La reciente suspensión del ingreso de nuevas participantes al Programa Mujeres Rurales, desarrollado durante más de tres décadas por INDAP y la Fundación PRODEMU, ha abierto una discusión que excede el destino de una política pública específica. La pregunta de fondo no es únicamente, ¿qué ocurre con un programa de apoyo productivo, sino qué lugar ocupan las mujeres rurales en un país que continúa apostando por el crecimiento agroexportador mientras reduce los mecanismos institucionales orientados a sostener la vida en los territorios?
Desde 1992, el Programa Mujeres Rurales ha constituido uno de los pocos espacios estatales dirigidos específicamente a mujeres campesinas y pequeñas productoras, para miles de mujeres representaron una posibilidad concreta de organización, formación, acceso a redes y fortalecimiento de iniciativas económicas y disminución de las violencias de género presentes en los territorios rurales. La discusión actual corre el riesgo de reducirse a una evaluación presupuestaria o a una disputa sobre eficiencia estatal. Sin embargo, observada desde los territorios rurales, la situación adquiere otra dimensión.
La agroindustria, produce territorios atravesados por conflictos de agua, reducción del suelo agrícola, dependencia laboral y nuevas formas de exclusión territorial.
Campamentos, asentamientos precarios y comunidades sometidas a condiciones permanentes de incertidumbre forman parte de las geografías invisibilizadas del éxito exportador chileno. Son expresiones concretas de una economía del despojo que extrae no sólo recursos naturales, sino también las condiciones necesarias para sostener la vida.
Por ello, la pregunta que hoy deberíamos hacernos no es únicamente si un programa continúa o desaparece, sino ¿Qué mensaje transmite un Estado que mantiene intactas las condiciones estructurales que producen precariedad, mientras reduce los mecanismos destinados a acompañar a quienes enfrentan sus consecuencias?
Las mujeres rurales han demostrado históricamente que la sostenibilidad de la vida no depende exclusivamente de las políticas públicas. Redes de cuidado, organización comunitaria, economías solidarias y estrategias colectivas de resistencia continúan sosteniendo territorios enteros, aún y a pesar de las propias contradicciones estructurales vinculadas a la tenencia de la tierra y la acreditación del agua.
La discusión sobre el Programa Mujeres Rurales no trata únicamente sobre presupuestos, focalización o eficiencia estatal. Trata sobre las condiciones que permiten habitar los territorios rurales en un contexto de crisis socioecológica cada vez más profunda. Porque mientras el despojo avanza sobre el agua, la tierra y las formas comunitarias de existencia, son las mujeres quienes continúan sosteniendo cotidianamente la vida. Lo que hoy está en disputa no es un programa, sino las posibilidades mismas de seguir habitando territorios que han sido convertidos en espacios de sacrificio para la acumulación de unos pocos. Si desaparece la única política pública de alcance nacional orientada al fortalecimiento colectivo de mujeres campesinas y rurales, ¿qué lugar ocupan sus vidas, sus territorios y sus formas de organización en el horizonte político que hoy se pretende construir?
Francisca Rodó Donoso- Doctora en Ciencias Sociales Universidad Santo Tomás
