Estos días he tenido conversaciones, por Instagram, con colegas a propósito de las últimas noticias sobre infancia bajo protección del Estado. En algunas de esas conversaciones predominaba el dolor; en otras, la frustración; en otras, una rabia contenida que ya no encuentra dónde alojarse. Pero todas coincidían en algo: la necesidad urgente de preguntarnos, como disciplina, qué estamos haciendo realmente para proteger a niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos.
Y cuando digo “qué estamos haciendo”, no hablo solo de la colega que trabaja en una residencia. Hablo del colega del colegio, de la colega del consultorio, del jardín infantil, del hospital, del programa calle, del programa de atención a víctimas, de la colega que ejerce como consejera técnica, del trabajador social que informa, deriva, evalúa, sugiere y sostiene decisiones que muchas veces no toman forma en un solo lugar, sino en una cadena de intervenciones.
Porque cuando hablamos de infancia bajo protección del Estado, hablamos de un sistema del cual somos parte. No como observadores externos, sino como profesionales que intervienen, levantan alertas, evalúan riesgos y proponen medidas en contextos atravesados por la urgencia, la sobrecarga y el temor a equivocarse. Sabemos de lo que hablamos. Conocemos los marcos legales, los protocolos, las exigencias institucionales y también las tensiones éticas que atraviesan cada decisión.
Sin embargo, saber no siempre se traduce en proteger mejor. Y esa es una de las preguntas más incómodas que hoy debemos atrevernos a formular.
Detenernos a reflexionar no es alejarnos del hacer profesional. Es parte de él. En Trabajo Social, pensar cómo intervenimos, desde dónde decidimos y qué consecuencias tienen nuestras acciones - y omisiones - también es una forma de intervención. No reflexionar, en cambio, suele traducirse en repetir prácticas por inercia, aun cuando sabemos que no están protegiendo mejor.
Porque cuando un niño, niña o adolescente muere o sufre un daño grave bajo protección del Estado, no estamos frente a una falla aislada ni a un error individual. Estamos frente a una cadena de decisiones, omisiones y condiciones estructurales que fallaron de manera conjunta.
Ese niño del que se habla hoy en medios de comunicación no estaba fuera del sistema. Estaba dentro. Había sido observado, evaluado, derivado. Su trayectoria - como la de tantos otros - da cuenta de un sistema que funciona al límite, con dispositivos saturados, alternativas frágiles y tiempos que no siempre coinciden con las necesidades reales de cuidado. Nada de esto explica ni justifica el daño, pero sí obliga a dejar de mirar estos hechos como excepciones inevitables.
Hoy abundan los comunicados, las voces expertas en protección.
Las declaraciones de pesar.
Los minutos en televisión.
Los “lamentamos profundamente”.
Las "cartas al director"
Pero ese despliegue posterior no responde la pregunta central: qué se hizo - o no se hizo - antes. Porque la reacción institucional llega cuando el daño ya está consumado. Y lo que suele quedar fuera del foco es lo más incómodo: las alertas previas, los informes archivados, las decisiones normalizadas, las prácticas que se repiten hasta volverse rutina.
Desde el Trabajo Social sabemos que estas tragedias no ocurren de la nada. Se construyen cuando el riesgo se normaliza, cuando la precariedad se vuelve parte del funcionamiento cotidiano y cuando la protección comienza a gestionarse más como control que como cuidado. En ese escenario, la judicialización y la institucionalización dejan de ser medidas excepcionales y se transforman en respuestas automáticas.
Y entonces aparecen preguntas que no podemos seguir evitando como gremio: ¿Estamos judicializando todas las situaciones de vulneración? ¿Estamos confundiendo protección con castigo? ¿Estamos recurriendo a la institucionalización por convicción técnica o por temor a la responsabilidad? ¿Qué está pasando con los casos graves que nuestros propios colegas o duplas no están denunciando? ¿Cuál es nuestra posición ahí? Porque no todo el problema está en el exceso de judicialización. También existe el silencio. La omisión. La decisión de “esperar un poco más”, de “ver cómo evoluciona”, de traspasar la información a otro profesional como forma de aliviar la carga, de no tensionar la red, de no incomodar a la institución. Ese silencio - que a veces se justifica como prudencia o cuidado - también es una forma de intervención. Y, como toda intervención, tiene consecuencias.
Como trabajadoras y trabajadores sociales sabemos que denunciar vulneraciones no es un acto neutro. Implica conflicto, exposición, desgaste e incluso aislamiento profesional. Implica también discusiones técnicas con las policías que debieran recibir las denuncias, muchas veces con funcionarios nuevos que no conocen en profundidad la normativa vigente.
Pero también sabemos algo fundamental: no denunciar frente a situaciones graves de vulneración es una forma de intervención en sí misma. Una decisión que deja a niños, niñas y adolescentes expuestos a daños que luego lamentamos cuando ya es tarde.
Es importante decirlo con claridad: esta reflexión no apunta ni responsabiliza a personas ni a equipos específicos. Busca visibilizar una falla estructural del sistema de protección, lo que no equivale a acusar a quienes están en la primera línea del cuidado. Confundir la crítica al sistema con un ataque a los equipos empobrece el debate y termina silenciando discusiones necesarias.
Por eso esta reflexión no puede ser simplista ni binaria. No se trata de judicializar todo ni de no judicializar nada. No se trata de intervenir de forma punitiva ni de mirar hacia otro lado. Se trata de asumir que cada decisión -intervenir, derivar, denunciar o esperar - tiene efectos reales en la vida de niños, niñas y adolescentes concretos.
No podemos olvidar que el Trabajo Social fue pensado para comprender la complejidad, leer trayectorias, sostener procesos y prevenir rupturas innecesarias. Nuestro rol no es simplificar historias ni intervenir solo cuando el daño ya está instalado, sino llegar a tiempo, acompañar de verdad y decidir desde el interés superior de niños, niñas y adolescentes, no desde el temor institucional.
Este no es un debate cómodo. Es ético, político y profundamente profesional. No se trata de intervenir menos, sino de intervenir mejor. De no confundir rapidez con justicia, ni control con cuidado.
Porque cuando el lamento llega tarde, ya no protege. Solo confirma que, una vez más, la infancia quedó esperando.
