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Proyecto de senadores Girardi y otros que discute el Congreso no ataca el fondo del progresivo deterioro ambiental ocasionado por la acuicultura en la Patagonia.

Orden alfabético: Haydeé Aguila (7), Rosa Aguila (9), David Alday (8,18), Tarsicio Antezana (4), Gino Bavestrello (13 ,16), Jorge Belmar (2), PedroBustamante (16), Daniel Caniulán (12), Cosme Caracciolo (13), Tamara Contador (6,18), Pablo González (19), Eric Huaquil (9), Jessica Huili (3), Hector Kol (5), Alvaro Montaña (14), David Núñez, M. Isabel Núñez (1), Constanza Portus (18), Marcela Ramos (17), Alberto Serrano (18), Loreto Vasquez (1), Francisco Vera-Millaquen (10), J. Carlos Viveros (14).

Orden alfabético: (1) Agrupación Ciudadana Ultima Esperanza, Puerto Natales (ACUE), (2) Agrupación de Ex-pescadores .Artesanales (EPA Teupa Terao), (3) Asociación Mapuche-Williche de Puerto Williams, (4) Asociación para la Defensa del Ambiente y la Cultura de Chiloé (ADAC), (5) Comité de Defensa del Borde Costero, Puerto Montt, (6) Comité Cultural de Puerto Williams, (7) Comunidad At’Ap, (8) Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, (9) Co-munidad Kawésqar Residentes Río Primero, (10) Comunidad Mapuche-Williche Pepiukelen, Pargua, (11) Comunidad Pu Wapi, Melinka, (12) Comunidad Yagan Bahía Mejillones, (13) Coordinadora Nacional Dignidad Pesca Artesanal, (14) Defendamos Chiloé, (15) Ecochiloé, (16) Federación de Pescadores Artesanales de Corral, (17) Movimiento Chiloe Ta Privao, (18) Movimiento Territorio Yagan Sin Salmoneras, (19) Pyme Innovación.

Introducción

El proyecto iniciado en Mayo 2019 por el Sr. G. Girardi y Sras. I. Allende, C. Goic y X. Ordenes de la Comisión de Medio Ambiente del Senado modificaría la Ley General de Pesca y Acuicultura (Bol.12605-21; LGPA19300) acentuando algunos criterios ecosistémicos y precautorios para la actividad acuícola.

El proyecto es consistente con las denuncias de la ciudadanía de los progresivos impactos am-bientales (inherentes a la acuicultura intensiva), y con las limitaciones del marco regulatorio. Las modificaciones son significativas pero muy parciales porque no intentan resolver los problemas de fondo de la crisis de la acuicultura, entre otros: a) una pobre conceptualización de la estructura y funcionamiento del ecosistema, b) una carencia de información científica básica para regularla, c) una política y una institucionalidad permisivas y carentes de criterios ecosistémico y precautorio, que privilegia el crecimiento económico en desmedro del patrimonio ambiental y cultural y d) un enfoque jurídico ineficiente para la prevención, disuasión, y reparación de las infracciones y delitos ambientales.

Los fundamentos de las modificaciones propuestas De los considerandos planteados en el anteproyecto se destacan los siguientes conceptos y/o se deduce que:

1.- la acuicultura en Chile se puede caracterizar “por la subsidiariedad del sector público como agente de monitoreo de impacto ambiental”, lo que implica que por décadas los gobiernos fueron permisivos con la industria, facilitando su crecimiento y el aporte de cuantiosos subsidios con platas públicas, pero de espaldas a la vigilancia del impacto y protección ambiental,

2.- la “sostenibilidad biológica” requiere del “conocimiento de la dinámica del ecosistema” en las escalas espacio-temporales inherentes.

3.- “Chile carece de este conocimiento” para poder establecer apropiadamente “la intensidad regulatoria” de la acuicultura, y su crecimiento “exige con urgencia un enfoque ecosistémico”.

