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¿Qué esperar hoy para la Universidad Pública chilena? Por Pablo Aravena Núñez

      Las universidades públicas hoy pasan por un momento particularmente dramático, lo que se acentúa en las regiones. No se cuenta aún con un incremente del financiamiento basal y, obligadas a la competencia por captar matrículas, o a la caza de fondos concursables, caminamos en desventaja respecto de las instituciones privadas (más livianas, con menos trabas burocráticas). El actual gobierno, pese a la extracción académica o estudiantil de sus cuadros –empezando por el Presidente– no parecen mostrar un mayor compromiso más allá de las buenas maneras, no contamos aún con ninguna acción concreta.

Para saber qué podemos esperar en este orden de cosas quizá sirva mirar atrás y examinar cual fue el “gran logro” que puso a aquellos jóvenes dirigentes universitarios en la ruta corta hacia la administración del Estado, en lo que es fundamental también comprender su relación filial con la antigua Concertación, al principio –en la fase de acumulación originaria de su capital político– tan negada,[1] pero ahora, luego de la derrota en el pasado plebiscito, tan bien asumida.[2]  

      “Miles de jóvenes han salido a manifestarse por una causa noble, grande y hermosa”, sostenía el presidente Sebastián Piñera en su discurso ante la 66º Asamblea General de Naciones Unidas, el 22 de septiembre de 2011. El oportunismo, propio del comerciante, no logra explicar del todo la benevolencia con que Piñera trataba a un movimiento estudiantil que ciertamente crecía en prestigio ante la prensa internacional. Pero ¿cuál era esa noble causa del movimiento protagonizado por los jóvenes dirigentes Giorgio Jackson y Camila Vallejo y Gabriel Boric? “Educación gratuita y de calidad”, “fin al lucro”. Los males denunciados eran los principales efectos de la política educacional heredada de Pinochet: desfinanciamiento de la educación pública y apertura a la libre iniciativa privada para dar cobertura a lo que el Estado ya no podía asumir, el financiamiento de los estudios era asumido por las familias, que terminaban adquiriendo deudas impagables para educar a sus hijos, en un modelo en que el título universitario terminó asociado a una mera inversión económica. Por otra parte, las utilidades que, por resquicios legales, lograban las instituciones privadas eran todo un escándalo. Pero lo interesante es que lo que extremó este escenario fueron las “soluciones” que se fueron implementando en los gobiernos de la Concertación, particularmente el CAE (Crédito con Aval del Estado), implementado el 2005 durante el gobierno de Ricardo Lagos, que consistía en un crédito otorgado por el sistema financiero al estudiante, quien podía elegir el porcentaje de tal producto bancario, es decir costear con él parte o el total del valor de su carrera, con un crédito a una tasa de interés de 5,8%, cuyo cobro se podía extender entre 12 a 20 años, el rol del Estado acá era formal: garante ante la institución financiera que otorgaba el crédito.

      ¿Cómo pudo aceptarse tal solución? La clave está en una sociedad que ya había asumido casi por completo las pautas culturales del neoliberalismo y no veía más alternativas. Por su parte el gobierno de turno defendió su reforma con el argumento de que esta fórmula permitía “aumentar la cobertura del sistema”. En efecto, en el 2018, el exministro de Lagos, Sergio Bitar, encargado de implementar la ley, seguía defendiendo el modelo: “recoja el hecho de que los beneficios fueron potentes. En 2000 teníamos a 400 mil estudiantes en educación superior y 10 años después, tenemos a un millón 200 mil. Tenemos una expansión que pone a Chile en los más altos índices de cobertura de educación superior”.[3] Y, en efecto, eso fue lo que ocurrió: por vía del endeudamiento se aumentó la matrícula, dentro de un sistema en que ya las universidades privadas superaban en número a las Estatales, es decir, se estimuló tanto el consumo de la educación -con la consecuente baja de la calidad en busca del abaratamiento del costo del servicio-, como el lucro de los grupos financieros y de los controladores de universidades privadas. 

