Cuando hablamos del pentecostalismo en Chile, especialmente en su expresión en sectores populares, casi siempre lo hacemos desde la historia o desde los testimonios milagrosos: que Dios cambió una vida, sanó una enfermedad o restauró un matrimonio. Pero hay otra dimensión menos visible: la reinserción social que, en muchas congregaciones de población, se convierte en una realidad cotidiana. Allí conviven personas con pasados difíciles, que han encontrado un espacio de acogida.
No son pocos los comentarios que circulan en la opinión pública: que las iglesias pentecostales “se llenan de caneros”, que son refugio de ignorantes o desesperados. Pero conviene hacerse otra pregunta: ¿el problema está realmente en esos hombres y mujeres que buscan rehacer su vida en la fe, o en un sistema estatal que, aun con programas de apoyo, nunca ha logrado dar abasto ni ofrecer oportunidades integrales de reinserción?
Como advierte Antonella Oberti, abogada y directora de Incidencia de la Red Acción Carcelaria, en una columna publicada en BioBioChile, el sistema penitenciario chileno enfrenta un récord histórico de población privada de libertad, lo que refleja las graves limitaciones del Estado para acompañar una salida digna y sostenible. Y es justamente en ese vacío donde la fe pentecostal aparece como resistencia: no sustituye al Estado, ni cuenta siempre con las herramientas técnicas necesarias, pero aun así ofrece comunidad, esperanza y una segunda oportunidad allí donde las políticas públicas no alcanzan.
En barrios donde las instituciones no llegan, hay congregaciones que resisten, cuidando que aquel que salió de la cárcel no vuelva a perderse. En cada culto, en cada abrazo, en cada “Dios cree en ti”, hay un acto de resistencia contra el destino escrito de la reincidencia.
Muchas de las personas que levantan casas-templo no siempre tienen una educación formal, pero poseen un profundo sentido de comunidad. Con frecuencia transforman sus propias viviendas en espacios de culto, donde otros van a buscar a Dios y sentirse considerados. Allí no se exige un currículum: basta con “arrepentirse de la mala vida” y decidir “dejar la vieja persona en el pasado”.
Como recuerda el libro El refugio de las masas, estas expresiones de religiosidad popular cumplen un rol que va más allá de lo espiritual: funcionan como sostén frente a la precariedad y como espacios de reconocimiento para quienes el Estado y el mercado han dejado fuera. Y para quienes caminamos de cerca estas realidades, la acción social no es solo una opción, sino una necesidad impostergable.
Sin embargo, también hay que ser claros: no siempre lo que se predica es acompañamiento real. Muchas veces se repiten fórmulas simplistas, se promete una conversión mágica o se minimizan los problemas estructurales de la pobreza, la violencia y la adicción. El esfuerzo de las iglesias, cuando se hace de buena forma, es valioso, pero insuficiente frente a un desafío que es principalmente del Estado. Por eso, la pregunta de fondo sigue abierta: ¿hasta cuándo las políticas públicas de reinserción serán tan limitadas que terminan delegando en la fe o en las organizaciones comunitarias lo que debería ser parte de un proyecto integral de justicia social?
Tal vez ha llegado la hora de que todos —iglesias, organizaciones sociales, colectivos, ciudadanía y autoridades— nos preguntemos si queremos seguir permitiendo que la segunda oportunidad sea un privilegio que depende del azar de encontrarse con una comunidad solidaria, o si de una vez la entendemos como un derecho garantizado para cada persona que decide no volver atrás.
El desafío, al final, no es solo creer en la conversión individual, sino en la posibilidad de una sociedad que no condene de por vida a quienes quieren volver a empezar.
