Según la Encuesta de Discapacidad y Dependencia (ENDIDE, 2022), en Chile, el promedio de escolaridad de las Personas con Discapacidad es de 10 años, dos años menos que las personas sin discapacidad. Además, más de la mitad de las personas con discapacidad no cuentan con enseñanza media completa (50,1%), casi 22 puntos porcentuales más que la población sin discapacidad (28,4%).
Estos datos reflejan algunos de los desafíos que enfrenta el país en materia de inclusión educativa para personas con discapacidad, mostrando la importancia de potencializar la igualdad de oportunidades y la eliminación de barreras para lograr una inclusión plena y efectiva. Si bien la Ley 20.422 aborda la discapacidad estableciendo normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social, no son muchas las instituciones de Educación Superior que han adaptado sus currículos e implementado estrategias de educación inclusiva.
Aunque a la fecha hay experiencias significativas por parte de instituciones de Educación Superior que abanderan proyectos para favorecer el desarrollo de aprendizajes en condiciones de equidad, aun es incipiente la implementación de acciones apropiadas a los diferentes tipos de discapacidad para disminuir las brechas educativas.
De ahí, la necesidad de implementar medidas concretas, como el desarrollo de programas específicos, la formación y sensibilización del personal educativo y la sociedad en general, la inversión en recursos y tecnologías, y la creación de alianzas efectivas con organizaciones gubernamentales y la sociedad civil. Con este tipo de iniciativas es posible promover y garantizar un sistema educativo más justo y accesible para todos los estudiantes, independientemente de sus circunstancias.
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Luisa Consuelo Soler. Docente Universidad Autónoma de Chile
