Hacia un Plan de Administración ECMPO con Perspectiva de Género Interseccional
La Ley 20.249, también conocida como Ley Lafkenche, promulgada en 2008, representa un hito en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre los espacios costeros marinos que han ocupado históricamente. Esta legislación permite que las comunidades indígenas, mediante un proceso de solicitud y aprobación, accedan a la administración de estos territorios a través de los llamados Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (ECMPO). Un componente esencial de este proceso es la elaboración de un plan de administración, documento que establece cómo se ejercerán los usos consuetudinarios en el espacio protegido.
Estos planes constituyen una oportunidad única para reflexionar sobre la relación histórica entre las comunidades indígenas y su territorio, y al mismo tiempo, proyectar cómo se quiere gestionar este espacio en el futuro. En este marco, surge la necesidad de incorporar una perspectiva de género interseccional que permita visibilizar las contribuciones de las mujeres indígenas y cuestionar las desigualdades de género que permean tanto las prácticas culturales como las dinámicas de gobernanza.
Desde una mirada antropológica y de género, las prácticas económicas y culturales de las comunidades lafkenche en los bordes costeros revelan profundas inequidades en la distribución del trabajo, el acceso a los recursos y la participación en la toma de decisiones. Las mujeres, por ejemplo, suelen estar a cargo de la recolección de algas y mariscos en la orilla, actividades que, aunque fundamentales para la sostenibilidad de las familias y comunidades, son frecuentemente desvalorizadas tanto económica como socialmente. Estas labores no solo sostienen la alimentación de las familias, sino que también contribuyen a sistemas de intercambio y redes de solidaridad que son esenciales para la reproducción cultural.
A pesar de su importancia, estas prácticas han sido históricamente invisibilizadas, relegadas al ámbito doméstico o comunitario, y excluidas de los discursos oficiales sobre la gestión de los territorios. En contraste, las actividades productivas realizadas por los hombres, como la pesca en mar abierto destinada al mercado formal, han tenido mayor reconocimiento y protagonismo en la toma de decisiones. Este desequilibrio plantea preguntas fundamentales sobre cómo garantizar una distribución más justa del poder y los recursos en las comunidades indígenas, y cómo incorporar estas consideraciones en los planes de administración de ECMPO.
La transición de las costumbres a un marco normativo y político representa un desafío y una oportunidad para transformar estas dinámicas. Los planes de administración permiten no solo preservar las prácticas culturales existentes, sino también replantearlas desde una perspectiva que fomente la equidad de género. Este ejercicio no implica únicamente reconocer el rol de las mujeres en las actividades tradicionales, sino también otorgarles un espacio en la toma de decisiones sobre el uso y gestión de los recursos. Esto incluye valorar tanto su trabajo productivo como sus aportes al cuidado y la reproducción de la vida comunitaria.
En este contexto, las experiencias de las comunidades lafkenche asociadas a la Organización Identidad Territorial Lafkenche ofrecen importantes aprendizajes. Durante el proceso de negociación y aplicación de la Ley Lafkenche, las mujeres desempeñaron un rol crucial, no solo como recolectoras y cuidadoras, sino también como portadoras y transmisoras de conocimientos culturales que fueron fundamentales para argumentar y garantizar el acceso a los territorios. Estos saberes, tradicionalmente asociados al ámbito doméstico, se transformaron en herramientas políticas al ser integrados en los discursos reivindicativos de las comunidades.
El reconocimiento de estas contribuciones ha permitido abrir nuevas reflexiones sobre la gobernanza de los ECMPO y los desafíos que implica proyectar nuevas formas de administración colectiva. Uno de los principales retos es asegurar que las decisiones sobre el uso de los recursos y la regulación de los territorios reflejen no solo las necesidades e intereses de los hombres, sino también las perspectivas y prioridades de las mujeres. Esto implica cuestionar las lógicas extractivistas y de mercado que han dominado históricamente la gestión de los recursos costeros y buscar alternativas que prioricen la sostenibilidad y la equidad.
Por ejemplo, en el caso de la recolección de algas como el luche, si bien esta actividad tiene un componente comercial, también está profundamente arraigada en sistemas de intercambio informal y valores culturales que trascienden lo meramente económico. Las mujeres, al ser protagonistas de estas prácticas, han desarrollado formas de comercialización y trueque que mantienen vivos los principios de solidaridad y reciprocidad en las comunidades. Incorporar estos valores en los planes de administración puede ayudar a construir modelos de gobernanza más inclusivos y sostenibles.
Además, es crucial considerar cómo estas dinámicas de género influyen en la distribución de beneficios económicos y en las relaciones de poder dentro de las comunidades. A menudo, los varones controlan los ingresos derivados de actividades productivas conjuntas, lo que perpetúa desigualdades en la toma de decisiones y el acceso a recursos. Los planes de administración deben abordar estas brechas, garantizando que las mujeres reciban un reconocimiento justo por su trabajo y tengan un rol activo en las decisiones que afectan su vida y la de sus comunidades.
Reflexionar sobre la gobernanza de los ECMPO desde una perspectiva de género también implica cuestionar cómo las normas sociales y culturales han sido configuradas a lo largo del tiempo y cómo pueden transformarse para promover la equidad. Esto requiere un diálogo constante entre los saberes tradicionales y los desafíos de la vida moderna, así como una deliberación colectiva que permita consensuar nuevas formas de convivencia y regulación del territorio.
La administración de los ECMPO es, en esencia, un ejercicio político que trasciende la gestión de recursos naturales para convertirse en una oportunidad de reconfigurar las relaciones de poder en las comunidades indígenas. Incorporar una perspectiva de género interseccional no solo visibiliza el aporte de las mujeres a las economías y culturas locales, sino que también fortalece la sostenibilidad y equidad de los sistemas de gobernanza costera, proyectando nuevas formas de vida comunitaria más justas e inclusivas.
Astrid Mandel Maturana, antropóloga.
