Hay un informe que salió esta semana y que casi nadie leyó. No porque no importe. Sino porque duele, y porque en este país hemos aprendido a convivir con el dolor de la infancia y adolescencia como si fuera paisaje.
El Diagnóstico 2026 de la Defensoría de la Niñez tiene 151 páginas ( https://observatorio.defensorianinez.cl/wp-content/uploads/2026 /04/Version-digital-Diagnostico-2026-Observatorio-de-Derechos.pdf ) Está escrito con datos, con tablas, con tasas por cada cien mil habitantes. Pero si uno lo lee de verdad, si uno se permite entender lo que dice, lo que queda no es información. Es una pregunta que no tiene respuesta fácil: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo normalizamos esto?
Solo el 6,4% de los niños y niñas en Chile no ha vivido ningún tipo de violencia. Léelo de nuevo. Despacio. Eso significa que casi todos los niños y niñas de este país cargan con algo que no deberían cargar. Que crecieron con miedo, con golpes, con silencio forzado, con hambre, con soledades que ningún niño debería conocer. Algunos, con diez formas distintas de violencia o más. Y eso no es una excepción. Es la norma.
3 de cada 4 adolescentes presenta síntomas de ansiedad o depresión. Los egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas aumentaron un 137% en una década. El 81% de quienes se autolesionan son niñas. Niñas. Que encontraron en su propio cuerpo el único lugar donde sentir que algo, aunque fuera el dolor, les pertenecía. 303 personas de 0 a 19 años murieron en 2024 esperando una atención de salud que el sistema no pudo darles. 280 menores de 18 años fallecieron mientras el Estado los tenía bajo su cuidado formal. No en la calle. No solos. Dentro del sistema que se supone debía protegerlos.
Esos números no son estadísticas. Son niños con nombre. Son familias que esperaron. Son trabajadoras sociales que escribieron informes, que tocaron puertas, que pidieron horas, que lucharon contra un sistema que nunca tuvo suficiente para dar.
Y esta semana, mientras ese diagnóstico circulaba casi en silencio, el Ministerio de Hacienda firmó el Decreto N°331. Con ese papel, recortó $32.721 millones al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. $12.748 millones se los quitaron al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez, el sistema que hoy cuida a los niños y niñas más vulnerados del país. $3.359 millones a la Subsecretaría de la Niñez, que financia las Oficinas Locales de la Niñez. El programa de prevención del suicidio, en riesgo. Chile Crece Contigo, ajustado. El INJUV, con un recorte del 47% y el 75% de su planta despedida, incluyendo el equipo completo que ejecutaba "Hablemos de Todo", el único programa estatal de acompañamiento en salud mental para jóvenes en situación de vulnerabilidad. Eliminado. De un decreto.
Y dos días después que todo eso se conocía, La Tercera informaba que integrantes de la Comisión Verdad y Niñez habían renunciado, acusando al Ministerio de Justicia de tomar decisiones que hacen "inviable" cumplir el mandato de esclarecer las violaciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado. La comisión creada precisamente para mirar de frente lo que el Estado le hizo a los niños más vulnerados, la que debía garantizar que eso no se repita, declarada inviable por falta de condiciones. En la misma semana. En el mismo país.
Hay algo en esa simultaneidad que no se puede ignorar. No es casualidad. Es un patrón. Porque este gobierno llegó prometiendo un cambio de verdad. Una gestión de emergencia. Un Estado que pondría orden, que sería eficiente, que haría más con menos. Y lo que está haciendo, en los hechos, es desmantelar la arquitectura de protección que tomó décadas construir y que aún así nunca fue suficiente. No está creando la emergencia que prometió atender. Está creando otra: la de los niños que se quedarán sin red. La de las familias que llegarán a la crisis sin nadie que las acompañe antes. La de los adolescentes que marcarán un número de teléfono de crisis y no habrá nadie del otro lado porque el programa fue eliminado por decreto. Eso no es un gobierno de emergencia. Es un gobierno que produce la emergencia y luego mira para otro lado.
Hay algo profundamente contradictorio en un gobierno que habla de proteger a la familia, de fortalecer los valores, de poner orden en el país, y que al mismo tiempo firma un decreto que le quita recursos al único sistema que acompaña a los niños más solos de Chile. Que elimina el programa que hablaba con los jóvenes sobre salud mental. Que deja sin condiciones a la comisión que debía hacer justicia por los niños que el Estado vulneró. La coherencia entre el discurso y las decisiones importa. Y aquí no la hay.
Leídas juntas, estas noticias son devastadoras. Y deben serlo. Porque estamos tomando decisiones que tienen nombre y apellido.
Las Oficinas Locales de la Niñez son quizás la señal más concreta de lo que está en juego. Son el dispositivo territorial que la Ley 21.430 creó para llegar a un niño antes de que llegue al punto de quiebre. Para detectar a tiempo, para acompañar a la familia antes de que colapse, para articular la red antes de que el daño sea irreparable. Hoy hay 285 en todo el país, funcionando con presupuesto insuficiente, con equipos mayoritariamente a honorarios, sin la estabilidad laboral mínima para sostener vínculos terapéuticos reales. El gobierno dice que los recortes se "reorganizarán" para fortalecerlas. Pero las OLN no necesitan más funciones sin recursos. Necesitan exactamente lo contrario: condiciones reales para cumplir las que ya tienen.
