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Presos políticos y presas políticas en el Chile de hoy. Por Enrique Villanueva M.

Para la democracia heredera de los enclaves dictatoriales, la que mientras no se apruebe la nueva Constitución, es media democracia, no existen “presos políticos”, para los jueces y políticos existen imputados o imputadas o, como en España en la segunda mitad del siglo XIX, que había “corrigendos” y “corrigendas”. Es decir que, para el sistema judicial y penitenciario, hay presos y presas con las garantías de un Estado democrático y de derecho, obviando que el garantismo en nuestro caso tiene para algunos y algunas niveles máximos propositivos y para otros y otras, niveles mínimos tan restrictivos, como ya se ha dicho tantas veces, que provienen de una justicia para pobres y la otra para ricos.

Pero bien, es cierto que el problema de reconocer la existencia de presos y presas políticas no es tan simple, primero, porque el “delito político” no está codificado en el Código Penal. Pero se sobreentiende que está subsumido en la tipología de “delitos contra el Estado”, la que es herencia de la dictadura, en el sentido de que se le aplica al enemigo interno, al que atenta en contra “del Estado y la patria”, con toda la carga que esto significa, mediática y política.

Así entonces la definición de preso político no cae solo en el ámbito judicial sino que, en el ámbito político, por lo que, es en este contexto en el cual priman acuerdos e intereses, donde surge la resistencia a calificar a quienes están entre rejas como presos políticos. Consenso que termina con ha sucedido en los últimos 50 años, imponiendo la acción punitiva “ejemplar”, por sobre lo que debe ser, que la pena del preso o presa sea ajustada al derecho.

Es decir, que el argumento de la legalidad formal, bajo la realidad que vivimos y bajo una Constitución elaborada para justificar abusos y mantener un sistema político económico como el actual, se entenderá como impropio cualquier otro tipo de lectura, por lo tanto y en este contexto, no existen delitos políticos y no cabe hablar de presos políticos.

En todo caso no es primera vez que en nuestro pais se niega la existencia de presos políticos, durante la dictadura fueron miles los presos y presas quienes fueron negados y negadas al mundo de manera cínica y reiterada, calificados como criminales y presos o presas comunes, mientras la evidencia rebasaba el discurso oficial, con cárceles que estaban llenas de quienes fueron llevados allí para torturarlos y torturarlas o para asesinarles, porque eran calificados como “los enemigos y enemigas de la patria”. Estos presos y presas o, criminales para la dictadura, eran los simpatizantes de la UP, militantes de la Izquierda chilena en su gran mayoría y opositores a la tiranía Pinochetista, en un momento en el cual no había estado de derecho y la justicia estaba subordinada al poder militar, no fue posible hasta que la magnífica presión, que desde el exterior hizo la solidaridad internacional, lo que al final permitió que la dictadura reconociera que si existían presos políticos y que esta optara por liberarles a unos y a una mayoría expulsarles al exilio.

Eso fue lo que paso en dictadura. pero el dilema vuelve en democracia y nuevamente se niega la existencia de presas y presos políticos, acusándoles ademas con lo que a estas alturas es un secreto a voces y que con la liberación, a gotas, de algunos de ellos y ellas se demuestra, que a una mayoría de jóvenes que permanecen entre rejas se les “cargo” con delitos fabricados. Por una fuerza policial que en los días de la rebelión social del 2019, con un gobierno irresponsable que llamo a la “guerra en contra de un enemigo despiadado”, en contra del pueblo de Chile, reeditó las practicas aun arraigadas en sus instituciones, de buscar y eliminar al enemigo de la patria, al enemigo interno.

De esto ya han transcurrido tres años y aun se continua una discusión estéril sobre si hay o no presos políticos en Chile, mientras en las cárceles hay jóvenes chilenos y chilenas sufriendo el rigor del encarcelamiento, con el dolor y desgaste económico, emocional, que para sus familiares eso significa.

Creo que el actual gobierno ha hecho lo correcto en este sentido, apoyar a los Presos y presas políticas, elevando al Congreso la ley que permite sacar de la cárcel a quienes fueron llevadas y llevados allí con mentiras y montajes, ademas, abusando de la prisión preventiva.

Esperemos que prime la cordura, pero en un Congreso lugar en el cual los temas que interesan a la gente común son secundarios, olvidando que la soberanía está en el pueblo y no en los dueños de este pais, no son muchas las esperanzas. Para que este proyecto urgente no quede olvidado, como muchos otros, corroyendo la vida de seres humanos y comprometiendo futuro de cientos de jóvenes injustamente encarcelados y encarceladas.

Una realidad que proviene de lo no resuelto en la transición pactada a la democracia, que dio como producto un hibrido democrático entre la herencia dictatorial y la administración mediatizada, por más de cinco décadas, del modelo económico. Que nació en dictadura, una situación que ineludiblemente genera una permanente lucha por la justicia social, la que se ubicara siempre en un terreno de confrontación y subjetividad ineludible.

Sin separarnos del tema de los presos y presas políticos, es la realidad que nos ha llevado a querer cambiar la relación del poder en Chile hoy, cambiar la cultura abusiva del poder, dibujando en nuestro futuro, un Estado que otorgue y defienda los derechos de todas los chilenos y chilenas, de los pueblos originarios, los derechos de la mujer, es decir aprobar la nueva Constitución más allá de los reclamos de la derecha y de sus elites comparsas.

Es justamente la defensa del status quo, de quienes defienden el pasado y el presente construido sin desligarse del pasado, quienes presionan para que la respuesta judicial al conflicto social, sea una reacción ejemplarizadora en contra de todos aquellos y aquellas quienes están encarcelados y encarceladas por su participación en la rebelión del 2019, lo que por extensión es actuar en contra de una mayoría de chilenos y chilenas, quienes confrontaron a las instituciones y a las agencias del poder, mediáticas, políticas, académicas y represivas.

Quienes permanecen encarcelados y encarceladas, es por delitos que se configuraron por el Estado y el gobierno represor de la época, para actuar derechamente en contra de quienes participaron en el proceso de rebelión social en todo el pais. Por eso es que la tipificación de la mayoría de las acusaciones como delitos, es en base a la ley de seguridad interior del Estado, lo que al igual que en tiempos de la dictadura, eran delitos de rebelión y la sedición, los que históricamente han sido considerados de naturaleza eminentemente política.

Agregando que, el abuso de la prisión preventiva fue impulsada y respaldada por el gobierno de la época, como instrumento represivo, para hacer que todas y todas quienes caían en las redes represivas, sufrieran la cárcel y el enfado irracional de sus represores políticos y policiales. Con el apoyo descarado de as agencias políticas y mediáticas para con desparpajo, vincular la rebelión social con el bandidaje, el saqueo y el vandalismo, volviendo al lenguaje que por años se ha utilizado para invalidar la rebeldía ante la injusticia social y el abuso.

Quienes inspiraron, organizaron participaron y apoyaron la rebelión social del 2019, quienes están encarcelados y encarceladas son presos políticos y presas políticas que deben ser liberados, son chilenos y chilenas que le abrieron paso al momento que estamos viviendo en el pais, que más allá de los eufemismos es un momento constituyente.

Negar la existencia de los presos y presas políticos, es una estrategia diseñada para encubrir la criminalización de la protesta social, para esconder que son luchadores y luchadoras sociales, son los “presos y las presas de conciencia” de la rebelión social del año 2019, por lo que liberarlos y liberarlas, es un desafío para el actual gobierno.

Enrique Villanueva M.

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