El peonaje rural, históricamente conformado por los sin tierra, ha sido la fuerza de trabajo ocupada en épocas de cosechas por los grandes propietarios agrícolas. A pesar de los cambios en la ruralidad nacional, los cuales han respondido a una particular modernización en base a la neoliberalización del campo que ha intensificado la producción, en un contexto un tanto diferente al del orden hacendal, esta lógica se mantiene.
Aunque las regiones rurales ha vivido un importante proceso de urbanización, las actividades silvoagropecuarias continúan siendo aquellas que ocupan a la mayor parte de la población trabajadora, sobre todo en una economía como la chilena, orientada a la exportación. En efecto, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en la región de O’Higgins, por ejemplo, el 18% de los trabajadores y las trabajadoras se desempeñan en actividades agrícolas, siendo, junto con el Comercio (también con un 18%), los sectores productivos que más empleo generan. Al mismo tiempo, ambos sectores, se encuentran entre los rubros que entregan las peores remuneraciones de la región. En el caso específico del Agro, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), los salarios promedio alcanzan los $416.433 mensuales, siendo aún menor para las mujeres, quienes mensualmente reciben en promedio $334.882.
Estudios han demostrado que los habitantes de la ciudad, así como la población rural sin o con poca tierra, se vuelcan a los espacios laborales que abren las temporadas de cosecha, y, entre ellos, cada vez más mujeres e inmigrantes de países como Haití, Colombia, Perú y Bolivia. Justamente, las personas que perdieron la vida el miércoles 29 de diciembre en el accidente ocurrido en la Ruta de la Fruta (66G), en su mayoría son de nacionalidad boliviana. Trabajadores de un packing de San Fernando que se dirigían hacia un campamento en la comuna de Pichidegua, quienes en esta época del año llegan a la región de O’Higgins a realizar labores temporales.
Gran parte de los temporeros realiza su trabajo en condiciones de precariedad laboral, bajo sistemas informales, con ausencia de previsión y protección social, afectados físicamente por las circunstancias propias de estas labores. Además, su condición, en el margen o definitivamente fuera de la institucionalidad laboral, dificulta la posibilidad de organizarse colectivamente, limitando aún más la probabilidad de negociar una mejora en sus condiciones de trabajo.
Durante el año 2021 los empresarios del sector han sido enfáticos y persistentes en reclamar la escasez de trabajadores y la resistencia de la población más joven para ocuparse en las actividades agrícolas. Habría que preguntarse ahora, a partir de situaciones como la ocurrida en Peumo, si las condiciones laborales y de seguridad, así como las remuneraciones que están ofreciendo, son adecuadas para trabajar en este tipo de actividades. Quizá las personas comienzan a priorizar su vida y a plantearse formas alternativas, independientes, locales y populares, de hacerse de los recursos económicos necesarios para subsistir, en vez de precarizar y poner en riesgo su existencia.
Mauricio Muñoz
Sociólogo - Doctor en Ciencias Sociales
Académico y Analista Laboral