4.- por ello la acuicultura industrial en Chile “se inserta en un contexto de crisis ambiental”,

5.- “su expansión hacia Magallanes tras el colapso de dos regiones” se hace incierta y debe detenerse.

Toda estas consideraciones son muy consistentes con lo que las organizaciones ambientalistas, culturales y científicos independientes han venido destacando por varios años, pero no son las únicas relevantes que se destacan.

Coherencias entre los fundamentos del proyecto y las modificaciones propuestas

1.- con un enfoque precautorio, el anteproyecto reduce causales de caducidad, y disminuye la vigencia de concesiones de 25 a 10 años y su revisión en caso de un informe ambiental negativo; permite la captura de peces escapados; excluye la acuicultura de territorios de pueblos ancestrales o de uso ocupación tradicional, y zonas marítimas que formen parte de reservas nacionales y forestales, además detiene su expansión a Magallanes

2.- con un enfoque ecosistémico y precautorio, el anteproyecto incorpora un inciso nuevo (Art.2,h), que establece que “siempre se considerará la existencia de efectos significativos adversos en el cultivo intensivo de especies hidrobiológicas exóticas”. Esto es de mucha importancia dado los impactos y daños ambientales que han llevado a la crisis actual de Chiloé y Aysén.

Sin embargo, ésta (como las otras modificaciones propuestas) debiera hacerse extensiva precautoriamente a la mitilicultura intensiva o industrial, que por su alta concentra-ción también genera condiciones anaeróbicas, y comparte con la salmonicultura industrial intensiva, muchas de sus agresivas y destructivas prácticas contra el ambiente, la sociedad, y la cultura de Chiloé y resto de la Patagonia. Tan sólo la generación de condiciones anae-róbicas implica una acidificación de más de 900% (pH 8.1 a 7.1), y una reducción del Oxí-geno de más del 70% (8.5 a 2.5 mg/litro) en el agua de mar.

B.- Incoherencias

1.- Si bien el proyecto se orienta a “condicionar la actividad acuícola bajo una idea de desarrollo en los términos que propone la ciencia y los organismos internacionales”, elude definir tal “idea de desarrollo” que en contraposición al sólo crecimiento económico, implica “ampliar las opciones que tienen los pueblos para vivir de acuerdo a sus valores y tradiciones” (e.g. PNUD). Por tanto, las modificaciones consolidan el enfoque económico actual, y parecen insignificantes con la magnitud de la crisis actual y con la necesidad de un desarrollo integral de Chiloé y resto de la Patagonia.

2.- La caracterización de “subsidiaridad del sector público como agente de monitoreo ambiental”, y la necesidad de llenar los vacíos de conocimiento sobre la estructura y dinámica del ecosistema para “asegurar la sostenibilidad y para establecer la intensidad regulatoria de la acuicultura” no se ven reflejadas en proposiciones sobre:

• a.- la urgencia y obligatoriedad de estimar la Capacidad de Carga (asimilación y ambiental) de los mares interiores en toda su complejidad geográfica y en las escalas temporales mas relevantes, que Subpesca se niega a realizar, aduciendo a que no se le ordena realizar tales estudios. La estimación de esta Capacidad de Carga ha demostrado ser ineludible para una adecuada delimitación de las Areas Aptas para la Acuicultura (AAA), y es conceptualmente irremplazable por el substituto de “Condición Anaeróbica” (CA); sin tal estimación, la producción planificada de un centro podrá alcanzar y sobrepasar esa CA y consecuente degradación ambiental como ocurre en la actualidad,

• b.- la necesaria evaluación de la eutroficación acumulada de la acuicultura durante décadas por materia orgánica y otros contaminantes (e.g. metales pesados, antibióticos, pesticidas), y de la identificación de sus orígenes y tasas. El proyecto insiste en el enfoque reduccionista de monitoreos atomizados a cargo de cada concesionario de acuicultura, a pesar de reconocerlas como “sistemas abiertos”, y haberse encontrado evidencias de sus impactos a varios kilómetros de distancia . Los monitoreos de variables o parámetros propuestos no resuelven a priori la estimación del impacto ambiental de la acuicultura en la estructura y en la dinámica del ecosistema, especialmente de sus comunidades planctónica y nectónica,

