La Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento entregó su esperado informe sobre el conflicto entre el Estado de Chile y la nación Mapuche que buscó abordar una deuda histórica: el despojo territorial, cultural y político del pueblo mapuche, que hasta hoy sigue siendo una herida abierta en el sur del país. El informe representa un hito por su carácter transversal, participativo y por su diagnóstico sólido respecto a las múltiples capas del conflicto. Sin embargo, es necesario problematizar algunos silencios, limitaciones y omisiones que este documento reproduce, incluso desde una narrativa “bien intencionada".
En primer lugar, se valora que el informe reconozca que el origen del conflicto es histórico, estructural y no simplemente un problema de "orden público" como lo ha querido presentar gran parte del debate político. El documento afirma que la expansión territorial del Estado chileno en el siglo XIX implicó una pérdida violenta del territorio ancestral Mapuche, lo que ha desencadenado hasta hoy una serie de reivindicaciones por restitución territorial y autonomía política. Esta afirmación, sin embargo, debe llevarnos a una reflexión más profunda: ¿cómo se puede hablar de paz y entendimiento si no se plantea una estrategia certera de restitución directa de tierras, más allá del fallido mecanismo de compra por parte del Estado?
Actualmente, las cifras son elocuentes. A más de 30 años de la Ley Indígena, la brecha entre la demanda territorial mapuche y las tierras efectivamente adquiridas es abismal. Con los recursos y mecanismos actuales, el Estado demoraría hasta 162 años en cerrar esa deuda, una cifra que en sí misma representa un fracaso institucional. El informe lo reconoce, pero no ofrece soluciones estructurales como la restitución legal de tierras mediante expropiación o la recuperación de predios fiscales. En cambio, se sigue apostando por “fortalecer los mecanismos de restitución” que, actualmente responden a la lógica del mercado: comprar tierras a privados dispuestos a vender, perpetuando la especulación inmobiliaria, la violencia y el desgaste institucional. La novedad: una nueva agencia y sistema de finaciamiento.
Desde la perspectiva de los derechos humanos y los estándares internacionales, esto es problemático. El derecho a la tierra no puede ser relativizado por condiciones presupuestarias. Según el Convenio 169 de la OIT , que Chile ratificó en 2008, el Estado tiene el deber de adoptar medidas para devolver tierras tradicionalmente ocupadas por pueblos originarios. Este marco jurídico, aunque citado por la Comisión, parece quedar subordinado a criterios de factibilidad técnica y política, limitandose a proponer un nuevo sistema de tierras que armonice la Ley Indígena con el Convenio 169.
Por otra parte, un aspecto crucial del informe es el reconocimiento a las formas propias de organización mapuche, como los Lof, Rewe o autoridades tradicionales.
El documento es claro al señalar que el modelo de "comunidad indígena" impuesto por la Ley 19.253 ha desnaturalizado el tejido sociopolítico mapuche, generando división interna y debilitamiento de la gobernanza ancestral. Asimismo, delega en una ley, la forma de participación en los órganos políticos del Estado.
Lo anterior representa un avance importante, pero nuevamente surgen dudas sobre cómo se traducirá esto en la práctica. Al respecto, Pairican (2021) advierte que el reconocimiento jurídico impuesto por el Estado ha tenido un efecto fragmentador: “La comunidad indígena [...] surge como forma de administración estatal de los indígenas, no desde su propia concepción organizativa”. Por tanto, ¿Se legislará efectivamente para reconocer el derecho a la autonomía y autogobierno Mapuche? ¿Se establecerán mecanismos vinculantes de consulta, o seguiremos con procesos meramente formales? ¿Cuántos y en que niveles de representación serán considerados escaños o cuotas reservadas?
En esta línea, la propuesta de crear una nueva institucionalidad de alto nivel que coordine la política indígena también es un paso positivo. No obstante, sin autonomía real, recursos suficientes y participación vinculante de los pueblos, puede convertirse en otro órgano decorativo, como lo ha sido CONADI en muchas ocasiones. Como señala Marimán (2006), la autonomía indígena implica "el ejercicio práctico del control sobre los territorios, los recursos y las formas de gobierno propias". En este sentido, la experiencia indica que más que instituciones nuevas, se necesita una transformación del poder y la toma de decisiones en función de la autodeterminación y la plurinacionalidad.
Sobre la reparación a las víctimas del conflicto, el informe adopta un enfoque que equipara las violencias, poniendo en el mismo nivel a víctimas mapuche y no mapuche. Esto, si bien responde a una lógica conciliadora, diluye la especificidad del daño histórico ejercido por el Estado chileno hacia la nación Mapuche. La reparación debe ser diferencial, contextual y basada en el principio de justicia histórica. No basta con políticas de subsidio o asistencia: se requiere verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, con participación directa de las comunidades afectadas. Como advierte Antileo (2015): “los pueblos indígenas tienen derecho a una reparación integral por las violaciones sistemáticas de sus derechos colectivos, que incluya, entre otros, la restitución territorial”.
El informe también identifica correctamente que la pobreza y el rezago económico en las regiones del sur no son causas del conflicto, sino consecuencias de un modelo extractivista que ha beneficiado a grandes empresas forestales a costa del territorio mapuche. Este informe puede ser una base de trabajo, pero no una hoja de ruta definitiva. En atención que, este proceso ignora a los y las mapuche desplazados de forma forzada hacia grandes urbes y territorios más allá de las regiones del Biobío a Los Lagos, dónde constituyen, por ejemplo, la mayoría en la Región Metropolitana o más de una cuarta y quinta parte de los y las habitantes de las regiones de Aysén y Magallanes respectivamente.
Por tanto, si el Estado de Chile quiere reconstruir su relación con la nación Mapuche, debe estar dispuesto a devolver tierras, reconocer derechos colectivos y abrir paso a una verdadera plurinacionalidad. Anteriormente, el Informe de Sistematización de Recomendaciones al Estado de Chile (2023) destacó que “sin resolver el tema de los territorios, no podremos avanzar en el camino de cerrar las heridas del pasado” (Gobierno de Chile, 2023). Es decir, cualquier otra solución será solo “parche”, y no reparación, demasiado lejos de una ansiada y pretendida paz, puesto que sin justicia territorial, sin redistribución del poder, sin memoria histórica, hablar de paz es simplemente prematuro.
