Para que una sociedad pueda funcionar en forma eficaz y eficiente en una sociedad democrática, se requiere de un Estado fuerte que funcione bien en beneficio de la sociedad. El Estado da unidad y consistencia al país, define las políticas públicas e impulsa, incentiva, promueve y controla el funcionamiento de los ciudadanos y de las entidades privadas en el seno social. Todo ello en un marco de respeto indispensable e irrenunciable a los derechos humanos. El desarrollo integral, el crecimiento económico, el bienestar en temas como educación y salud, la justicia, son materias en las cuales el Estado no puede marginarse, sino que debe actuar asertivamente y buscando consensos sociales y políticos, deseablemente en un marco de alta participación.
Uno de los problemas más graves del Estado chileno es la enorme cantidad de funciones duplicadas o poco claras para problemas que afectan la vida diaria de los habitantes. A eso debe agregarse que se ha generalizado la idea de que son los “expertos” en temas sectoriales los que deben resolver los problemas de políticas públicas, olvidando que la política exige una visión de sociedad y Estado en las grandes definiciones, dejando para los expertos la ejecución de las decisiones que corresponden al mundo político institucional.
En las líneas siguientes me centraré en un aspecto concreto y específico, entendiendo que ello redunda en ventajas de carácter general para el funcionamiento del aparato estatal.
Contra lo que algunos dirigentes de la derecha chilena sostienen, no es el tamaño del Estado lo que importa, sino que cada uno de los elementos que lo componen sean eficientes y eficaces, es decir, que funcionen como es debido. Pueden ser muchos o pocos los funcionarios, pero nunca deben exceder lo indispensable para que el Estado esté presente cumpliendo sus labores de incentivo, promoción y control.
El tema que me ocupa ahora es el gobierno.
El gobierno nacional y la participación del pueblo
Lo primero es enfrentar un tema de lenguaje: periodistas y políticos repiten permanentemente una expresión: “Gobierno central”. En Chile no hay un “Gobierno central”, sino un “Gobierno Nacional”. La expresión a que aludo es propia de los sistemas federales, donde hay Estados unidos en torno a un centro institucional que es donde residen los poderes públicos que involucran a todos los componentes “estaduales”.
El gobierno nacional en Chile debe tener presencia en todo el territorio y la estructura administrativa debe dotar de poderes suficientes a las autoridades de las provincias o regiones para que puedan resolver los problemas sin tener que recurrir a las autoridades nacionales. Por supuesto, siguiendo los modelos de otros países (¿será el famoso copy – paste?) se pensó que estableciendo la figura de los “Gobernadores Regionales” elegidos se produciría algo así. Nada más lejos: los gobernadores son una pésima idea que sólo origina gastos y desorden, ya que la administración del país le corresponde al Presidente de la República (Poder Ejecutivo) y no a otras autoridades.
Gran idea, por el contrario, podría ser perfeccionar lo que hoy se llaman Consejos Regionales, una especie de pequeño parlamento regional que puede permitir resolver la asignación de recursos escuchando los intereses de la región respectiva. En la Constitución de 1925 que, con todos sus defectos es lo mejor que hemos tenido en términos democráticos, se establecían las Asambleas Provinciales que nunca fueron creadas por la ineficacia de los políticos que veían en ella limitaciones a sus poderes. Por supuesto: la participación es enemiga de los poderes unipersonales.
Un aparato administrativo nacional con ramas regionales, con autoridades debidamente empoderadas que no deban pedir permiso a Santiago para tomar decisiones, con responsabilidad política, fortalecerá a las Regiones y a los ciudadanos locales. Eso además alivianará las tareas ministeriales, que en la práctica de hoy, deben ocuparse de cada tema regional y cualquier cosa que pase en Santiago, llega a los escritorios de los ministros.
