En kioscos: Marzo 2020
Suscripción Comprar
es | fr | en | +
Accéder au menu

¿Quién manda aquí? Por Ignacio Carrasco

Aunque tentadoras por su simpleza y por ser exógenas al problema, las explicaciones centralizadas y planificadas de las manifestaciones sociales no dan el ancho para entender la complejidad del estallido social en Chile y en otros contextos. A continuación propongo algunas reflexiones desde el paradigma de la complejidad en torno a las preguntas de por qué el estallido no ocurrió antes, por qué no se detienen las manifestaciones, así como la eficacia de las medidas para disminuirlas. Como señala Manuel Castells en su charla del 6 de noviembre en el CEP en relación al contexto global y las manifestaciones sociales: no se trata del resultado de “…movimientos articulados y en torno a proyectos que intentan cambiar ciertas formas de las instituciones. Simplemente la gente no puede más y explota. Y explota en algunos lugares con violencia limitada en otros con violencias más extrema”. Este carácter descentralizado de los estallidos sociales, definidos por emerger de abajo hacia arriba, es opuesto a una conspiración que ofrece una explicación simple de fenómenos complejos.

Gran parte del debate actual, tanto del diagnóstico como de las medidas, gira en torno al mecanismo que explicaría la transición hacia un estado de manifestación pública de un malestar por parte de la ciudadanía, y viceversa. Aunque cuestionado por algunos, hace varios años viene desarrollándose un diagnóstico de un malestar latente en la sociedad chilena en que altos niveles de satisfacción personal coexistirían con una inseguridad humana dada por una precariedad experimentada por la amenaza de desempleo, la enfermedad, la vejez o la delincuencia (véase los informes del PNUD). Sumado a esto, el malestar estaría también compuesto por una falta de reconocimiento a los esfuerzos personales y casos de corrupción, que no sólo erosionaría el bienestar subjetivo por no sentirse respetados, sino que generaría un cuestionamiento político del orden social y de quiénes lo sostienen. Este segundo componente terminaría por disminuir aún más la ya baja legitimidad del orden social, que compensaba los altos niveles de incertidumbre.

Desde una óptica del paradigma de la complejidad, los estallidos sociales se asocian con cambios abruptos (o bajo cierto umbral) en la legitimidad e inseguridad de las personas, que generan un efecto en cadena en que la masividad incentiva a otras personas, aunque estén menos descontentas o sean más timoratas. Además, un nivel de malestar sin resolverse puede dar lugar al surgimiento de nuevos estallidos, seguidos de períodos de equilibrio acotado o puntual.

Si bien puede existir tecnología avanzada de coordinación, tal como la desarrollada por el Tsunami democràtic en Cataluña, por ejemplo, aceptar el carácter inorgánico, descentralizado de la manifestación, dejaría al margen tesis conspirativas, exógenas, centralizadas y planificadas por definición. Bajo esta lógica, me atrevería a plantear algunos puntos para reflexionar en torno a las medidas para abordar las manifestaciones.

Si bien algunos cambios pueden requerir gradualidad, la comunicación de la agenda social no debería ser gradual (ni confusa). Considerando que la agenda social apunta a disminuir el malestar vía la disminución directa de la inseguridad socioeconómica de la población, esperaría que una comunicación categórica y clara pueda tener un efecto positivo mayor. El efecto de la suma de todos los aumentos de protección social y económica (agenda social) debiese ser mucho mayor si se comunican juntos, en lugar que de manera aislada. Recordemos el principio sistémico: la suma de partes es menor que el todo.

Bajo un mecanismo similar, el acuerdo por una nueva constitución tiene el potencial de generar un salto cualitativo de legitimidad. Existe entonces un desafío mayor del sistema político por entender cuán determinante es la incorporación de actores excluidos/minorizados (e.g. mujeres, pueblos originarios, dirigentes sociales vía independientes), así como asegurar la validez de la competencia política (e.g. regulación del financiamiento para que no se dé lugar a una competencia asimétrica de grupos de intereses).

La efectividad de la fuerza pública pasaría por su capacidad de focalización. La disuasión de las manifestaciones vía represión no selectiva probablemente genera un aumento del malestar tanto vía de la inseguridad física y psicológica, como de una mayor disminución de legitimidad del sistema debido a que se percibe la policía como ente irracional. El uso de la fuerza pública cumple ciertamente un rol, pero es fundamental enfatizar que su despliegue inadecuado no sólo puede generar efectos negativos gravísimos en la población, sino que también puede ser contraproducente, poniendo en riesgo un equilibrio muy inestable antes de que se inicie el proceso constituyente.

Ante una de las preguntas del público con respecto a la respuesta de los gobiernos en ante las manifestaciones y explosiones en Hong Kong, Líbano, Cataluña, entre otros, Castells planteó: “En realidad, primero, no entienden, no entienden lo que pasa, no entienden. Segundo, sobre todo cuando se trata de explosiones y no de movimientos sociales, [preguntan], ¿y ustedes qué quieren? Y por cierto, ¿quién manda aquí? Este es el gran problema, porque les puedo asegurar que no manda nadie. Movimiento tras movimiento, tras movimiento, son las redes autoorganizadas y mensajes que se difunden, que como torbellinos se forman aquí, se forman allá”.

Compartir este artículo /