¿A qué responde el boicot de los estudiantes a la Prueba de Selección Universitaria de esta semana? La historia de Chile puede explicar este fenómeno. En 1747 se fundó aquí la primera universidad, la Universidad de San Felipe, convirtiéndose prontamente en un importante centro de aprendizaje en América del Sur, destinada a educar a las elites coloniales. Durante la primera mitad del siglo XIX sufrió cambios puesto que la independencia urgía formar un nuevo tipo de ciudadano con ideales patrióticos y nacionales, y la universidad debía asumir esa tarea. Así, ésta pasó de una mentalidad colonial a una republicana (Serrano, 1994), culminando en la fundación de la Universidad de Chile en 1843. Se esperaba que ésta conduciría al desarrollo de una clase media con ideales culturales y educativos apropiados para la nueva sociedad republicana (Memoria Chilena, 2015), pero continuó al servicio de las elites del país por varias décadas. Durante el siglo XIX además empezaron a aparecer otras universidades en el país. La formación de profesionales estuvo al mismo tiempo vinculada al surgimiento de la clase media urbana, lo que a principios del siglo XX resultó en la aparición de nuevos "actores" en el sistema universitario, creándose en 1906 la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. La Universidad de Chile continuó expandiéndose en las décadas siguientes, estableciendo oficinas provinciales en la primera mitad del siglo XX, confirmándose como universidad nacional. Las reformas que sufrieron las universidades durante la década de 1960, y donde los estudiantes jugaron un papel importante, buscaban un mayor compromiso que el anterior por parte de las universidades con la investigación y con los problemas sociales (Universidad de Chile, 2002). Sin embargo, la implementación de tales reformas fue difícil debido a puntos de vista opuestos sobre el rol del Estado y de la universidad en la sociedad, reflejo de las profundas diferencias políticas en el país que alcanzaron su punto máximo con el golpe militar de Pinochet en 1973. Desde entonces el sistema universitario ha cambiado. Antes de la legislación de la dictadura, las universidades tenían derecho a establecer sus propias facultades y trayectorias profesionales particulares para los estudiantes, y a otorgar títulos profesionales y títulos académicos (Jiménez y Durán, 2011).
La financiación de la educación superior se realizaba a través del apoyo financiero incremental público basado en asignaciones presupuestarias de años anteriores y una fórmula de distribución organizada de forma flexible según el número de matrículas de estudiantes, quienes no pagaban aranceles. Además, no había una ley general de educación superior. Sin embargo, para recibir fondos públicos y obtener el derecho de otorgar certificados y títulos de educación, las nuevas universidades tuvieron que ser reconocidas legalmente (Brunner, 1986). La PSU o Prueba de Selección Universitaria, prueba estandarizada que los estudiantes egresados de cuarto medio en Chile rinden para obtener acceso a la universidad, fue introducida en el año 2003, como sucesora de la Prueba de Aptitud Académica (PAA), implementada en 1966 producto de la masificación de la educación superior, y que estuvo vigente hasta el año 2002. Anteriormente la selección para el ingreso a universidades contemplaba exámenes escritos y orales ante comisiones de cada universidad, siendo la principal la Universidad de Chile. Los criterios de contenidos y puntaje no estaban homogenizados, y la PAA quiso solucionar esa limitación.
A pesar de la masificación, durante las últimas dos décadas el sistema educativo en Chile ha sido severamente criticado tanto al interior del país y como en el extranjero, lo que algunos académicos han denominado como la "crisis en la educación" (Mönckeberg, 2005; OCDE, 2009; Espinoza y González, 2011), puesto que el sistema educativo tiene grandes contradicciones y problemas, principalmente en términos de calidad (OPECH, 2006; Espinoza y González, 2011). La mala calidad percibida es revelada año a año a través de los resultados de los estudiantes en estas mismas pruebas estandarizadas, tanto nacionales como internacionales, demostrando que existen profundas brechas entre el desempeño de estudiantes en el sistema público y el de aquellos inscritos en el sistema privado (Peña, 2002).
Además, el sistema educativo en Chile tiene problemas de inequidad, reflejo de las desigualdades sociales en otras áreas de la sociedad, hecho que ya tiene bastante evidencia empírica a su haber.
En todo el mundo, desde la década de 1980, una preocupación por la calidad condujo al desarrollo de políticas neoliberales competitivas asociadas en diferentes países, con organizaciones internacionales como la OCDE y las autoridades orientadoras de la UNESCO sobre cómo promulgarlas (OCDE, 2008; UNESCO, 2017). La competitividad internacional en educación, especialmente a través del uso de pruebas estandarizadas en el sector escolar, indica que los países con mejores resultados (concebidos como que tienen mejores resultados de "calidad"), también son aquellos con mejores indicadores de "equidad”, lo cual llevó a esta noción al centro del escenario y las agendas de políticas educativas en varios países. A principios de la década de 2000, una pareja de políticas de calidad y equidad llegó a dominar los discursos de políticas en gran parte del mundo (Vidovich, 2013b). Por lo tanto, durante la primera década del siglo XXI, fue posible observar una combinación de ideologías neoliberales, así como voces que presionando por equidad en muchas partes del globo. Este impulso por la calidad y la equidad ha sido etiquetado como "liberalismo inclusivo" o "liberalismo democrático" (Rubenson, 2008). Sobre esto, se puede decir que ha habido una hibridación ideológica, que se ha traducido en políticas híbridas a nivel nacional y universitario en varias jurisdicciones, mientras en Chile nos hemos tapado los ojos y los oídos, alabando al sistema neoliberal, sin querer escuchar ni cambiar un ápice, pues las mismas elites de la colonia mantienen su posición privilegiada en el sistema. La PSU refleja otra de las inequidades que el movimiento social de octubre está destacando en Chile ¿Qué más crisis y manifestaciones esperan las autoridades para comenzar las transformaciones que todos, en especial la juventud, necesitan para poder sobrevivir de manera sustentable en este planeta? La PSU es solo uno de los elementos de un sistema que debe transformarse con carácter de urgencia.
Victoria Valdebenito, Socióloga. Profesora Universidad Adolfo Ibáñez.
