El pasado miércoles 4 de marzo se publicó en el Diario Oficial el reglamento del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), tras la toma de razón de Contraloría. Aunque podría parecer un avance técnico más, se trata de un hito muy esperado —después de ocho años— y con profundas implicancias para la descentralización y la planificación del territorio en Chile. El PROT se enmarca en la Política Nacional de Ordenamiento Territorial, que busca dar coherencia a decisiones claves sobre el uso del suelo, la localización de infraestructuras, los asentamientos humanos y la protección de los ecosistemas, promoviendo un desarrollo más equilibrado y sustentable con enfoque territorial.
La publicación de su reglamento permite, por fin, operativizar este marco y habilitar a los Gobiernos Regionales para elaborar los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial. Estos planes tienen por objetivo orientar el uso y la organización del territorio regional mediante lineamientos estratégicos y una macrozonificación que permita espacializar los objetivos de la Estrategia Regional de Desarrollo. A diferencia de otros instrumentos regionales de carácter estratégico, el PROT incorpora un componente regulatorio: es el único instrumento regional de planificación territorial con carácter vinculante, capaz de orientar y regular decisiones sobre la localización de actividades productivas, infraestructuras o gestión de residuos, particularmente en aquellas zonas no cubiertas por planificación urbana.
Desde esta perspectiva, la toma de razón del reglamento constituye también un avance significativo en materia de descentralización. Hasta ahora, los Gobiernos Regionales han contado con distintos instrumentos de planificación. La Estrategia Regional de Desarrollo (ERD) cumple un rol estratégico: funciona como una carta de navegación que define la visión de largo plazo de la región, identifica sus principales desafíos y establece prioridades de acción e inversión. A su vez, herramientas como el Anteproyecto Regional de Inversiones (ARI) y el Programa Público de Inversión Regional (PROPIR) permiten coordinar intersectorialmente la inversión pública en el territorio. El PROT introduce una dimensión distinta y complementaria: la posibilidad de planificar el territorio regional, definiendo orientaciones sobre el uso del suelo y la localización de actividades desde una escala regional.
Esta capacidad resulta especialmente relevante en un país donde gran parte de las tensiones territoriales se juegan precisamente en ese plano: la expansión urbana sobre suelos agrícolas, la localización de grandes infraestructuras, la presión sobre ecosistemas frágiles o la convivencia entre distintas actividades productivas. Contar con un instrumento regional que permita abordar estas decisiones de manera estratégica y con participación institucional es un cambio cualitativo en la gobernanza territorial.
Además, el PROT abre una oportunidad para reposicionar la agenda rural en un nivel superior de discusión. Al abordar el ordenamiento territorial —y no solo la planificación urbana—, permite integrar a los territorios rurales en la planificación regional, ámbitos que históricamente han quedado fuera de los marcos regulatorios más robustos. Un marco regulatorio claro de ordenamiento territorial no solo entrega certezas sobre cómo se organiza y utiliza el territorio rural, sino que también fortalece el rol de los gobiernos regionales para definir prioridades de desarrollo, orientar inversiones y gestionar de manera más autónoma sus recursos, generando además mejores condiciones para que políticas como la Política Nacional de Desarrollo Rural puedan traducir su enfoque territorial en decisiones concretas.
Por supuesto, la publicación del reglamento no resuelve por sí sola los desafíos pendientes. Durante años, la demora en su tramitación fue interpretada como una expresión de las resistencias del centralismo a ceder mayores atribuciones en materia de planificación del territorio. Y no es un debate menor, el ordenamiento territorial implica decisiones profundamente políticas sobre el uso del suelo y las prioridades de desarrollo de cada región. En un escenario marcado además por el cambio de gobierno, no es descartable que persistan tensiones respecto de cuánto poder real están dispuestos a ceder los niveles centrales del Estado en esta materia. Hoy, con el reglamento vigente, el desafío se traslada a las regiones.
Serán los gobernadores regionales, y sus equipos, quienes deberán liderar la elaboración de estos planes mediante procesos que integren evaluación ambiental estratégica, coordinación intersectorial y participación de la sociedad civil. El reto será que el PROT no se transforme en un documento más, sino en un instrumento efectivo para alinear las decisiones públicas y privadas con una visión de desarrollo territorial de largo plazo.
En definitiva, la toma de razón del reglamento del PROT marca un hito relevante en la arquitectura de la descentralización chilena. Después de años de espera, las regiones cuentan con una herramienta concreta para planificar su territorio. El desafío ahora es que los gobiernos regionales la hagan propia y la conviertan en una verdadera palanca para orientar el desarrollo de sus territorios.
Por Natalia Slachevsky Aguilera
Investigadora principal de Rimisp – Centro Latinoamericano Para el Desarrollo Rural
