Texto de la Fundación Defensoría Popular de las y los Trabajadores
En medio de la emergencia sanitaria, el Gobierno de Sebastián Piñera ha salido a presionar un paquete de medidas económicas que claramente no dan el ancho, considerando la gravedad de la crisis que amenaza a nuestro país. Y todo porque no existe la voluntad política de tomar posturas que permitan realmente racionalizar nuestra economía para hacer frente a la crisis. Pretenden tirar salvavidas que se van a desinflar antes de que podamos salir a flote, porque mantienen intacto un sistema que tolera la acumulación irracional de riquezas en manos de un mínimo porcentaje de la población, relegando al resto a la miseria.
El Gobierno se resistió fuertemente a la cuarentena, considerándola una medida exagerada, sin embargo, tomó un giro inesperado, el mismo día que ingresan el Proyecto de Ley de “protección al empleo”, decretan la cuarentena en 7 comunas de la capital y horas después, se emite el Dictamen por parte de la Dirección del Trabajo que interpreta que empleadores no deben pagar remuneraciones en caso de cuarentena. De esta forma, el Gobierno creó una situación de extrema incertidumbre y desamparo hacia los trabajadores y trabajadoras, ofreciendo en el Congreso como “solución” un Proyecto de Ley con efecto retroactivo, en virtud del cual los propios trabajadores y trabajadoras se deben financiar su remuneración utilizando sus ahorros del seguro de cesantía.
Sin embargo, este dictamen, no tiene asidero jurídico, por lo tanto, solamente es una pantalla a lo que realmente se pretende.
La DT ha incurrido en un acto ilegal e inconstitucional, excediéndose en sus facultades.
Nuestro ordenamiento jurídico consagra el principio de legalidad, que consiste en que los órganos públicos no pueden ir más allá de lo que la ley los faculta. La Dirección del Trabajo, por medio de su Dictamen, entró a regular (legislar) una materia que no se encuentra regulada en nuestro código laboral, otorgando a las empresas una facultad que está completamente fuera del sistema laboral, contraviniendo sus principios y normas. Es el Poder Legislativo el único órgano que podría introducir nuevas normas para regular una situación, incluso en momentos de crisis.
En cuanto al fondo del dictamen, la Directora del Trabajo incurre en un error grosero al aplicar lisa y llanamente el concepto de “fuerza mayor” o “caso fortuito” establecido en la regulación civil, para definir una materia del ámbito laboral, desconociendo que en este último rigen principios que dan otro marco de interpretación y que apuntan a la protección del trabajador o la trabajadora. Desconociendo además que hay una norma laboral que regula la materia, el artículo 184 bis del Código del Trabajo que impide realizar descuentos en estas situaciones.
Ahora bien, incluso si aplicara la fuerza mayor o caso fortuito, la Directora del Trabajo lo ha aplicado de forma impropia, ya que es aquel hecho imprevisible e irresistible que hace imposible cumplir la obligación. No hay fuerza mayor si la obligación se vuelve muy costosa de cumplir, si ese fuera el caso, las miles de personas que se han debido endeudar para las compras de alimento en supermercado, podrían dejar de pagar esos créditos por quedar cesantes. Si se decreta cuarentena, claramente para el o la trabajadora será imposible concurrir a su lugar de trabajo; asimismo, el empleador no podría abrir la empresa y no podría otorgar el trabajo convenido; pero no pasa lo mismo con la obligación de pagar, no podríamos afirmar que todas las empresas se vean imposibilitadas absolutamente de cumplir con el pago de las remuneraciones, si les fuere imposible por costoso proceden otras instituciones.
De esta forma, si los empleadores amparados en dicho dictamen deciden no remunerar los días de cuarentena, los trabajadores y trabajadoras tendrán que exigir ante tribunales sus pagos. De hecho, hasta el momento distintos tribunales laborales han ordenado la suspensión de actividades con derecho a remuneración. Por lo tanto, en la situación actual, sin considerar el dictamen de la Dirección del Trabajo, serían los empleadores quienes deberán pagar las remuneraciones, y el proyecto de ley viene justamente a revertir esa situación, haciendo que los propios trabajadores y trabajadoras se financien con sus ahorros del seguro de cesantía y fondos estatales de pensiones.