Y en el centro de todo esto, como siempre, están los trabajadores y trabajadoras sociales. Quiero detenerme aquí, porque creo que no se dice suficiente. Hay personas que eligieron esta profesión porque creyeron, de verdad, que era posible cambiar algo. Que estudiaron años para entender cómo funciona el dolor, cómo se transmite entre generaciones, cómo se interrumpe. Que aprendieron sobre derechos, sobre enfoque sistémico, sobre intervención en crisis, sobre el valor de llegar a tiempo. Y que llegaron al sistema público a encontrarse con una realidad que no tiene nada que ver con lo que les enseñaron que debía ser. Contratos a honorarios que se renuevan cada tres meses. Cientos de casos que ningún ser humano puede sostener con dignidad. Instituciones que les piden resultados sin darles condiciones. Un Estado que les delegó la responsabilidad de reparar lo que él mismo no previno, y que ahora les dice que hay que ajustarse.
El programa NAD tiene una carga de 1.653 niños por cada trabajador social. Mil seiscientos cincuenta y tres. Detrás de cada uno de esos números hay una visita domiciliaria que alguien tuvo que hacer sola, un niño que esperó semanas para ser atendido, una familia en crisis a la que nadie pudo llegar a tiempo porque la agenda ya estaba llena con otros doscientos casos urgentes. El Diagnóstico 2026 muestra que el SPE tiene uno de los porcentajes más altos de funcionarios que cesan en el mismo año que ingresan. Que las licencias médicas son un indicador estructural de agotamiento. Que hay alta rotación, cargos vacantes, sobrecarga crónica. Los trabajadores y trabajadoras sociales no están fallando. Están siendo fallados. Y cuando ellos y ellas no aguantan más y se van, los niños quedan con un expediente y sin vínculo. Y el siguiente profesional empieza de cero. Y la historia se repite.
Eso tiene un nombre: es violencia institucional. No la del golpe. La de la indiferencia sistemática. La de saber lo que pasa y decidir que no alcanza el presupuesto.
El gobierno argumenta que los recortes apuntan a programas con "ineficiencias". Pero el Diagnóstico 2026 no describe un problema de ineficiencia. Describe un problema de insuficiencia histórica y acumulada. Un sistema que nunca tuvo los recursos que necesitaba, que fue construido sobre vocaciones individuales en lugar de sobre estructuras sólidas, y que ahora enfrenta una demanda que creció sostenidamente durante años mientras el financiamiento se mantuvo estancado o bajó. El 48% de las asignaciones presupuestarias analizadas para 2026 ya venía con disminuciones antes de este nuevo recorte. No es nuevo. Es una tendencia. Y esta semana esa tendencia se aceleró.
La Ley 21.430 que el propio Estado de Chile se dio en 2022 no deja espacio para la interpretación: en contextos de restricción económica, los recursos destinados a la niñez tienen prioridad absoluta. No como aspiración política. Como mandato legal vinculante. La Convención sobre los Derechos del Niño, que Chile ratificó hace más de 35 años, obliga al Estado a destinar el máximo de recursos disponibles para proteger a la infancia. Lo que ocurrió esta semana no es solo una decisión presupuestaria cuestionable. Es una violación de compromisos que Chile asumió voluntariamente ante el mundo. Y que ahora le está cobrando a sus niños. Porque ese es el mecanismo real de estos recortes. No desaparecen los problemas. Se desplazan. La niña que no recibe acompañamiento en salud mental hoy, llega a urgencias mañana. El niño que no tiene una OLN funcionando en su comuna llega al SPE después. La familia que no recibe apoyo temprano de Chile Crece Contigo llega más tarde a la crisis. El costo no desaparece. Lo pagan los propios niños, niñas y adolescentes con más sufrimiento, y lo pagamos todos con un sistema de urgencia más caro, más tardío y menos efectivo. Y en el medio de ese desplazamiento están, otra vez, los trabajadores y trabajadoras sociales. Absorbiendo el impacto. Con más casos, menos recursos, contratos más precarios y el mismo compromiso ético que los mantiene en pie cuando todo lo demás falla.
No podemos seguir construyendo la protección de la infancia sobre la vocación de unos pocos que aguantan lo que el Estado no garantiza. No es justo para los niños. No es justo para los profesionales. Y no es sostenible.
Este país tiene una deuda con su infancia. Una deuda larga, estructural, silenciada. Y esta semana, en lugar de empezar a pagarla, un gobierno que prometió ser diferente decidió cargársela de nuevo a quienes menos pueden con ese peso. A los niños. Y a los profesionales que los cuidan con lo que tienen, que nunca es suficiente, y que igual vuelven al día siguiente.
Eso no es austeridad. No es eficiencia. No es un gobierno de emergencia. Es una elección. Y las elecciones, en materia de infancia, no se pagan en el presupuesto del próximo año. Se pagan en la vida de personas concretas que hoy mismo están creciendo en este país.
Fuentes:
Diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia 2026, Defensoría de la Niñez. Decreto N°331/2026, Ministerio de Hacienda. La Tercera, 2 de mayo de 2026. Radio Universidad de Chile, El Dínamo, Cooperativa, El Mostrador, BioBioChile (abril 2026).
