La reciente promulgación de la Ley 21.248 “Reforma constitucional que permite el retiro excepcional de los fondos acumulados de capitalización individual,”[1] resultó ser un punto culminante en la atmósfera de tensión social y política acumulada desde el mes de octubre del año pasado y que, por momentos, recrudeció durante la actual pandemia. Un hecho interesante en este trance fue el protagónico rol adquirido por el Congreso Nacional, particularmente reflejado en los altos niveles de audiencia de las sesiones de discusión de la mencionada moción durante su tramitación.
Sin embargo, ello no debería representar de modo alguno un hecho inexplicable, por el contrario, debería ser quizás la norma en la proximidad entre los electores y los espacios deliberantes cuando una ciudadanía crítica e informada es capaz de hacerse presente para fiscalizar el cumplimiento del mandato soberano otorgado. En ello, es claro el rol que la oposición ha desempeñado logrando constituir una agenda de iniciativas de acertada pertinencia en este ámbito y ha encontrado las fórmulas para hacerlas jurídicamente viables, quizás revirtiendo temporalmente la imagen de instituciones que no cuentan con un amplio reconocimiento ciudadano, como lo indican múltiples encuestas.
Con distinto grado de éxito, además de la mencionada, iniciativas como la suspensión de pagos de servicios básicos o postnatal de emergencia se han abierto paso en el debate parlamentario. La norma que recientemente entró en vigor, no solo permitirá a muchas familias resolver acuciantes problemas derivados de la contracción de la actividad económica y del empleo en la actual coyuntura, sino además instala una representación simbólica trascendente que es la posibilidad de decidir sobre el destino de sus fondos previsionales, al menos de un porcentaje de ellos, a recuperando la propiedad sobre estos.
Al respecto, un dato elocuente fue aportado por la Superintendencia de Pensiones (SP) el pasado viernes 31 de julio cuando la mitad de los afiliados al sistema había solicitado el retiro parcial de sus cotizaciones.[2] Ello muestra, no solo la pertinencia de la normativa, sino la conciencia acerca de sus derechos que este debate ha generado en la ciudadanía.
Toda esta dinámica, hace pensar en la necesidad de establecer un mayor equilibrio entre los poderes ejecutivo y legislativo. Sin duda, las condiciones sociopolíticas generadas por la pandemia no obedecen a ningún patrón de normalidad y ello ha tensionado a la institucionalidad y la contienda originalmente plateada en torno a la legalidad de estos proyectos, así lo demuestra. Parece ser que, de facto, un nuevo esquema de relación entre ambos poderes se abre paso, quizás anticipando un futuro cambio en el régimen político en la perspectiva de un semipresidencialismo.
No obstante ello, los límites del presidencialismo no son un asunto nuevo en el análisis de los procesos políticos en Chile. En una ya clásica obra, el cientista político Arturo Valenzuela,[3] abordó la ausencia de mecanismos institucionales que dispone el ejecutivo en este tipo de régimen para la resolución de crisis a partir de la conformación de nuevos equilibrios políticos que le otorguen estabilidad y que, históricamente, han redundado en complejos e irresolubles quiebres pues, la pugna entre las opciones electorales confrontadas deriva en un “juego de suma cero”, es decir, la inversa proporcionalidad entre la victoria de unos y la derrota total de otros.
Este asunto es digno de ser discutido y considerado cuando se aprecia la situación del actual gobierno de Sebastián Piñera que, con un bajo nivel de adhesión y dificultades evidentes para cohesionar a las fuerzas políticas que lo respaldan, tiene por delante todavía cerca de un tercio de su mandato y un ciclo complejo ciclo electoral que comienza en octubre y, no solo ello, un escenario económico preocupante en donde el desempleo y la pauperización se ciernen amenazantes sobre una significativa porción de nuestra población.
Pero también, es complejo el que tras el reciente cambio de gabinete, los nuevos ministros se identifiquen con posturas de rechazo a la opción de una nueva Carta Magna en el próximo plebiscito. Quizás, la prudencia hubiera aconsejado matizar, garantizando una posición prescindente por parte del gobierno en esta materia pues, en este esquema, la opción del apruebo sumará mayores incentivos a su causa como la de propinar una nueva derrota política al gobierno.
Lo importante es entonces, garantizar condiciones que permitan que el proceso constituyente cuente con las suficientes condiciones para permitir su desarrollo dentro de los plazos establecidos no experimentando interrupciones, ni postergaciones pues, ello solo aportaría un malestar y desencanto quizás difíciles de controlar.
Por su parte, el reciente anuncio de un grupo de parlamentarios oficialistas de privatizar Codelco y TVN[4], ideas que el propio gobierno descartó de plano, pueden ser leídas en la perspectiva del mencionado proceso de deliberación que se inicia en los próximos meses, tal vez para adelantarse ante la eventualidad que la Convención Constituyente establezca la nacionalización de los recursos minerales cupríferos, otorgándoles pautas a ese debate. La enajenación de la televisión pública, por su parte, solo consolidaría el oligopolio informativo y mediático existente en la actualidad.
Lo mismo ocurre con la reforma anunciada por el mandatario para reducir el número de parlamentarios expuesta en su Cuenta Pública el 01 de agosto, un cambio que, en definitiva, debería ser una tarea confiada al futuro órgano constituyente en el marco del diseño institucional que este legítimamente establezca.
¿Qué desafíos tiene entonces la oposición? Sin duda, el efecto causado con la aprobación de las mociones impulsadas, la sitúa en un papel clave de cercanía con las inquietudes y problemas que afectan a un gran número de chilenos, sin embargo, su tarea es desarrollar una estrategia que mantenga ese plano de vinculación, pero por sobre todo, lograr construir un programa que trascienda la coyuntura electoral mediante un sólido proyecto de cambio. Para ello debe, necesariamente, abandonar su carácter de disperso archipiélago y ser sensible intérprete de los presagios de un tiempo nuevo.
[1] https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1147862
[2] https://www.spensiones.cl/portal/institucional/594/w3-article-14043.html
[3] Valenzuela, A (1989). El quiebre de la democracia en Chile, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Santiago.
