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Puntos de cultura en Chile: una oportunidad en clave de participación para alejarse del llevar y fortalecer lo existente. Por Roberto Guerra Veas

A pocos días del inicio del gobierno de Gabriel Boric, el sector cultural vive un proceso de franca expectativa.

Al anuncio de elevar a un 1% el presupuesto nacional asignado a la cultura (actualmente en el 0.4%), se suman la reestructuración de los fondos de cultura diversificando los mecanismos de financiamiento, el fomento de la educación artística, la realización de una consulta ciudadana para la Ley de Patrimonio, el dialogo plurinacional con los pueblos originarios, entre otras medidas.

Dentro de ellas, la propuesta de implementar el programa Puntos de cultura ha despertado particular interés, sobre todo en las organizaciones culturales de base. Así la iniciativa para el “desarrollo de programas de cultura comunitaria innovadores, como Puntos de Cultura, en los que colectivos artísticos, sitios de memoria, comunidades, clubes deportivos, festivales artísticos y culturales, se articulan en pos de una identidad común”, ha generado esperanza, pero así también preguntas por su implementación: ¿cómo adecuar la actual institucionalidad cultural a esta forma distinta de enfrentar la relación con los territorios?, ¿cuáles serán los acentos en la versión local del programa?, ¿de qué forma se articulará el diálogo con los municipios, actores clave en una apuesta de este tipo?

Puntos de cultura: del llevar al reconocer

Creado en Brasil en 2004, en el gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva y con el músico Gilberto Gil como ministro de cultura, el “Programa Nacional de Cultura, Educación y Ciudadanía Cultura Viva”, se planteó revertir la tradicional asimetría en la relación del Estado con la ciudadanía, valorando la producción cultural comunitaria ya existente, alejándose de la idea de promover proyectos culturales efímeros, que sucumben entre una administración y otra.

Es así que, reconociendo y fortaleciendo a estas experiencias, históricamente excluidas de los circuitos culturales, buscó favorecer su empoderamiento y protagonismo en la definición de las actividades, entendiendo a cada Punto como un amplificador de las expresiones culturales de su comunidad. En lo operativo, tras explicitar el compromiso de las partes mediante un convenio, el Estado asume la responsabilidad de colaborar con su financiamiento mediante un subsidio anual. En este diseño, entendido como “una red orgánica de gestión, agitación y creación de cultura” (Santini, 2017:69), los Puntos de Cultura son el eje articulador.

Celio Turino, creador del programa, lo define así:

“La ecuación en que se sustenta la teoría de los Puntos de Cultura fue construida a partir de la observación empírica, con casos experimentados. Y puede ser expresada en una ecuación simple, donde la suma de Autonomía + Protagonismo resulta en un contexto favorable para la ruptura de las relaciones de dependencia o asistencialismo, tan comunes en la aplicación de políticas gubernamentales” (Turino, 2011:69). De este modo, la sencilla y efectiva apuesta del programa, buscó alejarse de la tan extendida noción de “llevar la cultura”, -donde de común las instituciones resuelven por sí y ante sí lo que es bueno para las comunidades, traducido en una oferta de productos y servicios culturales-, apostando por el reconocimiento de lo existente, como punto de partida de la gestión cultural comunitaria.

Tras el impacto del programa, le siguieron experiencias de implementación gubernamental en diversos países, como Argentina (2011), Perú (2011), Bolivia (2014), Costa Rica (2015) y Uruguay (2021), replicando la idea original en sus respectivos contextos y realizando diversas adecuaciones.

Otras experiencias similares son las desarrolladas en Ecuador, donde la Ley Orgánica de Cultura (2016), define a la cultura viva comunitaria como uno de sus principios, “concebida como las expresiones artísticas y culturales que surgen de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, a partir de su cotidianidad”, y que en su artículo 122 mandata al Instituto de Fomento a las Artes, Innovación y Creatividad a implementar una Red de Gestión Cultural Comunitaria, actualmente en proceso de desarrollo. Por su parte en México, se desarrollan el “Programa de Acciones Culturales Multilingües y Comunitarias, PACMYC y el “Programa Cultura Comunitaria”, puesto en marcha en 2019, durante el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con el propósito de “promover el ejercicio de los derechos culturales de personas, grupos y comunidades; prioritariamente con aquellas que han quedado al margen de las políticas culturales”.