Agrego que esos CORES o Asambleas Regionales, pueden ir de la mano de espacios de mayor participación en el nivel provincial y comunal, con autoridades elegidas democráticamente y concejos con más poder que los que tienen hoy, terminando con estas pequeñas áreas totalitarias que son las que ocupan los alcaldes. Eso debe significar que los concejales deben trabajar en el Municipio, dedicar su tiempo a áreas concretas. En vez de directores inamovibles como sucede hoy en los municipios (el peor caso es el de los directores de obras nombrados por el Ministerio de la Vivienda) debieran asumir esas funciones los concejales. Y en lugar de tener esas figuras de las corporaciones privadas en los municipios para cultura, educación, deportes, salud, poner esas tareas directamente en el municipio con mecanismos de participación de los ciudadanos y la conducción de los concejales.
Estos serían mecanismos efectivos de regionalización, descentralización, desconcentración y participación del pueblo en las decisiones importantes a través de personas elegidas que asumen tareas concretas, responsables políticamente y sujetas a todos los controles propios de la administración.
El Gabinete
A partir de la dictadura se instaló la idea, en la prensa y en sectores políticos principalmente de la derecha, que los ministros de Estado debían ser técnicos especialistas. Eso es propio de las dictaduras, donde las decisiones políticas se toman en la esfera íntima – privada, militar o política – del dictador y los ministros están encargados de ejecutarlas.
La misma dictadura creó aparatos políticos propios de su estilo: un tremendo equipo de comunicaciones a cargo del Ministerio Secretaría General de Gobierno y un Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que no era otra cosa que la Jefatura de Estado Mayor propia de los militares. Cuando se creó el Ministerio Secretaría General de Gobierno se le denominaba “Ministro sin cartera”, pues su obligación era la coordinación del gabinete y de los equipos de asesoría más cercana del Presidente de la República. El caso más claro fue el de Raúl Troncoso en el gobierno de Frei Montalva. No era un vocero ni mucho menos.
La creación de la Secretaría General de la Presidencia, atendido a que el otro ministerio estaba dedicado a labores comunicacionales, tendría por objetivo asesorar al “Presidente” y establecer la relación con la Junta de Gobierno, organismo integrado por 4 uniformados que hacían las veces de poder colegislador, como lo hace el Congreso Nacional en las democracias.
Cuando terminó la época de Pinochet y los presidentes comenzaron a ser elegidos, la función de “asesorar” al Presidente quedó en manos de un equipo coordinado por el Jefe de Gabinete (en el caso de Aylwin era su yerno). Luego se creó el “equipo de asesores del segundo piso”, es decir, sentados al lado de la oficina del Presidente y se designó un “Jefe de Asesores”, que es el cargo que ha desempeñado con gran exposición pública José Miguel Crispi en el gobierno de Boric.
Poco a poco, siguiendo las aguas marcadas por la prensa y asesores influyentes, la trama del gobierno se fue complejizando, las funciones separándose o mezclándose, repitiéndose tareas entre unos y otros y generando un aparato público enorme y muy poco eficiente.
¿Quiénes deben ser los ministros? Deben ser los encargados de dirigir la formulación de políticas públicas en áreas principales parala sociedad. Deben ser los dirigentes que, junto con el Presidente, resuelven los grandes lineamientos. Ellos no son ejecutores, son quienes inspiran, proponen, orientan y controlan el funcionamiento de las personas encargadas de aplicar las políticas públicas definidas.
El gobierno es el Presidente con sus Ministros, que deben estar en permanente contacto. No como sucede ahora en que el Consejo de Gabinete es una asamblea mensual donde es imposible tomar decisiones. Así era en la democracia de antes que, con sus limitaciones, sin embargo tenía capacidad de acción.
En estos tiempos, cada vez que suceden hechos de importancia, se piensa en crear nuevos ministerios, como si eso ayudara a solucionar algo de las urgencias que se vive.
Propuesta
Para mejorar el peso político del gobierno y su eficiencia me parece necesario reducir el número de Ministerios, agrupando sus funciones en áreas específicas a cargo de Subsecretarios con tuición nacional y jefes Regionales con autonomía, funciones claras y responsabilidad política.
¿Qué ministerios sugiero?
