Jamás en democracia un Presidente en Chile ha tenido tanto poder justificado e irrefutable como el que tiene el Presidente Sebastián Piñera bajo la crisis sanitaria. Además, que este poder le llegara en la cima de una crispación social y política sin precedentes en la era postdictadura, le agrega un enorme impacto inédito: por la urgencia y gravedad de la crisis sanitaria con los instrumentos constitucionales puede silenciar, de un día para otro, el Estallido social con el ejército ocupando las calles, toque de queda y confinamiento obligado de millones de personas.
No hay ninguna duda que este escenario se puede prestar para todo tipo de abuso de poder, más aún en el contexto chileno al iniciarse la crisis sanitaria, con una credibilidad y legitimidad tanto de las instituciones de la democracia que no alcanzan un 10% como con un Presidente de la República marcando sólo un 6% de apoyo ciudadano. Tampoco hay dudas de que la crisis sanitaria le otorga una oportunidad incalculable para reposicionarse y recuperar apoyo ciudadano, sabiendo que, históricamente, en crisis del calado de la sanitaria la población tiende a unirse en torno a un liderazgo para encontrar la seguridad perdida por la conmoción de un peligro inminente que afecta a toda la población.
Las legítimas diferencias están aseguradas en un sistema democrático. Sin embargo, los poderes excepcionales del Presidente para gestionar la crisis de la pandemia, no pueden usarse para alimentar tentaciones autoritarias, ni menos sacar provecho político con los fallecimientos diarios de las víctimas del COVID-19. La operación política (fallida) para no realizar el plebiscito constituyente es muy ilustrativa del abuso de la crisis sanitaria por los que rechazan una nueva Constitución. El secretismo de información fidedigna en la gestión de la crisis sanitaria a la comunidad científica, imprescindible para los modelos matemáticos en la cuantificación de la pandemia, es tan inexplicable como inaceptable. Si se niega a la comunidad científica información imprescindible, ¿qué le queda al ciudadano “de a pie”? La transparencia de datos de la pandemia es de primerísima necesidad si queremos pedir responsabilidad ciudadana en la superación de la crisis.
A pesar de estas graves irregularidades, lo que debe quedar claro es que la superación de esta crisis es responsabilidad de toda la llamada clase política. El COVID-19 no reconoce de convulsiones partidistas ni discrimina a quién contaminar o matar, aunque ya sabemos que los más perjudicados serán los de siempre, los más pobres ―países y personas―. Por esta razón, a pesar de la enorme tensión política larvada en el subsuelo de la realidad social y política chilena ―el Estallido social congelado por la emergencia sanitaria― todos los agentes sociales deben unirse y aparcar de momento la crispación política para mantener un grado de paz social que permita superar de la mejor forma posible tanto la pandemia como la crisis económica que ha provocado. Sin embargo, la unidad instrumental de toda la clase política mientras dure la emergencia sanitaria y la reconstrucción económica, no debe sacrificar la legítima crítica constructiva y propositiva y el cumplimiento pleno de acuerdos políticos. El apoyo total de la oposición al gobierno en la gestión de la crisis sanitaria y económica, no implica entregarle un cheque en blanco. Por el liderazgo diabólicamente vertical, personalista y megalómano endémico de Sebastián Piñera, maximizado bajo la crisis sanitaria, y ya probada su incapacidad para convocar el dialogo social, es la oposición, junto a los sindicatos y las organizaciones empresariales, la que debería proponer un marco de entendimiento básico para superar no sólo la crisis sanitaria y económica, sino también la social e institucional.
El Estallido social demostró que las desigualdades socioeconómicas son ya insoportables para las grandes mayorías, y continuará en carne viva si no hay responsabilidad política transversal convocando un nuevo Contrato social materializando en el plebiscito constituyente y el diseño de una agenda donde la justicia social sea la protagonista.
En Chile, la ruta política no sólo tiene tres crisis que resolver ―la sanitaria, la económica y la social―, sino que también está en juego la restauración de la credibilidad y legitimidad de las instituciones de la democracia. Si no se cumple con los acuerdos en el marco del Estallido social, Chile no tendrá ni cohesión ni paz social. El cheque de la oposición para apoyar la gestión de las dos crisis, debe incluir un nuevo Contrato social a mediano y largo plazo para eliminar las asimetrías socioeconómicas.
La crisis sanitaria y la debacle económica que ha producido, es una oportunidad para crear nuevos parámetros económicos y políticos de entendimiento democrático que no pueden ser los de antes de las dos crisis; y nos obliga a ser más creativos en la construcción de un nuevo sistema que cuaje en uno más solidario donde la economía no funcione en detrimento de las grandes mayorías. De los compromisos y la salida en buenas condiciones tanto de la crisis sanitaria como de la económica, dependerá el éxito de las reformas estructurales congeladas que, sin duda, se descongelarán rápidamente una vez superadas las dos crisis.
Si no se impone la tentación autoritaria siempre latente, éstos son los asuntos que ocuparán la agenda política chilena los próximos años.