A esto se suman, ejercicios de desarrollo de legislación en materia cultural en Costa Rica con la “Política Nacional de Derechos Culturales” (2013), Perú con “Ley de Promoción de los Puntos de Cultura” (2016), México con la “Ley general de cultura y derechos culturales” (2017) y la del propio Brasil con la “Política Nacional de Cultura viva” (2014), que la transformó la cultura viva en política de Estado. Junto a ello se cuentan, además, diversas iniciativas de nivel municipal en Panamá, El Salvador, Colombia, Perú y Bolivia, relacionadas con el reconocimiento y promoción de la Cultura Viva Comunitaria, con distintos niveles de desarrollo y continuidad.

En nuestro país, la temática está situada en el Programa Red cultura a través de la “Plataforma para el apoyo a Organizaciones Culturales Comunitarias”, realizando diversas iniciativas, entre las que se cuentan los “Laboratorios para Iniciativas Culturales Comunitarias”, Encuentros nacionales y desde el año 2015, un fondo concursable para “Iniciativas culturales de base comunitaria”.

En materia de Puntos de Cultura, en Chile se cuentan dos experiencias de implementación del programa en las regiones Metropolitana y de Antofagasta. La primera de ellas, de inicios del 2014, desde la Corporación Cultural de Recoleta, bajo el modelo de trabajo en red, el intercambio solidario y gestión colaborativa, se planteó “fortalecer la participación cultural de las comunidades, potenciando las expresiones culturales propias de los territorios, fortaleciendo su autonomía y empoderamiento”. Y en octubre del mismo año, desde el desde el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes Región de Antofagasta, definida como una iniciativa solidaria, de cooperación y red, con el objetivo de “apoyar a los agentes culturales que trabajan de manera colaborativa, simétrica y horizontal en forma permanente”, con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR.

Las OCC, entre la autogestión y el reconocimiento

Por su diversidad temática y organizacional, cobertura territorial y aporte de su labor, las organizaciones culturales comunitarias, OCC, constituyen uno de los agentes más dinámicos del sector cultural. Con presencia desde Putre a Puerto Williams y con base al trabajo colaborativo y la autogestión, logran concretar sus iniciativas, realizando un aporte destacado al fomento de la participación social, la asociatividad y a la expresión creativa de grupos y comunidades.

Se trata de un sector que destaca por su diversidad organizacional y temática, que actúa indistintamente entre la disputa y colaboración con la institucionalidad, realizando labores de promoción y formación artística, organización vecinal, defensa del patrimonio, investigación, historia local, comunicación popular, asociatividad, entre muchas otras, sobre todo allí donde ni el Estado ni el mercado alcanzan o muestran interés. Sin embargo, este nivel de aporte no guarda relación con la valoración que la institucionalidad cultural ha otorgado al sector. Su baja presencia en las políticas, el escaso financiamiento y espacios de diálogo que recojan sus intereses y necesidades han configurado un escenario altamente desfavorable para su desarrollo, transformándolo en el pariente pobre de la política cultural.

Sin ir más lejos, y ante este escenario, desde hace más de una década las organizaciones culturales comunitarias han venido planteando la necesidad de avanzar en el desarrollo de una política para el sector, teniendo al reconocimiento de sus experiencias y procesos por parte del Estado, como una de sus principales demandas.

Los Encuentros regionales y nacionales de gestores y animadores culturales (Santiago 2009, Concepción 2010) y los Encuentros regionales de organizaciones culturales comunitarias (2017 al 2021), fueron señeros en esa dirección, levantando diagnósticos y demandas. Asimismo, los dos Encuentros nacionales de organizaciones culturales comunitarias convocados por el Ministerio de las Culturas, las artes y el Patrimonio, (Mantagua, 2018, Vicuña 2019), profundizaron esta reflexión, incorporando la puesta en valor del trabajo y aporte que realizan al desarrollo cultural del país, en pos de una política sectorial, formulada “de abajo hacia arriba”, reconociendo sus saberes y aprendizajes.

Sin embargo, en las organizaciones culturales de base, persiste una profunda desconfianza con la oferta estatal y sus resultados, a la luz de la falta de reconocimiento y falta de apoyo, como refieren el conjunto de relatorías de los espacios de discusión de este período.

El denominado “Plan de ayuda al sector de la cultura,” promovido por el Ministerio de las Culturas en marzo de 2020, con motivo de la pandemia es fiel reflejo de esta situación. En él, las organizaciones culturales de base no figuraron como destinatarias, no siendo siquiera mencionadas en la propuesta y posteriormente incorporadas a las mesas de trabajo generadas con motivo de dicho plan, no destinando ninguna ayuda específica hacia ellas. De este modo, se ha ido configurando una tensión entre el aporte que en materia de participación y acceso a la oferta artístico-cultural generan este tipo de organizaciones e iniciativas y la escasa valoración y aporte del Estado a sus procesos.

