Hace unos días, la Corte Suprema aprobó el desafuero de la diputada María Luisa Cordero, quien, durante una entrevista en marzo, en la radio El Conquistador, lanzó declaraciones en contra de la senadora Fabiola Campillai, mutilada y cegada en el 2019 por el impacto de bombas lacrimógenas disparadas por Patricio Maturana. En esa ocasión, Cordero dudó de la ceguera de la senadora Campillai, manifestando que ella tenía un “ojo bueno”.
Bajo ese contexto, es insólito que, a casi 4 años del inicio de la revuelta social en Chile, que dejó un saldo de más de 500 personas con daños oculares irreversibles y 2 personas ciegas producto de la violencia policial, se siga dudando de la veracidad de estos hechos y de las lesiones que se provocaron.
Las declaraciones de la diputada Cordero son el claro reflejo de la situación del país, donde aún no existen medidas de reparación integral para las víctimas del estallido social ni proyectos que busquen mantener intacta la memoria de estos casos. Por lo cual, se sufre una constante revictimización hacia quienes fueron objeto de la violencia estatal. Por otra parte, queda al descubierto igualmente la falta de justicia dentro de los casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social. En marzo del 2021, ya se habría cerrado el 46% de los casos sin ningún formalizado, según reportaba CIPER. Agudizando esta falta de justicia, la ley Nain-Retamal ha sido una estrategia fundamental para que instituciones como Carabineros lograran mantener la impunidad de sus actos. Incluso llegaron a intentar aplicar dicha ley en el juicio de la senadora Campillai.
Es de esta forma que hoy podemos afirmar que en el país aún no existen garantías de no repetición sobre los hechos ocurridos desde octubre del 2019, dando más garantías de represión que de no repetición. Menos aun cuando el presidente Gabriel Boric invita a viajar en avión al expresidente Piñera, imputado por delitos de lesa humanidad en el contexto de la revuelta social. Entonces, verdaderamente, ¿en qué postura se encuentra el país? Si declaraciones como las de la diputada Cordero son avaladas por una bancada política –en este caso, Renovación Nacional–, y el presidente, quien habría dado un "aviso" a Piñera en el 2021 de que sería perseguido por las violaciones a los derechos humanos, ahora está viajando con él. Realmente, ¿qué postura existe frente a esta crisis? Porque ya van casi 4 años desde el estallido social y las víctimas solo han sufrido abandono, ninguna reparación integral, ni justicia y mucho menos garantías de no repetición. Solo han recibido programas deficientes como el PIRO-PACTO y una constante revictimización por parte de las instituciones estatales.
Es importante mencionar que ya son 4 las víctimas de trauma ocular que se han suicidado producto del abandono estatal y la falta de justicia. Es entonces que nos preguntamos, ¿es posible una búsqueda de justicia y una reparación integral para víctimas cuando las bancadas políticas justifican declaraciones inaceptables o el mismo presidente está de viaje con quien advirtió perseguir por delitos de lesa humanidad? ¿Es posible pensar en la viabilidad de la búsqueda permanente de los desaparecidos y alcanzar justicia con las violaciones a los derechos humanos ocurridas hace 50 años atrás y durante la dictadura, si obliteramos y miramos hacia el lado con las ocurridas en 2019? ¿Serán necesarios otros 50 años de impunidad para que el 2019 sea incluido en las políticas de memoria y reparación en derechos humanos en nuestro país, o simplemente serán un episodio aislado que nada tiene que ver con las conmemoraciones del golpe de Estado y los legados de la dictadura?
El lugar que Piñera ha vuelto a ocupar en la política chilena era impensable hace un par de años, pero parece que la impunidad y el olvido viajan cómodamente en aviones presidenciales, donde lo impensable se hace posible.
Nahuel Herane, Observatorio de Historia Reciente de Chile y América Latina UDP.
