Ya no se trata de intereses aparentemente contrapuestos. Se trata de la imposición una vez más de intereses particulares por sobre los colectivos, festinando amparados por la Ley, del único territorio con valor ambiental significativo que existe sobre Santiago.
Las agresiones al Cajón del Maipo comienzan en los 90´ con el proyecto GasAndes, al que por cierto nadie se opuso a que existiera, hacerlo habría sido un despropósito, si al final este negocio de Novacorp, no sólo generaba beneficios para la empresa canadiense, sino también implicaba un aporte al Plan de Descontaminación Atmosférica de Santiago. Lo controvertido fue el trazado. Autorizados a emplazarse donde resulta económica y técnicamente más rentable, la opinión de la gente resultaba irrelevante, así como los impactos reales que en el contexto de la “ley del más fuerte” son despreciables para nuestro Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Hoy se construye el proyecto “Alto Maipo” de AesGener con centrales de pasada que utilizan 75 km de túneles y que desviarán el río dejando en los períodos de sequía no más del 10% del agua en su cauce. Y no se trata de una mirada “apocalíptica” de nuestra realidad, sino de un tema de civilidad mínima, en un complejo proceso de cambio climático, en el que la falta de agua se ha convertido en una constante. ¿O es que sería posible cometer una atrocidad así en el río Sena, el Spree o en el Potomac, a 50 km de París, Berlín o Washington?
La indolencia del sector público y el privado nos lleva a preguntarnos ¿Qué evalúa el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)? Lo cierto es que nada, lo que no significa que no condicione y mejore parcialmente los proyectos. Pero los titulares no tienen la obligación de analizar y justificar ambientalmente el emplazamiento de sus proyectos por sobre otras opciones factibles. Y sin alternativas de contrastación no existe una evaluación y ponderación propiamente tal. En definitiva los proyectos se califican contra si mismos, por lo que los rechazados sólo representan a aquellos extremadamente mal diseñados y gestionados, tal como demuestra que no más allá del 5% de los proyectos sometidos al SEIA han sido rechazados o por ilegales, o por que la oferta de mitigaciones, reparaciones o compensaciones del proponente ha sido absolutamente miserable.
Hoy el Cajón del Maipo con sus más de 10 millones de visitas de turistas al año, se ve confrontado a otro proyecto que definitivamente hará cambiar sus destinos, de turístico a industrial. Se trata del proyecto minero “Escalores 3” de propiedad de la canadiense Trimetals Mining Chile SCM, y que ejecutará sondajes de hasta 500 metros de profundidad en los nacimientos del río Maipo en las faldas del Volcán Maipo, dentro del valiosísimo fundo Cruz de Piedra de propiedad de Gasco.
Un proyecto minero de estas características y envergadura, implicará a futuro miles de hectáreas cubiertas por relaves, lastres y drenajes ácidos con metales pesados vertidos en el río, sin una norma que los regule, ya que la minería está exenta de cumplir la norma de emisión por tratarse de residuos masivos. Habrá cientos de camiones mineros circulando en la única y antigua vía de acceso. De explotarse oro habrá que enfrentar residuos de cianuro. Los glaciares vecinos también serán destruidos ya que el proyecto de ley para su protección fue entorpecido por el Ministro Prokurica. Será el fin del último gran valle intocado frente a Santiago y que su dueño ha resguardado con celo todos estos años. De hecho es la única zona de la zona central de Chile en donde aún existen guanacos.
Probablemente la nueva Constitución chilena resguardará los derechos de las generaciones futuras. Es de esperar que para los 7 millones de Santiaguinos no sea demasiado tarde, ya que de lo contrario en el Cajón no habrá nada que resguardar.
Desde un punto de vista legal, el sacrificio de los territorios, su gente y su calidad ambiental no tiene límites en Chile, ya que frente a la actividad minera nada se salva, todo es autorizable, incluso conforme al Código de Minería, los proyectos en parques nacionales.
Esperamos que la nueva Constitución cambie las reglas del juego. Ya no serán los sacrosantos intereses económicos particulares por sobre el patrimonio colectivo ambiental. Será la incorporación de la dimensión intergeneracional, en donde los recursos naturales públicos sean de propiedad común de todo el pueblo, incluyendo las generaciones venideras.
Para esto en definitiva resulta necesario internalizar las consecuencias futuras de las actuales decisiones, para un Cajón del Maipo en el que sus vocaciones ambientales y territoriales son evidentes, pero que aún no se encuentran amparadas por el Estado, como tampoco el “buen vivir” de todos los chilenos