No se trata de llevar más, sino de fortalecer lo existente

La propuesta de apoyo a la cultura comunitaria del gobierno de Gabriel Boric, constituye una oportunidad para replantear la relación institucionalidad cultural- territorio, y revertir lo que hasta ahora aparece como falta de interés y voluntad política para diseñar colaborativamente una política para el sector. Un esfuerzo que contribuya a su visibilización y fortalecimiento, enfrentando con ello, la evidente asimetría en el tratamiento con las organizaciones culturales de base, respecto de otros, como las artes y las industrias creativas, que encabezan los esfuerzos y concentran la mayoría de los recursos en los últimos años.

Más allá de los subsidios y concursos, la cultura comunitaria requiere el reconocimiento político y jurídico del Estado y atención efectiva a sus necesidades, generando mejores condiciones para el desarrollo de su labor y garantizando su autonomía e independencia.

Es por eso que no se trata de llevar más, ni mejor, insistiendo en extensionismos que se han mostrado tan verticales como ineficaces para promover la participación y el protagonismo de las comunidades, sino que de reconocer y apoyar la labor que desde hace décadas vienen realizando miles de experiencias culturales comunitarias a lo largo del país, y que no pueden seguir esperando. ¿Y por qué se lleva? porque es lo más sencillo, pero también, porque se desconoce lo que hay. Y aquí aparece quizás el mayor desafío, que no se desprende ni de presupuestos, ni de discursos, pues se trata de un gesto ético-político: conocer y reconocer en toda su profundidad y riqueza, las expresiones culturales que anidan en las comunidades.

En este camino los municipios, no son solo un apoyo, sin un actor clave, para dinamizar estos procesos, lo que supone una articulación de mayor complejidad que el traspaso de recursos o la difusión de la iniciativa, fortaleciendo y motivando a las unidades de cultura a insertarse en este proceso.

Se trata de un cambio de paradigma para generar una nueva relación del Estado con el quehacer cultural de base, en el entendido que la cultura no es solo proyecto, producto y espectáculo, también es proceso y vida en comunidad. Sin eso (romper con la idea de “llevar la cultura”, alejarse de los simulacros de participación, reconocer lo existente, fortaleciendo la participación y el protagonismo), es sólo cambiar al administrador, manteniendo las estructuras y lógicas de exclusión, que son las que precisamente se deben cambiar.

Referencias
  Corporación cultural de Recoleta (2014): “Programa Puntos de Cultura Recoleta 2014”.

  Egac, Comp. (2017): Conclusiones “Encuentro de Organizaciones Culturales Comunitarias Región Metropolitana. Participación ciudadana como un derecho social”. Disponible en: http://egac.cl/wp-content/uploads/2017/07/Conclusiones-Encuentro-OCC.pdf

  Guerra, Veas Roberto (2018): “Del yo al nosotros. Aportes para pensar la gestión cultural comunitaria”, Santiago, Ediciones Egac.

  Guerra, Veas Roberto (2021): “Pensar lo comunitario. Comunidades, cultura y participación”, Santiago, Ediciones Egac. http://egac.cl/2020/05/11/nuevo-libro-egac-pensar-lo-comunitario-la-cultura-clave-participacion-proceso/

  IberculturaViva. Chile. Recuperado de: https://iberculturaviva.org/chile/?lang=es

  Ministerio de Cultura Brasil. Secretaría de Programas y Proyectos Culturales (2005): “Programa Nacional de Arte, Educação, Cidadania e Economia Solidária. 3ª Edição”

  Ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio. “Consejo de la Cultura de Antofagasta lanza Programa “Puntos de Cultura”. Disponible en: https://www.cultura.gob.cl/eventos-actividades/consejo-de-la-cultura-lanza-programa-puntos-de-cultura/

  Programa de gobierno Apruebo Dignidad. Noviembre de 2021.

  Santini, Alexandre (2017): “Cultura Viva Comunitaria: políticas culturales en Brasil y América Latina”. Buenos Aires, RGC libros.

  Turino Celio (2011): “Puntos de cultura. El Brasil de abajo hacia arriba”. Secretaría de cultura de la Alcaldía de Medellín.

Roberto Guerra Veas es gestor cultural comunitario, fundador de la Escuela de Gestores y Animadores Culturales, Egac, Chile.

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