• c.- la ineludible revisión de los criterios y de la caracterización ambiental de “AAA”, ya que el deterioro ambiental de Chiloé y Aysén, representado por ejemplo por la generación de condiciones anaeróbicas en más de 600 concesiones, (con al menos 20 denuncias pendientes en Magallanes), lo que implica la destrucción de comunidades biológicas, y cambios significativos en la composición del agua de mar,

• d.- la conveniencia o inconveniencia de la remoción de residuos orgánicos como intento de recuperación ambiental sin haber establecido: 1.- el impacto actual de los agentes contaminantes sobre las comunidades del fondo y de la columna de agua, y 2.-el impacto adicional de la perturbación que ocasionaría la eventual remoción de deshechos sobre los procesos biogeoquímicos en curso en y en las cercanías del fondo marino, bajo y mas allá de la sombra de la concesión. Entre estos procesos se podría incluir:

• 1) consolidación físico química del sedimento,

• 2) secuestramiento de residuos inorgánicos y orgánicos incluyendo metales pesados, antibióticos, pesticidas,

• 3) degradación bacteriana de los deshechos orgánicos en curso y de otros contaminantes,

• 4) resuspensión eventual de quistes de especies que gatillarían Mareas Rojas,

• 5) dilución y exportación de deshechos a áreas vecinas (y quizás no contaminadas) y mucho mas allá de la “sombra” de cada concesión,

3.- la caracterización implícita de la ineficiencia con que ha funcionado el sistema actual de regulación de la acuicultura (e.g. vigilancia, control, sanción) que luego de investigaciones en el periodo 2011-2015 de la Contraloría General de la República concluyó que Subpesca y Sernapesca no cumplieron sus funciones de fiscalización y regulación de la acuicultura. Tal aparente “corrupción” como fuera definida no habría sido superada como se hizo evidente recientemente en el caso de Nova Austral (descubierto y denunciado pero por periodistas). Tan aparente impunidad, (que alcanzaría a funcionarios que aún siguen en sus cargos) debe detenerse, y definirse finalizando los sumarios ordenados por la CGR, aún pendientes. púber Por todo ello, esta incompleta caracterización de ineficiencia del sistema regulatorio de la acui-cultura de anteproyecto no se ve reflejada en proposiciones sobre:

• a) cambios en la institucionalidad encargada del conocimiento del ecosistema marino y de la regulación de la acuicultura. Hemos sugerido para corregirla, la creación de un Ministerio del Mar, de divisiones de Ciencias del Mar en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y alternativamente en el Ministerio de Medio Ambiente y la creación de un Instituto de Ciencias del Mar y la Cultura con sede en Chiloé, con un núcleo de investigadores de excelencia e implementación apropiada para abordar la complejidad y multidisciplinariedad del estudio del ecosistema • b) innovación en la tipificación de las infracciones y delitos contra el ambiente y patrimonio natural del país, (incluyendo cárcel efectiva), que garantice la prevención, disuasión de los im-pactos y la reparación ambiental

• c) inclusión y adición de instrumentos y formas efectivas de garantizar la participación ciudadana (Artículos 76, 81h), componente necesario de la gobernanza del sistema.

Oportunidad de la gestión parlamentaria en la regulación de la acuicultura Esta iniciativa muestra una sensibilidad no esperada de parte de la institucionalidad del Estado de Chile en torno al deterioro ambiental de Chiloé, Aysén y resto de la Patagonia, y a la urgencia de recuperación ambiental; surge después de:

• a) 40 años de acuicultura en los mares interiores de Chiloé y resto de la Patagonia en que se ha supuesto que los efectos adversos al ambiente no son significativos,

• b) 31 años de la “Marea Café” en Chiloé que causó una reducción del 50% de la producción de salmones,