1 Ministerio del Interior: El ministro debe ser el jefe político del equipo de ministros y de él dependerán los asesores cercanos al Presidente (lo que hoy es segundo piso); los equipos de comunicaciones y las vocerías del gobierno; la relación con el Congreso Nacional a través de una subsecretaría específica; y la coordinación con las máximas autoridades regionales por medio de otra subsecretaría. A través suyo el gobierno se relacionará con los partidos políticos.
2 Ministerio de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional: Se ocupará de las relaciones con los demás países y los organismos internacionales (multilaterales, regionales y bilaterales); los temas de fronteras e inmigración; y todo lo relativo a las Fuerzas Armadas y la Defensa Nacional. Para esto último deberá haber una subsecretaría específica de Fuerzas Armadas y Fronteras. Nada justifica tener un Ministerio para relacionarse con los militares, quienes simplemente deben seguir las directrices que se les fije en función de las relaciones del país con el resto del mundo.
3 Ministerio de Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos: Se ocupará de todos los asuntos de la seguridad pública; la racionalización y organización del trabajo policial; la relación con los tribunales de Justicia y el Ministerio Público; los nombramientos correspondientes; el fomento, desarrollo, impulso y garantía de los derechos humanos, a través de los mecanismos e instituciones que se determine. El Ministerio debería tener una subsecretaría para cada tema central: Seguridad, Justicia y Derechos Humanos.
4 Ministerio de Recursos Naturales: A través de subsecretarías temáticas, se ocupará de los temas hoy dispersos que dicen relación con el medio ambiente; minería, agricultura, pesca, ganadería; el turismo; la energía.
5 Ministerio de Hacienda, Desarrollo Económico y Fomento de la Inversión; Industria y Comercio, con subsecretarías a cargo de cada uno de los temas, más una específica de Presupuesto Nacional.
6 Ministerio de Obras Públicas, por medio de subsecretarías de vivienda, de urbanismo, de telecomunicaciones, de transportes; de bienes nacionales y desarrollo territorial; facilitando la eficacia, eficiencia y bienestar de la población en relación con el desarrollo armónico de los espacios comunes y áreas de comunicación.
7 Ministerio de Cultura, Ciencias e instrucción pública, dando a estos temas un tratamiento debidamente integrado a todos los temas propios de estas áreas, mediante un conjunto de subsecretarías tales como: Instrucción General, Formación Superior, Ciencias y Tecnología, Culturas, Patrimonio, Desarrollo de las artes.
8 Ministerio de Desarrollo Social: considerando los temas propios de la familia y equidad de género; políticas sociales; planes de apoyo a los sectores desposeídos; infancia y personas mayores; previsión social; políticas de fomento del trabajo, a través de las subsecretarías que se harían cargo de los distintos temas.
9 Ministerio de Salud, con las subsecretarías que cuenta actualmente.
Concluyo
Lo que estoy sugiriendo es una reforma mayor del estado, donde todos los organismos podrán tener desarrollos operacionales a nivel de regiones, provincias y comunas, pero con una inspiración con criterios nacionales. No es posible que sigan sucediendo cosas como lo que pasa con el Ministerio de Transportes, que finalmente se ocupa de los problemas de Santiago, mientras el resto del país está entregado a la ley de la selva.
Un equipo de 9 Ministros y el Presidente, que se reúnan constantemente, puede ir orientando las decisiones y acciones que deben desarrollarse. De este modo no podrá suceder lo que pasa hoy, en el sentido de que para un problema (por ejemplo los socavones de Viña del Mar y Concón) deban concurrir varios Ministerios, autoridades del llamado “Gobierno regional” y dos municipios, sin que se logre avanzar casi nada.
Por cierto, estas ideas pueden parecer un borrador y de cierto modo lo son. Lo que quiero es que se empiece a debatir en este sentido. No se trata de empequeñecer el Estado, sino de dar mejores condiciones para el funcionamiento del gobierno en aras del beneficio para la población.
Jaime Hales
Abogado, escritor
Abril de 2025
