Llama la atención, o más bien inquieta a quienes dedican su quehacer a la Filosofía, Humanidades, Ciencias Sociales y, en general, saberes cuyo desarrollo difícilmente se puede reducir a la cuantificación, el nuevo foco y medidas adoptados por el Ministerio de Ciencias para la asignación de Becas Chile. Según la propia ministra Lincolao, este cambio se asocia principalmente al alto nivel de no retribución de la beca al país luego de que las y los becados han finalizado sus estudios. Esto, a pesar de que dicha situación correspondería solo a un 14% de las personas beneficiadas.
Ahora bien, es necesario explicar —y, en parte, también especular— el alcance de estos cambios. El foco de las declaraciones estuvo puesto en la judicialización de morosos; en mecanismos más exhaustivos para el seguimiento de beneficiarios del programa; en la priorización de los programas nacionales de postgrado por sobre los internacionales, tanto para potenciarlos como por su menor costo; y en privilegiar áreas de estudio que permitan recuperar la inversión pública y, por lo tanto, contribuir a la formación de un capital humano mejor preparado para responder a las necesidades del mercado.
Con todo esto, tenemos un panorama nebuloso. No es nuevo el fantasma que acecha el financiamiento para el desarrollo de aquello que, a ojos de una racionalidad tecnocrática, aparece como improductivo o carente de utilidad inmediata. No es una historia nueva, pero sí resulta inquietante que este lenguaje se presente hoy como discurso oficial; que la retórica utilizada hable abiertamente en términos de costo-beneficio más que del valor de la educación, del conocimiento y de la especialización de postgrado. Quizás sea un halo de sinceridad; quizás, en cambio, sea la consolidación explícita de una forma de comprender el papel del Estado en la producción de conocimiento.
Entonces, no podemos remitir el asunto solo a las becas de postgrado. Estamos presenciando algo más grande y que no debiese ser únicamente del interés de las y los becarios; de hecho, yo misma no lo soy ni pretendo serlo. Lo que parece estar en discusión no es únicamente el financiamiento de determinados programas, sino el criterio desde el cual el Estado decide qué conocimientos merecen ser promovidos y cuáles comienzan a quedar fuera del horizonte de lo financiable. Cuando el principal argumento para sostener una política pública pasa a ser el retorno económico de la inversión, el riesgo es que otras formas de conocimiento —aquellas cuyo aporte no puede medirse en productividad inmediata— comiencen a perder legitimidad.
Quizás nada de esto sea completamente nuevo ni desconocido, pero llama la atención el proceso. Llama la atención el develamiento abierto y sin tapujos de una racionalidad que reorganiza la relación entre Estado, conocimiento y educación superior bajo el lenguaje de la inversión y el rendimiento. Y, por sobre todo, hay una pregunta que vale la pena hacerse: ¿qué se pierde cuando el foco del discurso deja de estar en las personas y pasa a estar en el capital humano?