• c) 25 años de creación de la CONAMA, origen del Ministerio del Medio Ambiente (hace 9 años), de dudosa capacidad de escrutinio científico, y que minimiza los enfoques ecosistémico y precautorio que exige la ley, • d) 10-15 años de subsidariedad del Estado de Chile en la evaluación y vigilancia del impacto de la acuicultura al ecosistema basados en INFAs o Informes Ambientales de la misma industria que contamina,

• e) 3- 4 años del brote/epidemia del virus ISA que se ha sumado a numerosas enfermedades alóctonas, y que eventualmente se trasmiten a la fauna autóctona,

• f) 3 años de la gran mortandad de 21 millones de salmones, que en miles de toneladas en des-composición fueron vertidos al mar, con la ocurrencia de extraordinarias varazones de mariscos, Marea Roja/2016, protesta y levantamiento ciudadano en Chiloé,

• g) 2 años del hundimiento del Buque Seikongen con 60 mil litros de petróleo y 200 ton de salmón,

• h) 1 año y 5 meses del derrame accidental de 10 toneladas de anti-incrustante venenoso para redes salmonelas que terminaron en el Lago Huillinco a través del Río Trainel; parte del der-rame fue cubierto por un nuevo camino,

• i) 1 año del escape masivo de salmones (650.000 individuos) de un centro de cultivo de la em-presa Marine Harvest,

• j) 2 meses del descubrimiento de falsificación de informaciones a Sernapesca y malas prácticas de limpieza del fondo por parte de la empresa Nova Austral, que junto a otras empresas invadió aguas prístinas de parques nacionales y territorios de pueblos originarios de Magallanes.

El impacto ambiental de estas actividades y eventos no ha sido evaluada o/y no se ha transparentado, y las sanciones a la industria acuícola y sus reparaciones al ambiente y a la sociedad han sido nulas o precarias.

La participación ciudadana

El proyecto ignora completamente la carencia de participación efectiva de la ciudadanía en la regulación de la acuicultura al eludir mencionarla como parte de la governanza y excluir cualquier modificación a este respecto.. Sin embargo debe tenerse en cuenta que no han sido precisamente las instituciones encargadas de la administración de la acuicultura, ni la industria misma, ni siquiera la Contraloría General, que han actuado proactivamente para denunciar el incumplimiento de la reglamentación. Es el rol que han asumido periodistas, documentalistas, organizaciones ambientalistas y culturales, ciudadanos, científicos, abogados independientes, etc etc.; han sido los casos de: el intento de ocupación de concesiones acuícolas frente al Santuario de Jesús Nazareno de Caguach, de parques nacionales y territorios de pueblos originarios, del hundimiento y destino de los deshechos del buque Seikongen, del frecuente escape de salmones, del rechazo a informes sobre vertimiento de salmones, de los estudios de causas de la Marea Roja/2016 y de varazones de mariscos, de las recientes falsificaciones de documentos y malas prácticas de remoción de sedimentos de Nova Austral, etc, etc...

Más aún, la ciudadanía ha denunciado por años, la indolencia de los gobiernos e industria acuícola de ignorar los fundamentos oceanográficos y ecosistémicos para la regulación de la acuicultura, que aparece como una estrategia de encubrimiento o colusión entre gobiernos y la industria acuícola, para no afectar el crecimiento económico de la industria, en desmedro del ambiente y del desarrollo socio-cultural integral de Chiloé, Aysén y Magallanes. Esto debe corregirse!.

Ya la ciudadanía percibe que las decisiones sobre el patrimonio ambiental y cultural del país se toman en las cúpulas del poder político y económico nacional y transnacional, lo que trae como resultado el desconcierto y desapego por participar en la vida cívica y política del país. Ese ciu-dadano de a pie, pescador, agricultor, de los ancestros Mapuche, Williche, Yagan, Kawésqar, de colonos e inmigrantes, etc. espera cambios legislativos, jurídicos e institucionales profundos, y acordes con el estado de crisis de la acuicultura (que el mismo proyecto diagnostica), que benefi-cien ante todo el bien común y el patrimonio ambiental de la nación.

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