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¿Qué quedó de aquel octubre? Por Mariana Valdebenito

Desde mediados de 2019, Chile se vio volcado a un conflicto social evidenciado en los espacios públicos de diversas ciudades y regiones al que se le ha denominado, comúnmente estallido social. Dicho conflicto, logró calar en lo más hondo de la institucionalidad chilena, así como también en una serie de agenciamientos, de sistemas de relaciones, producto de aquello que se constituye como el modelo político general, pero también como una serie de estrategias previamente planteadas. En otras palabras, desde octubre de 2019 existe una crisis de representación que pone en problemas al consentimiento para que los sujetos sean gobernados, en sus límites. Un desplazamiento de las condiciones de aceptabilidad que se reveló con inusitada masividad y heterogeneidad—y prensa— como una interpelación directa a las formas y sujetos más tradicionales de lo político; apuntado a aquellos que se han beneficiado con notable holgura de cierto régimen de mercado que se impulsa desde la dictadura cívico militar en los 80, tanto en sus réditos para acumulación capitales, como de facilidades políticas para desplegarlas forzando los límites de lo que antes fue concebido como admisible.

Hay un modelo al que se apunta, uno que muestra señales de perfeccionamiento y masificación en las últimas décadas con gran éxito, penetrando en los aspectos más diversos de los sujetos que consienten, así como también en formas de vida que podrían considerarse resistentes a este régimen de verdad (comunidades LGBTIQ+, pueblos indígenas y racializados, etc. Todo tipo de interseccionalidades). Es un eje tensor entre aquellas supuestas categorías dicotómicas de gobernados y gobernantes. Debemos pensar que esto se debe a una variedad de elementos agenciados puestos en cuestión y entrelazados entre sí, tal como Deleuze y Guatari lo proponen en Mil mesetas (2004). Una red de que se despliega desde lo jurídico, científico, filosófico, político, etc. y que requiere un análisis desde su realidad productiva y posibles variantes. De este modo, el proceso durante estos años no se entiende desde lo espontáneo, sino que en una serie de agenciamientos a lo largo de décadas, especialmente desde la transición a la democracia durante la década de los 90.

Hay evidencia en los discursos, y en una seguidilla de descontentos históricos que fueron tratados atomizadamente, desatendidos en pos de mantener las brechas económicas y el régimen de poder, con o sin un planeamiento de por medio, respondiendo a una idea de desatender ciertos procesos, encomendados fuera de las esferas estatales que lograron gobernanza para los agentes económicos. Así es como una serie de movimientos tales como: los estudiantiles; las luchas de los pueblos originarios como el mapuche; las y los pobladores por el derecho a la vivienda; y los esfuerzos por hacer visibles a poblaciones altamente marginalizadas y violentadas, como mujeres y disidencias sexuales, entre otros, ilustran un panorama que contrastaba con cierto tipo de relatos aceptado durante décadas, especialmente en el marco de la transición democrática de la década de los 90 y los primeros años del presente milenio.

Ahora bien, no se puede entender con total exactitud el camino recorrido para asumir que el modelo que da lugar a este régimen de verdad neoliberal chileno, habita y se expande desde la Constitución chilena de 1980. Sabemos, o más bien podemos suponer, que la génesis del conflicto tiene larga data, como ya hemos dicho. Se transforma en carne un tipo de discurso, de lógicas y formas de llevarse a cabo avaladas en relatos que hablaban de bonanza económica y estabilidad en medio de un continente poco habituado a ellos. También, sabemos que no solamente desde aquel octubre, se apuntaba a la constitución como gestora y culpable de las problemáticas subyacentes, de las trampas constitucionales, aunque también de un punto de vista no solo normativo, sino que marcadamente interpretativo.

Tampoco podemos asegurar que “Chile despertó” efectivamente, como gran cantidad de autores se han atrevido a vociferar y hacer eco a lo largo de este tiempo, asegurando que habitamos un país completamente distinto desde aquel Octubre. Dar certeza de este punto, sugiere que quienes se han movilizado, esa variada e indeterminada cantidad de sujetos agenciados, han apuntado coreográficamente hacía una concepción fija del modelo, y más aún, canalizado en la constitución de 1980, haciendo un gallito al régimen existente para ser capaces de cambiar radicalmente el estado de la situación país en una concepción dicotómica del asunto. Pero la experiencia del conflicto durante casi tres años, no ha dado claros indicios para asegurar tal triunfo en la organización del proceso. Lo que más bien parece ser, es que ha triunfado cierto tipo de discurso que pretende abarcar la mayor cantidad de problemáticas señaladas en todos los estadios de desarrollo de la crisis chilena y que se ha volcado hacia la conquista de instancias institucionales tomadas por los sujetos políticos reprendidos socialmente en el proceso de escrutinio público durante este todo este periodo.

Si “Chile despertó”, y ese despertar ha significado gestionar un proceso constituyente a nivel nacional no lo podemos asegurar; de hecho, debemos ponerlo en bajo evidente sospecha. Sabemos que entre los interpelados, específicamente los parlamentarios y partidos políticos, se llegó a este acuerdo práctico, que empujaron un proceso históricamente democrático, en sentido electoral, pero no estrictamente participativo. La decantación de las demandas de la protesta se ha hecho por las vías de la institucionalidad, más que cambios radicales en las estructuras en las cuales se sostiene este sistema. Se han modificado algunas de sus prácticas de manera reactiva, volcándose acciones y relatos hacia el campo normativo de la eventual nueva constitución, siendo un momento inédito en la historia del país, pero nada asegura el éxito en la práctica. Nada asegura que se termine por acaparar la gran cantidad de solicitudes que se hicieron visibles en la calle y que se agudizan mientras dura la situación sanitaria del Covid-19.

Con esto, tenemos que el camino escogido, de alguna u otra manera, ha de afrontar la crisis desde lo legislativo, desde la norma jurídica futura y desde la conformación del Estado “renovado” a partir de esta; articulando cierta forma de poder y verdad que, evidentemente, no dista mucho del anterior hasta el momento, y que en su avanzada. Llevamos años observando la institucionalización de la demanda, y la constante sospecha recae en hacer peligrar a las vidas resistentes, precarizadas, que pueden estar nuevamente invisibilizadas al centrar todas las acciones en el Estado y el ejercicio del derecho.

A pocas semanas de darse por iniciada la convención constituyente, este no es un tema baladí. Es necesario pensar el lugar de la protesta en su decanto constitucional; es necesario también, pensar en aquello que quedó fuera, aquello que quedó sin modificar y agudizándose en sus contradicciones debido a que los discursos y las acciones políticas tradicionales se encargaron de que aquel octubre se volcara a lo normativo como forma de salvaguarda el proceso de cambio que aún no muestra ninguna prueba significativa en los microrelatos que le componen.

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