      El movimiento estudiantil del 2011 llegó –decían– para hacer frente a esta realidad, que hemos abreviado acá, obligando a formular una nueva “solución”. Conviene adelantar que, aunque no podemos endosar la autoría de la llamada “Ley de gratuidad universitaria”[4] a dicho movimiento, sí es posible constatar una participación y luego una desresponsabilización de la causa invocada una vez que el movimiento sirvió de trampolín político a sus dirigentes, pues, pese a sus planteamientos críticos frente a como se iba concretando la solución,[5] prefirieron concentrar sus energías en el futuro (es decir nuestro presente). La gratuidad despachada como Ley por Bachelet el 2018, e implementada por Piñera a partir del 2019, se concretó en la forma de un voucher al portador: los postulantes al sistema universitario, luego de acreditar cierta condición socioeconómica, acceden a un monto anual correspondiente al “arancel de referencia”[6] de su carrera, otorgado por el Estado, pero que pueden hacer valer tanto en una universidad pública como en una privada adherida a la Ley, con una limitante clave: el financiamiento es vigente por los años de duración de la carrera (de reprobar y alargar su estadía, el estudiante debe asumir el pago). Esta limitante hace, en los hechos, que los estudiantes “opten” por la institución que más garantías les da de no reprobar, de tal manera que hoy el Estado traspasa miles de millones de pesos a las principales universidades privadas del país en desmedro de sus propias universidades, que bajo este modelo y sin aporte basal, hoy están al borde del precipicio. La ley de gratuidad ha terminado por estrangular a las universidades públicas, no sólo en términos económicos, sino también académicos, obligando a sus profesores a hacer piruetas insospechadas en favor de la “retención” de sus estudiantes como también de sus “titulaciones oportunas”.[7] La relación entre retención de estudiantes y sobrevida de un programa académico es hoy directa e implica una forma de coacción inadmisible sobre los y las académicos/as.

      Ya lo hemos señalado arriba: no podemos endosar esta forma en que se ha concretado la gratuidad al movimiento del 2011. Pero ¿podemos decir que sus dirigentes no tienen nada que ver con esto, más aún cuando han ido aumentando sus ámbitos de influencia? ¿Podemos decirlo si el actual gobierno amplía su gabinete con antiguos personeros de la “vieja” Concertación? La filiación entonces tiene que ver en realidad con asumir, finalmente, la política como la han hecho sus predecesores, filiación asumida en una suerte de “mayoría de edad” política.

Tal como lo señalara críticamente el también exdirigente universitario Felipe Ramírez, en un reciente balance sobre los 10 años del movimiento estudiantil: “no importa cuánto reclamen, cuánto lobby ante el Congreso se haga, cuántas movilizaciones se realicen, el sistema chileno no está en capacidad de responder a las demandas y a las necesidades de la población. Su única respuesta está dentro de las claves mismas del modelo, el endeudamiento y el gasto social focalizado en los segmentos más precarizados".[8]

      

 

NOTAS:

[1] Para un detalle d la filiación “sanguínea” entre personeros de la vieja Concertación y dirigentes del FA, ver el artículo de Macarena Segovia, “Mi tía Bachelet: la sombra concertacionista sobre el Frente Amplio, lo viejo que se niega a morir”. Fuente: https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2017/06/30/mi-tia-bachelet-la-sombra-concertacionista-sobre-el-frente-amplio-lo-viejo-que-se-niega-a-morir/

[2] Me he referido a este tema en mi columna “El regreso de Bachelet y la generación hoy en el poder: «Son nuestros hijos»”. Fuente: https://www.ciperchile.cl/2022/07/04/el-regreso-de-bachelet-y-la-generacion-en-el-poder/ , parte de los planteamientos del presente texto fueron tratados en la citada columna.

 

[3] “Bitar defiende la creación del CAE: ‘Si tuviera que volver a tomar la decisión en las circunstancias de entonces, haría lo mismo’”. https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/09/20/bitar-defiende-la-creacion-del-cae-si-tuviera-que-volver-a-tomar-la-decision-en-las-circunstancias-de-entonces-haria-lo-mismo/

[4] Ver al respecto: https://www.gob.cl/noticias/con-el-despacho-de-la-ley-de-educacion-superior-se-aprueba-en-su-totalidad-la-reforma-educacional-de-la-presidenta-bachelet/

[5] Ver la opinión de Camila vallejo en el 2015 en su columna “Gratuita y de calidad”. https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/2015/07/31/gratuita-y-de-calidad/

[6] El arancel de referencia es el valor anual de la carrera prorrateado, es decir rebajado respecto de su valor de mercado. Por lo tanto, la implementación de la gratuidad generó en el corto plazo la caída de las proyecciones económicas de las universidades, lo que redundó en una crisis y disminución del presupuesto internos, golpeando fundamentalmente a las áreas de investigación y publicaciones, para concentrar todo en la docencia como servicio.

[7] Ver al respecto el agudo artículo de Macarena Segovia, “La paradójica gratuidad universitaria que dejó el Gobierno de Bachelet”. https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2018/12/18/la-paradojica-gratuidad-universitaria-que-dejo-el-gobierno-de-bachelet/

[8] “A 10 años del movimiento estudiantil de 2011: Especialistas U. de Chile analizan sus repercusiones en la actualidad”. https://www.uchile.cl/noticias/176399/especialistas-analizan-el-movimiento-estudiantil-de-2011-y-sus-efectos

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