“El sistema de propaganda pone los límites del debate, permitiendo la crítica, pero solo dentro de un marco que refuerza los intereses dominantes.”[1]
Llegamos al día de la elección como quien llega a un examen sorpresa: con dudas, con fe intermitente y con la impresión de que el país estudió a última hora. Y, sin embargo, aquí estamos, frente a un proceso que renueva toda la Cámara, elige senadores clave y ordena el tablero político para la próxima década. Es curioso: nos preocupamos por cómo amaneció el candidato presidencial, pero olvidamos que el poder real se juega en esos nombres que casi nadie recuerda y que, paradójicamente, deciden casi todo.
Este domingo están habilitadas para votar 15.779.102 personas[2], entre ellas 885.940 electores extranjeros residentes, una cifra que suele pasar desapercibida, pero que refleja de manera nítida cómo ha cambiado la composición del padrón. Por 24 horas, la democracia se vuelve una experiencia radicalmente igualitaria: cada uno —con historia, precariedad, privilegios o incertidumbres propias— vale exactamente un voto. Nada más, nada menos.
Y lo que está en juego no es solo la administración del gobierno: son las hegemonías políticas. Se define si el país avanza hacia un ciclo de cambios, si queda atrapado en un punto muerto o si inicia un retroceso cuidadosamente empaquetado como estabilidad. Lo que se decide afecta a los partidos, sí, pero sobre todo a nosotros que somos quienes vivimos las consecuencias materiales de esas disputas. La hegemonía no es un concepto abstracto: es el marco desde el cual se distribuye poder, recursos, prioridades y relatos. Y eso —aunque no lo digan los jingles— se juega este domingo.
La atención pública, sin embargo, suele centrarse de forma casi hipnótica en la disputa presidencial. Los medios alimentan este protagonismo, los equipos de campaña lo amplifican y las redes sociales lo dramatizan hasta convertirlo en una especie de guerra santa. Entre tanto, un par de centímetros más abajo en la papeleta ocurre lo verdaderamente decisivo: la renovación completa de la Cámara de Diputadas y Diputados y la elección de 23 senadores en siete regiones. Ahí se juega la posibilidad de avanzar, frenar o modificar cualquier proyecto político. La gobernabilidad no vive en los jingles de campaña; vive en el Congreso.
En esa tensión entre lo visible y lo decisivo, la advertencia de Herman y Chomsky funciona casi como un diagnóstico estructural: el debate público nunca es tan libre como parece, y siempre se desarrolla dentro de un marco cuidadosamente administrado. No es que la ciudadanía no tenga opiniones; es que difícilmente se les permite convertirse en agenda. De ahí que la elección parlamentaria, pese a su enorme peso institucional, reciba menos atención que los gestos en cámara lenta del debate presidencial. Es el truco de siempre: nos invitan a mirar donde no ocurre lo fundamental.
La renovación de la Cámara no es un trámite administrativo; es un mecanismo de sanción, continuidad y, ocasionalmente, misericordia electoral. Hay diputadas y diputados que llegan con cuentas pendientes, otros con ambiciones nuevas y varios intentando convencer al electorado de que ocho años no son tantos si se los mira con buena voluntad. La ciudadanía, que rara vez tiene tiempo para entrar en esos matices, suele decidir con una mezcla de memoria selectiva, malestar acumulado y una sospecha generalizada de que “hay que mover un poco el tablero”. Es un método imperfecto, pero funciona mejor que cualquier algoritmo que nos hayan querido vender.
El Senado, en cambio, juega otro tiempo y otras lógicas: mandatos de ocho años que permiten continuidad, poder regional y capacidad de negociación a largo plazo. Ahí se definirán —para bien o para mal— las posibilidades legislativas del próximo ciclo político. Ese poder silencioso, más técnico que espectacular, rara vez aparece en titulares. Pero es donde se cocina el menú completo del país.
Por eso el llamado a votar no es un ritual cívico vacío ni un eslogan bienintencionado. Es un recordatorio de que la democracia, incluso con todas sus imperfecciones y límites mediáticos, sigue dependiendo de un gesto mínimo: entrar a la urna, leer la papeleta completa y asumir que la decisión no es solo sobre quién habla más fuerte en la franja, sino sobre quién tendrá en sus manos el lápiz que escribe las leyes.
Este domingo, entonces, que Dios nos pille confesados, sí; pero, sobre todo, que nos pille atentos. Atentos a que lo que realmente se decide es el marco desde el cual se gobernará —o se bloqueará— el país. Atentos a que la política real se juega más en los pasillos del Congreso que en los escenarios de campaña. Y atentos, finalmente, a que esa igualdad fugaz que nos visita cada ciclo electoral —esa en la que cada uno vale uno— es demasiado rara, demasiado precaria e importante como para ejercerla con distracción.
Rossana Carrasco Meza es Profesora de Castellano, PUC; Politóloga, PUC; Magíster en Gestión y Desarrollo Regional y Local, Universidad de Chile
[1] Edward S. Herman & Noam Chomsky, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media, Pantheon Books, 1988.
[2] Fuente: SERVEL 2025
