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Reforma o refundación de Carabineros de Chile. Por Ibán de Rementería

La actual crisis política e institucional que padece el país entre otras cosas ha puesto en entredicho a su sistema policial, en particular a Carabineros de Chile. La función del régimen político, del poder político en funciones, es asegurar la reproducción de las condiciones sociales de producción, las cuales en general están normadas por las leyes, tales como el código civil, código comercial, código del trabajo, etc. Si los derechos esenciales de los seres humanos como la vida, la integridad personal y la libertad son gravemente quebrantados sus transgresores son perseguidos y sancionados por el código penal. Para asegurar el cumplimiento de las leyes que rigen a la sociedad, para sancionar sus transgresiones el poder cuenta con dos instrumentos institucionales: la política criminal y las fuerzas policiales.

La política criminal está plasmada en el código penal y el sistema de justicia –tribunales de justicia, fiscalía y defensoría-, mientras que la policía tiene el monopolio del uso de la violencia para hacer cumplir la ley y las resoluciones del sistema de justicia, para “dar eficacia al derecho”, se dice. De igual manera que las fuerzas armadas tienen el monopolio de la violencia para la defensa nacional.

La función política de la policía para garantizar la reproducción de las condiciones sociales de producción es ocuparse de dos asuntos de control social: la seguridad ciudadana y el orden público. Se debe garantizar la seguridad de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas, también de sus bienes, así como del orden general de la sociedad asegurando el libre uso de los espacios y bienes públicos, la protección a la propiedad pública y la propiedad privada, asimismo debe ocuparse de la protección de las instituciones del estado, sus dignatarios y funcionarios, por si fuera poco además debe hacer cumplir las resoluciones de los tribunales de justicia. Esta tarea tan extensa y compleja hace que el presupuesto de las policías sea mayor que el presupuesto de las fuerzas armadas[1].

Si bien la actual crisis de Carabineros se muestra como i) un problema de corrupción, ii) de trasgresión de los derechos humanos y iii) de control y subordinación al poder civil, todo lo cual es innegable, esas sólo son sus manifestaciones no las causas de su crisis. La causa de la crisis de Carabineros está dicho de alguna manera en la siguiente afirmación reflexiva del General Ricardo Yáñez, Director General de Carabineros de Chile, quien después de enumerar la sobrecarga de trabajo de su institución, afirma que: “Lo otro es la situación social y las pretensiones que tienen las comunidades por derechos políticos sociales, donde hay un grupo pequeño –que opera con el factor sorpresa- que aprovechándose de esas demandas hace uso de la fuerza como un medio”[2] .

En este discurso hay dos afirmaciones que merecen destacarse, la primera nos plantea: “las pretensiones…por los derechos sociales y políticos”, el asunto es claro para la máxima autoridad policial, esos derechos de las comunidades son una pretensión solamente, no son efectivamente derechos; además, y esta es la segunda afirmación, esas pretensiones estarían sirviendo de pretexto para que una minoría haga uso de la fuerza, olvidó agregar, y de la violencia. Siempre es necesario destacar que la fuerza es contra las cosas, la propiedad, y la violencia es contra las personas.

Al día siguiente, en celebración de su aniversario institucional el General Yáñez establece el propósito último de su institución así: “Todos quienes formamos parte de este gran país merecemos vivir tranquilos y en paz. Ahí está la esencia de nuestro rol”[3]. Lo remarcado aquí como propósito institucional a proteger es la paz social, la cual estaría siendo transgredida por una minoría que de manera delictiva o criminal demanda por sus derechos sociales y políticos.

Pero, lo que le preocupa al General Yáñez, que son sólo unas minorías las que delinquen, es un dato criminológico de antiguo conocido, más aún, sabemos que pese a la altísima tasa de impunidad delincuencial, la inmensa mayoría de la población de todas manera no tiene por bien delinquir, lo cual echa por tierra a la capacidad disuasiva del poder penal: a su capacidad de prevención general[4]. Lo que constatamos es que la gente no delinque por temor a la aplicación de la ley, sino porque lo considera mejor para el conjunto de la convivencia social, también, porque no se siente apremiada a tener que delinquir para cumplir con el primer imperativo categórico que es satisfacer sus necesidades y deseos, así como los de sus dependientes.

