El Ministro de Agricultura ha realizado sus primeras declaraciones respecto de la Reforma del Código de Aguas que reposa en el Congreso Nacional. (La Tercera 16 mayo 2018)
Se queja el ministro de que “queremos una discusión técnica y no ideológica y vemos que hay mucha ideología y poco conocimiento técnico”, para, a continuación, descargar sus argumentos en contra de algunos de los conceptos recogidos en la propuesta de Reforma del Código de Aguas, que uno esperaría fuesen técnicamente muy robustos.
Dos son los argumentos del Ministro, un primer argumento, según el cual no se debiera “alterar el dominio de los derechos de aprovechamiento del agua de los 300 mil agricultores, porque los agricultores transformamos esa agua en alimentos.” De todos es sabido que producir alimentos no es un argumento que justifique en sí mismo algún tipo de prelación en los usos del agua, pues en una economía de mercado esos alimentos si no se venden o bien para evitar la caída de sus precios pueden hasta ser destruidos, y en Chile, en una buena cantidad, se exportan. Claro, generan renta, pero otras actividades usuarias del agua también lo hacen.
El segundo argumento dice que si la reforma del Código de Aguas al declarar ahora los derecho de aprovechamiento del agua como indefinidos en vez de a perpetuidad como lo son actualmente, sumado al hecho de que otra modificación supone que el derecho de aprovechamiento permite el uso del recurso, más no da derecho su disposición, entonces, porqué hacer más duras sus condiciones de caducidad, en ese caso mejor elevar las multas asociadas al no uso del derecho, dejando intocado el derecho de propiedad. O sea, dice el Ministro, si en realidad las cosas no van a cambiar en extremo, de perpetuidad a indefinido, y se va a poder seguir usando el agua aunque no disponiendo del derecho de aprovechamiento (cambio que tiene amenazas de ser llevado al Tribunal Constitucional), para que introducir por la ventana una variable que pudiera afectar al actual esquema de derechos de aprovechamiento del agua al hacer más duras sus condiciones de caducidad, es decir facilitando su extinción. Es decir, ya que no va a cambiar nada sustancial, mejor no realizar ningún cambio que suponga modificar las reglas del juego.
Luego como colofón expresa, “los agricultores- transformamos el agua en alimento y no para especular. Sí hay otros especuladores en otros sectores.” El que es más bien un llamado a los Ministros de Energía, Minería y Obras Públicas, y las empresas de esos sectores, a que salgan a explicar porque no hacen nada para parar esa especulación.
No parece ser está la argumentación técnica que el propio Ministro reclama. Al final tiende uno a estar de acuerdo con él en que en este debate del agua predominan aproximaciones más bien ideológicas antes que técnicas.
Por hacer un pequeña digresión técnica, lo que sucede en este aspecto particular de la compleja y urgente reforma al código de agua, que tiene muchísimas aristas, todas ellas importantes, es que como la economía ambiental sabe hace tiempo, la asignación inicial de la propiedad de un bien público, como es el agua, es un momento crucial en el diseño y aplicación de instrumentos económicos en la gestión de un recurso natural. Pues algo que es inicialmente de todos se asigna “arbitrariamente” a unos pocos para que luego pueda funcionar un mecanismo de asignación de mercado. En el caso de Chile eso se hizo de forma no democrática, y “de esos polvos estos lodos”.
A continuación, lo que sucede ahora, es que funciona socialmente otro principio bien conocido de la economía ambiental, y es que la disponibilidad a aceptar por algo que se tiene, es mayor a la disponibilidad a pagar por algo que no se tiene. Es decir, que una persona para desprenderse de algo que considera suyo (el derecho de aprovechamiento de aguas donado por todos) siente que debe ser compensada mucho más que lo que ella misma estaría dispuesta a pagar por obtenerlo.
Eso socialmente se traduce ahora en que los que temen perder el dominio de ese derecho de aprovechamiento de aguas van a oponer una resistencia muy fuerte a cualquier cambio que pueda suponer eso.
En ocasiones los titulares de Ministerios sectoriales confunden el interés del sector con el interés de los agentes económicos presentes en el sector, con la viabilidad económica de los agentes actuales. En el caso del agua, el interés del sector, de la agricultura nacional, radica en que pueda adaptarse a un escenario hídrico que a 20 o 30 años se ve cada vez más complejo. El interés del sector radica en estar preparado para una disponibilidad de agua con mayores niveles de incertidumbre, para una gestión del agua con mayores niveles de excelencia, para unos niveles de regulación y control cada vez más altos.
La pregunta a la reforma del Código de Aguas del sector agrícola es si le facilita esa adaptación, si le permitirá a la agricultura nacional, y con ello al país, de aquí a 30 años, más allá de si se imponen mayores o menores condiciones de caducidad, mayores o menores niveles de control patrimonial sobre el recurso, que si son medidas necesarias, se van a terminar de tomar, naturalmente compensando a quien haya que compensar, obviamente dando facilidades a quien haya que dárselas.
Rodrigo Jiliberto es economista, experto internacional en análisis estratégico en ambiente y sustentabilidad, profesor de la FCFM de la Universidad de Chile, y Director del Diplomado en Políticas Públicas en Medio ambiente en IFICC.
