En el último tiempo, la “permisología” se ha instalado con fuerza en la discusión pública chilena. Desde el gobierno, gremios empresariales y medios de comunicación se ha construido una narrativa que responsabiliza al exceso de regulaciones y a la lentitud burocrática por el bajo dinamismo económico, el retraso de proyectos estratégicos y la pérdida de competitividad del país.
Sin embargo, este diagnóstico no es neutro y obedece a intereses particulares. Lo que está en juego no es solo una cuestión técnica o de gestión pública, sino una disputa de fondo sobre el tipo de desarrollo que queremos como país, el rol del Estado, la función de la evaluación ambiental y la participación ciudadana y comunitaria en las decisiones que afectan a los territorios. Por ello, resulta fundamental abrir el debate a otras miradas, en particular aquellas que emergen desde los territorios afectados por proyectos extractivistas, comunidades en resistencia y organizaciones socioambientales que cuestionan las bases del modelo actual.
Las distintas posiciones en debate
Para mapear la correlación de fuerzas y perspectivas en debate, así como para ayudar a quien lea este texto a orientarse, las clasificaremos en tres grandes posiciones: El primero de ellos al cual podemos definir como “Enfoque empresarial/productivista”: actualmente sostenido por actores como la CPC, SOFOFA y sectores del actual gobierno, plantea que los procedimientos de evaluación y autorización de proyectos están excesivamente fragmentados, son poco coordinados y generan demoras injustificadas. Desde esta perspectiva, la permisología es sinónimo de burocracia, una traba para el crecimiento económico y un desincentivo para la inversión trasnacional.. Se propone una modernización orientada a reducir plazos, establecer ventanillas únicas, acotar la participación ciudadana y flexibilizar requisitos técnicos. La fuerza con que este discurso se ha instalado ha significado que hoy, el propio gobierno se encuentre impulsando una agenda de modernización de los permisos, apuntando a simplificar, acelerar y “destrabar” inversiones.
Una vertiente más moderada , corresponde al “Enfoque reformista/institucionalista”: el cual reconoce la necesidad de mejorar la gestión pública, pero advierte sobre los riesgos de desregulación. Plantea que el sistema de permisos debe ser más eficiente, pero sin debilitar la fiscalización ambiental ni reducir los estándares de evaluación. Se apuesta por fortalecer las capacidades institucionales, mejorar la coordinación intersectorial y asegurar instancias de participación .
En otra vereda, identificamos el “Enfoque crítico/ambientalista y territorial”: Desde esta mirada, la permisología no es un obstáculo sino una falsa excusa: en realidad, los permisos ambientales y sectoriales no han impedido el avance de proyectos con graves impactos ecológicos y sociales. El problema no es el exceso de regulaciones, sino su debilidad, su aplicación formalista y su subordinación al modelo extractivista. La “crisis de permisología” es leída como una operación ideológica que busca despojar a las comunidades de mecanismos de defensa, limitar la participación ciudadana y garantizar rentabilidad a costa del territorio y de socavar el rol regulador del derecho ambiental respecto del ejercicio de la libertad económica..
Como militantes del Movimiento por la defensa del agua, la tierra y el medioambiente (MODATIMA), compartimos, por supuesto, esta última perspectiva. Sostenemos que el debate sobre permisología no puede abordarse únicamente desde una lógica de eficiencia técnica o suponer, por ejemplo, que la única vía de modernización es la que proponen los grandes gremios empresariales. Lo que se juega en esta discusión es mucho más profundo: se trata del conflicto entre acumulación capitalista/extractivista y sustentabilidad, lo cual nos plantea también una serie de desafíos.
Nos posicionamos críticamente porque también hemos sido testigos, en múltiples territorios, de cómo proyectos aprobados bajo la legalidad vigente han significado devastación ambiental, despojo hídrico, deterioro de la salud comunitaria, pérdida de biodiversidad y fragmentación social (incluida la delincuencia). Lejos de ser una traba, el sistema de permisos muchas veces ha funcionado como un instrumento de legitimación de deterioros ambientales y sociales, en los cuales muchas veces el Estado ha actuado más como facilitador que como garante de derechos. No es separable la precarización social de muchas comunidades de la presencia de grandes proyectos extractivistas que hoy, paradójicamente, piden menos trabas aún, claro ejemplo de ello son las nefastas consecuencias de la existencia de un libre mercado de las aguas en Chile, y los efectos de la escasez hídrica para las comunidades.