Re-pensar nuestra economía como tarea urgente frente a la crisis sanitaria El problema es que nuestra economía no podría soportar que sean las empresas las que paguen las remuneraciones durante el período que se encuentran paralizadas, lo que generaría un gran desempleo, ya que la mayor parte de la clase trabajadora se encuentra en medianas y pequeñas empresas, que sirven de pantalla para las grandes empresas. Es que una economía que se financia casi sólo de la exportación cobre, con nula innovación, precarización laboral, bajos salarios y mucha deuda para acceder al consumo, así como una seguridad social y servicios esenciales como fuente de ganancia empresarial, tenía los días contados y no tiene cómo garantizar la dignidad de la población en una situación de crisis.
Nos encontramos en una economía irracional, basada en mantener privilegios, donde algunos abandona su casa para ir a la playa mientras otros no tienen casa, donde hay clínicas vacías y hospitales colapsados. Una economía de este tipo no nos permitirá salir bien de esta crisis. Se requiere racionalizar la economía: que sean los grandes capitales que se han enriquecido en el país quienes solventen la crisis, lo que Piñera no hará por tener interés directo en que mantengan sus ganancias. Y de esta forma, congelar los pagos por servicios de supervivencia; que el sistema de salud funcione de forma centralizada e igualitaria, sin distinguir entre usuarios; que se generen casas de acogida; que se congelen las deudas y se impida desalojar; que la seguridad social sea un sistema destinado a dar seguridad y no para acumular riquezas, y asegurar para esta crisis un ingreso mínimo para todos y todas, de forma de asegurar la supervivencia y la cuarentena efectiva de trabajadores y trabajadoras independientes, jubilados y quienes realizan trabajo doméstico.
Si apuntamos la mirada sobre la estructura de seguridad social, vemos que las medidas de Piñera sólo le cargan la espalda a la clase trabajadora y al Estado (que se financia también por lo que esa clase produce), pero mantiene intacto un modelo privado de administración de la seguridad social, que le ha reportado jugosas ganancias a un puñado de empresarios. Por ejemplo, los mismos fondos de cesantía, en boga en estos momentos, son administrados por una sociedad anónima, la AFC (que, a su vez, es controlada por las AFP), que sólo en 2019 tuvo ganancias por $6.383 millones, que salen de la comisión que cobran de los mismos fondos de las y los trabajadores. Bien podríamos decidir des-privatizar su gestión, que el Estado administre y que esas comisiones se traduzcan en la implementación de un sistema de seguridad social que realmente ponga en el centro de la discusión, la dignidad humana y no el lucro. Se requiere además que atendamos la situación de las personas más desprotegidas y que ni siquiera han sido mencionadas en los anuncios de “salvataje” del Gobierno: adultos mayores jubilados que siguen trabajando por ser su pensión insuficiente, independientes, que trabajan por cuenta propia o se dedican al trabajo doméstico. Estas personas ni siquiera tienen seguro de cesantía, para ellas, la más completa incertidumbre.
En el futuro vendrán nuevas crisis. La emergencia climática ya estalló.
Aparecerán nuevas enfermedades. Ni este Gobierno ni este modelo sirven para garantizar el bienestar de las personas. Que por una vez se priorice la vida por sobre las ganancias de las empresas y que la paralización sirva para salvar vidas. Mientras tanto, re-pensemos nuestra economía, como dijo lúcidamente una señora a la entrada del metro "No importa que hoy tengamos que detener todo, los trabajadores podemos y podremos siempre volver a parar este país, siempre lo hemos hecho, nos podemos recuperar, pero la vida de los muertos jamás se podrá recuperar".
Fundación Defensoría Popular de las y los Trabajadores
