar ideas y principios relacionados con la agrupación, votando la/os electores por él/ella y, por el colectivo, al que representa (principio de la teoría democrática representativa). Así, el sistema electoral debería dar paso, de forma natural, a la siguiente persona no electa, para que sea reemplazado/a cautelando la representación política-territorial, sin perjuicio del ajuste logrado, así quienes quieran deserta o cambiar de agrupación, entenderán desde el inicio que no es posible, pues implica la pérdida para el colectivo (esto también, debió ser válido para este proceso constitucional, pues nada asegura que alguno de los futuros consejera/os pueda presentar objeciones).

Otro aspecto es el dinamismo de encuestas, las que circulan con sendos mensajes de confidencialidad o privacidad vulnerando normas, pero, además, que, lamentablemente se distancian de los resultados finales, ya sea por que la ciudadanía encuestada no responde verazmente o, por la alta tasa de rechazo que éstas tienen. Dejando todo a la especulación, más que a la ciencia estadística o al análisis de datos, donde la/os electores cada día son más autónomos para participar de un Proceso Constitucional, o cualquier otro proceso electoral, logrando visualizar que son los verdaderos actores de cambio y su voto, tiene un efecto sobre la/os representantes.

Hernán García Moresco profesor de la Universidad Academia Humanismo Cristiano. Magister© Ingeniería Informática USACH. Diplomado en Big Data Universidad Católica. Diplomado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Universidad de Chile. Licenciado en Educación en Matemática y Computación USACH

José Orellana Yáñez, Doctor en Estudios Americanos Instituto IDEA-USACH, Magister en Ciencia Política de la Universidad de Chile, Geógrafo y Licenciado en Geografía por la PUC de Chile. Académico de la Carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Academia Humanismo Cristiano

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