Las democracias suelen deteriorarse de formas reconocibles. Surge un líder fuerte, se inclinan las instituciones, las elecciones se vacían de contenido. Es el fenómeno que politólogos como Steven Levitsky y Lucan Way han denominado autoritarismo competitivo: regímenes donde existen elecciones y oposición, pero el terreno está inclinado sistemáticamente en favor de quienes gobiernan.
El Perú actual, sin embargo, encaja con dificultad en ese molde.
No hay en Lima un autócrata consolidado. No existe un incumbente que haya capturado el aparato estatal para perpetuarse. Desde la destitución de Pedro Castillo y el accidentado gobierno de Dina Boluarte, el país ha atravesado una secuencia vertiginosa de crisis presidenciales, gabinetes efímeros y alianzas parlamentarias inestables. Las elecciones siguen en el calendario. El pluralismo formal se mantiene. La prensa opera.
Y, sin embargo, algo más profundo se ha erosionado.
Perú no padece hoy un exceso de soberanía, sino su evaporación. La presidencia se ha vuelto frágil, transitoria, permanentemente amenazada por la figura constitucional de la “incapacidad moral permanente”. El Congreso posee la fuerza para destituir, pero no la cohesión ni el proyecto para gobernar con dirección estratégica. El liderazgo rota; la estructura permanece.
Podría llamarse a esta configuración una dictadura negativa: no la dictadura del soberano que concentra el poder, sino la del sistema que lo conserva sin encarnarlo en nadie. No hay un caudillo dominante, pero tampoco hay una autoridad capaz de articular un rumbo colectivo sostenido. Los límites de lo posible parecen predefinidos por la inercia institucional y por una arquitectura heredada —en buena medida consolidada durante el gobierno de Alberto Fujimori— que ningún actor logra alterar de manera significativa.
La comparación con el autoritarismo competitivo ayuda a precisar la diferencia. En esos regímenes, el problema es la concentración: el incumbente manipula reglas y organismos para inclinar la competencia. En el Perú contemporáneo, el problema es la fragmentación extrema. No hay un poder que capture el sistema; el sistema mismo bloquea la posibilidad de que alguien lo conduzca con estabilidad.
Esto produce una paradoja. A pesar de la inestabilidad política crónica, el Estado no colapsa. La economía mantiene cierta continuidad. Las instituciones básicas funcionan. Pero esa estabilidad es defensiva. Se gobierna para evitar el desborde, no para impulsar un proyecto transformador. La política se reduce a contención.
En una democracia robusta, la competencia electoral permite alternancia y, al mismo tiempo, capacidad de decisión. En el Perú actual, la alternancia es frecuente, pero la capacidad decisoria es mínima. Los presidentes gobiernan bajo amenaza constante; el Legislativo ejerce veto sin asumir responsabilidad programática; los partidos carecen de cohesión suficiente para sostener reformas de largo plazo.
El resultado es una democracia que subsiste en su forma, pero se debilita en su sustancia. La ciudadanía vota, pero percibe que el margen real de cambio es estrecho. Y esa percepción erosiona la legitimidad con mayor eficacia que cualquier discurso autoritario.
La lección peruana es inquietante. La erosión democrática no siempre adopta el rostro del líder fuerte. A veces se manifiesta como una política sin centro, donde la soberanía se dispersa hasta volverse impersonal. El peligro no es la hipertrofia del poder, sino su dilución estructural.
Perú sigue siendo formalmente una democracia. La pregunta más profunda es si puede seguir siéndolo cuando nadie gobierna plenamente y, aun así, casi nada esencial cambia.
