Durante los últimos meses, se ha enfatizado en criminalizar a través de la Unidad de coordinación macro zona sur, las recuperaciones mapuche, se evidencia esto al ver el estado de emergencia en Araucanía, donde personeros políticos como Ena von Baer, hacen llamado a extender este estado a la región, a se me olvida decir, estamos en elecciones y más de un personero político a estado sacando provecho de la situación, usando la vieja técnica de seguridad para captar votos, pero esto no termina aquí.
El Estado como sector relevante dentro de los conflictos en la costa de Valdivia, busca aumentar la represión, una solución policial y jurídica y no una respuesta política de los lof lafkenche, que básicamente seria devolución de tierras usurpadas y derechos políticos consagrados en el convenio 169 de la OIT. Esta respuesta represiva del estado, se traduce en ser las políticas del gobierno de Piñera en la región.
Esto se evidencia en la reunión en la escuela de Carabineros de Valdivia, el 22 de marzo, donde el delegado de la Coordinadora zona macro sur, Pablo Urquizar enfatiza dos cosas, un grupo jurídico que se querellará a través de la coordinadora macrozona sur en los casos más “relevantes”, lo que yo llamo designación de objetivos de interés, ósea objetivos políticos y por otro lado la búsqueda incansable del bloque de derecha de ingresar proyectos de ley que aumenten las penas de usurpación de tierras, mejoren las capacidades de inteligencia de la policía y ley antiterrorista. Básicamente represión.
Dentro de esta reunión se encuentra Cesar Asenjo el cual es el actual delegado presidencial en la región, el cual no tiene ninguna experiencia policial y desde cuando era intendente solo ha exigido demandas, querellas y represión a las comunidades, esto es conocido por todos, incluso ignorando las demandas más básica, desde la escasez de agua hasta la participación en el plano regulador. Dando visto bueno a las inmobiliarias, forestales y por no mencionar la guinda de la torta, el intento acérrimo a de transformar los planos reguladores de sector rural a sector urbano, usando diversos mecanismos para realizar un “desarrollo” que termina básicamente siendo óptimo para instalar grandes empresas y comercios, dejando a un lado el comercio local y vida rural, para algunas personas del sector es pan para hoy, hambre para mañana.
En esta reunión destacaron la PDI, Carabineros y militares. La PDI investiga a las comunidades a través de la Brigada de Investigaciones Especiales, ¿qué es especial para ellos? ¿qué pasa de lo común? ¿ las demandas?. Esto evidencia que la mesa de trabajo de la zona macro sur en Los Ríos, no busca más que cuidar intereses de unos cuantos y con plata en el bolsillo. La mezcla de la policía con la política. Esto a vista y paciencia de toda la región.
Ahí llegamos a la denuncia de los lof de la costa, donde una unidad de policía habría insertado un micrófono, esto ya sabiendo las personas de la comunidad que sus teléfonos están intervenidos. ¿Quién coordina estas unidades?. Bueno, fiscalía. El resto es historia vieja.
Para concluir, nuevas preguntas, si son capaces de poner un micrófono, sin asumir y hacerse cargo, ¿habrá infiltrados en la costa?, ¿cuántos teléfonos monitorean? y ¿cuáles son sus objetivos de interés?. Para la última pregunta algo queda muy claro, un objetivo de interés son los mapuche.
¿Quiénes tienen interés económico sobre las tierras mapuche de Curiñanco?
Estas tierras fueron loteadas en 1912 por Martin Martinez en el proceso de adjuntar las tierras mapuche, posteriormente tras recibir títulos de merced o ir a inscribir sus tierras mapuche, personas del sector se dieron cuenta de la usurpación legal de más de 600 hectáreas, las cual hoy se encuentran en manos de privados y otra parte está siendo recuperada por lof mapuche.
Les presento a la madre del cordero Maria Pia Montaner, quién compró las tierras usurpadas en una subasta en 1985, Santiago, los lof dicen que nunca la han visto salvo en fotografía y a su hijo, el abogado Sebastián Andrés Yanine Montaner y continúan demandas con el abogado Juan Pablo Mendez Pineda en representación del clan. Ella se adjudicó más de 600 hectáreas las cuales dividió en tres lotes.
Este grupo familiar vendió parte en 1995 a forestal Valdivia quien después sería absorbida el 2005 por Forestal Arauco S.A, si, la de los Angelini. Los dueños de Copec, Sociedad Minera Isla Riesco, entre otras grandes inversiones. Según la revista Forbes posee más de 1500 millones de dólares. Conocidos son en la región desde la muerte de los cisnes de cuello negro (2004) y famosos en Mehuín por querer instalar su ducto de la empresa celulosa y botar residuos al mar (2000).
Además María Pia Montaner Lewin por la módica suma de $610.000.000 (Seiscientos Diez Millones de Pesos). Habría vendido a Emilio Pino, nuestro último personaje involucrado, el cual mantiene su empresa Agrícola Curiñanco S.A, la cual más que trabajo agrícola realiza faenas de destrucción del bosque nativo, lotear el terreno, parcelado e instalando casas de alto costo.
Básicamente una empresa inmobiliaria, dentro de lo que el marco legal le permite por ser terrenos rurales y no urbanos. Esta misma empresa tras varios intentos de recuperar el territorio, mantiene resguardo policial de carabineros. Una empresa privada con guardias pagados con dineros públicos.
Esto es parte del juego silencioso que juegan los representantes del estado y empresas, haciendo oídos sordos, sin verdaderamente llegar al parlamento con las comunidades, sino agudizar mediante la represión la autonomía sobre la decisión de desarrollo que quieren las comunidades como territorio.
