Existe amplio consenso acerca de la fragmentación del sistema político y ello ha sido al parecer una de las razones que ha motivado un acuerdo entre senadores de distintas bancadas, desde la UDI al PS.
Se ha vuelto a hablar sobre el umbral del 5%, algunas medidas antidíscolos, y otras de distinto carácter, todo ello alrededor del sistema electoral. La propuesta no difiere mucho de la que se hizo hace algunos pocos meses, como tampoco ha variado el contexto social en el que tomamos conocimiento de esta nueva versión de la misma.
Lo “novedoso”, que hace al escenario en el que sale la propuesta a la palestra pública, es la burla de las Isapres a sus afiliados al llevar a 156 meses la devolución de los excedentes, con sumas irrisorias e infamantes de cómodas cuotas que en muchos casos no alcanzan los 1.000 pesos mensuales.
Esa es la realidad en la que está inserta la iniciativa y no se puede eludir, porque salió del Ejecutivo, para ser tratada en el Congreso, como corresponde, y a partir de ahí la operativizó la Superintendencia de Isapres. Como era de esperar, los eternos defensores de las Isapres y las AFP, se desdicen de la burla, otra más, que les han hecho a los usuarios y al país.
Lo anterior viene a cuenta, porque es en el marco del “país real”, con su sistema político fragmentado y cada vez más desconectado de la realidad social, que cabe hacerse la ineludible pregunta acerca del régimen político que Chile necesita.
Si, por un lado, avanzamos hacia un sistema político que habilite el libre juego de ideas, visiones de sociedad y mundo en el que se representen y expresen todas las miradas de país y todas sus realidades territoriales; en suma, uno orientado a mejorar la vida y dibujar un país en el que quepamos todos y en el que con mejor democracia y pluralismo político robustecido podamos resolver pacíficamente las contradicciones de la sociedad. Y si no es mucho pedir, ojalá anticipándolas.
O bien, por el otro, uno en el que prime un sistema político elitizado, cerrado y ajeno lo máximo que sea posible a la interacción social y al servicio de intereses minoritarios. Es decir, continuar como estamos, acumulando contradicciones, problemas y dolores en un país en condiciones de resolverlos.
Si usted, piensa, estimado lector o lectora, en las Isapres y las AFP, en los abusos empresariales, en la corrupción y las desigualdades, actuando como coadyuvantes de un clima de malestar social que se está incubando, estamos entonces sintonizados y este texto habrá cumplido su propósito.
Como habría de suponerse, en esta reforma y todas las de su género, existen asuntos técnicos, necesarios para la debida interrelación de las partes que conforman un sistema, siendo el electoral uno más de entre otros. Sin embargo, el debate acerca del tipo de reforma al régimen político que Chile necesita es principalmente social y político, no solo electoral y su foco debe estar siempre puesto en resolver los problemas del país y no en crearlos.
Además del elemento electoral, hay más que no se pueden soslayar en una reforma al régimen político. Es el caso de su financiamiento, el equilibrio de poderes entre los órganos del Estado, fiscalización de los entes de control, entre otros, por lo que una reforma limitada solo a los umbrales, difícilmente podrá resolver el problema de gobernabilidad que se arrastra desde hace ya unos 10 años, destacando en el entramado intrapoderes del Estado la cada vez más áspera relación de los poderes Ejecutivo y Legislativo y la crisis no menos importante del poder Judicial que han develado los hechos de corrupción del así denominado “caso Hermosilla”.
Aun así, la reforma al régimen político no puede referirse solo al funcionamiento de los niveles centrales del Estado, al modo en que se articula y a su forma operativa. También será necesario abordar alguna forma complementaria de participación ciudadana a los procesos electorales en los distintos niveles y subniveles del Estado, elemento central si es que una reforma del sistema político se propone abordar la abismante distancia que existe entre parte importante de la sociedad y la política institucional, que amenaza con volverse estructural.
En ese mismo sentido, una reforma al sistema político tendrá que saber abordar la participación de las regiones y comunas en materia de recursos y competencias, de manera que les permitan mayor autonomía en la toma de decisiones y puedan abordar más eficientemente sus problemáticas cotidianas. En resumen, enfocar la reforma del sistema político exclusivamente en su dimensión electoral, compromete su efectividad y legitimidad democrática.
Carlos Cerpa Miranda, exconcejal y exdirector laboral Banco del Estado
Diciembre 4 de 2024.