No se trata sólo de reformar la permisología: se trata de redefinir el marco mismo de evaluación de los proyectos, desde una lógica de justicia ambiental, derechos territoriales y ancestrales, participación vinculante y límites ecológicos a la acumulación capitalista. El debate sobre la permisología no puede desconocer su historia reciente, la conflictividad, la precariedad social del extractivismo chileno y las huellas territoriales (e incluso represivas) del mismo, ni tampoco desentenderse de la crisis climática y ambiental que habitamos.
¿Cómo se podría avanzar efectivamente?
Si bien es cierto reconocemos la diversidad de posiciones sobre el tema dentro de un marco democrático, también es justo decir que no todas las perspectivas tienen la misma cobertura y trato político y mediático igualitario: los grandes medios de comunicación, el lobby empresarial, el cruce de intereses entre el capital extractivista y parte del mundo político, contribuyen a dar mayor visibilidad y cobertura a los planteamientos a favor de destrabar la institucionalidad existente. Por otro lado, también sabemos que la actual institucionalidad tiene sus falencias, que hemos señalado oportunamente, pero creemos que los cambios deben ir en dirección de fortalecer aquellas instituciones y marcos jurídicos que protejan la naturaleza y a quienes vivimos en ella. No es un capricho ideológico, sino una necesidad -y lo decimos sin exagerar- de supervivencia como especie.
En ese sentido, proponemos ciertos marcos que nos ayuden pensar institucionalidades ambientales que, en vez de flexibilizar los criterios, los fortalezcan bajo estándares modernos y orientados en la justicia ambiental:
a) Fortalecimiento del SEIA con participación vinculante: transformar el SEIA en un verdadero sistema de evaluación con perspectiva territorial y ecológica, incorporando evaluaciones ambientales estratégicas. Establecer mecanismos de participación ciudadana temprana, informada y vinculante.
b) Consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Reconocer el derecho de los pueblos originarios a decidir sobre el uso de sus territorios, cumpliendo los estándares del Convenio 169 de la OIT y otros marcos regulatorios internacionales.
c) Zonificación ecológica y definición de áreas de exclusión. Establecer legalmente zonas incompatibles con actividades extractivas: glaciares, salares, cuencas hidrográficas prioritarias, humedales, áreas de biodiversidad crítica, entre otros. Desarrollar instrumentos de ordenamiento ecológico-territorial con participación de comunidades, como el manejo integrado de cuencas, humedales, precordillera y otros.
d) Reforma institucional con autonomía y capacidad. Aumentar los recursos y atribuciones de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA). Separar funciones de evaluación, fiscalización y promoción de proyectos para evitar conflictos de interés dentro del Estado, como se ha visto efectivamente en el pasado. La fiscalización de la SMA debe ser hecha por un personal no solo capacitado, sino uno no vinculado al mundo empresarial.
e) Transición ecológica con justicia territorial. Impulsar políticas públicas estatales de transición energética y productiva que no solo priorice la producción, sino la descentralización, la sostenibilidad, la restauración ecológica y soluciones basadas en la naturaleza.
En definitiva, estos y otros elementos pueden abrir camino a una modernización de nuestra institucionalidad ambiental sin por ello transgredir los ecosistemas territoriales y a la población. Al mismo tiempo, creemos que los distintos sectores políticos de carácter progresista y de izquierda están tendiendo a entender el problema de la “permisología” dentro de los marcos de pensamiento empresarial. Son las empresas las que deben adaptarse a los estándares más modernos y rigurosos en materia ambiental y social, y no al revés. El mundo político no puede tener en sus manos, muchas veces mirando solo criterios de corto plazo, decisiones que nos afectarán durante décadas. Por lo mismo, esperamos que la voz de organizaciones y activistas ambientales, así como la de comunidades indígenas en resistencia al extractivismo, debe por lo menos oírse y ser parte fundamental de esta discusión.
Javier Zúñiga Tapia, militante de MODATIMA y candidato a Doctor en Historia.
Manuela Royo, Vocera Nacional de MODATIMA y Doctora en Derecho.