El problema del discurso del General Yáñez es que refiere al entorno social de la delincuencia por transgresiones al orden público como unos “pretensiosos” por derechos sociales y políticos, pues cierto es que quienes delinquen son los que hacen uso de la fuerza para proveerse de esos derechos, eso es precisamente lo que expresan los saqueos. Además, claro está, los oportunistas aprovechan la ocasión. El General tampoco refiere para nada a quienes cometen delito de cuello y corbata, ni a quienes toman a saco los presupuestos públicos, lo cual ha afectado gravemente a su propia institución, ni a quienes se dejan corromper para que otros se apropien indebidamente de los bienes públicos, como los recursos naturales y el agua, las localizaciones geoestratégicas, etc.

El delito que nos debe preocupar no es una conspiración del crimen organizado, sino que aquel que es una respuesta social colectiva y difusa a la pobreza: ese es el delito común. Los delitos del crimen organizado no afectan directamente a la gente en general, pero si, aparentemente, al orden establecido[5]. Aquí, lo que se trata de establecer por las autoridades y sus expertos es a las pretensiones por los derechos sociales y políticos como una forma específica de delito y crimen organizado. Por lo general, según los especialistas, también coligados a esas otras formas del crimen organizado como son: el narcotráfico, la industria del secuestro, el robo de gasolina, el tráfico de personas, la pornografía infantil etc., en fin la mafia, lo cual en algunos casos es efectivo. Pero aquello no explica esa forma específica de delito organizado que es el delito político, que aquí en Chile iniciaron Carrera y O’Higgins, en tanto luchadores por derechos políticos, derechos que el Presidente Salvador Allende supo defender y representar con su vida frente al ataque implacable del conjunto de las fuerzas armadas y de orden, lo cual también fue un delito político organizado.

Desde Foucault pasando por Garland, Simon, O’Malley etc. sabemos que la política criminal no tiene por finalidad controlar el delito sino a la población que puede ser conflictiva, “la población de riesgo”, sobre todo a los pobres, más aún, a las y los jóvenes pobres, a las minorías raciales o culturales.

La regionalización y municipalización de las diversas funciones y tareas policiales –órdenes judiciales, control del tránsito urbano y tráfico carretero, control de eventos o atender partos y “salvar gatitos” – no cambia para nada el problema central del control del orden público y la seguridad ciudadana. Por lo cual no es inconveniente pensar en policías regionales para los asuntos de delitos comunes y de orden público, así como en policías municipales para faltas sociales o incivilidades, asuntos vecinales y de familia, tránsito y otros similares.

Estos problemas tampoco se resuelven con una mayor preparación policial, en técnicas de investigación y control policial, lo cual no estaría demás hacer, dados los fiascos de inteligencia y operativos que mostraron la Operación Huracán y el asesinato del comunero Camilo Catrillanca, o la ocupación de Temocuicui por la PDI. Tampoco el prestigio de Carabineros se recuperará con más cursos de derechos humanos, este último problema no es de cursos recibidos, sino de política pública e institucional de respeto irrestricto y protección cuidadosa a los atributos esenciales de los seres humanos como son la vida, la integridad de la persona y su libertad, de todas y todos, también, de los infractores de ley y de los inmigrantes.

Una carrera funcionaria única para Carabineros, no separada entre la carrera de los oficiales y la que realiza la tropa, es imprescindible en términos de derechos laborales y desarrollo institucional del personal, pero no resuelve los problemas que actualmente padece esta institución policial.

El problema central que tiene Carabineros es que debe aplicar una política criminal de control del orden público, también de control del delito común eventualmente, que hace de la trasgresión de los DDHH una forma sistemática de disuasión de las manifestaciones públicas en calles, avenidas, plazas y parques. Más aún, los registros de estas transgresiones, que sirven a su denuncia y persecución, su publicidad por todos los medios de comunicación y las redes sociales de información, también sirven para reforzar el poder disuasivo de esas transgresiones. Que oficiales de Carabineros estén reiteradamente implicados en las lesiones oculares a las y los manifestantes es la clara manifestación de que se trata de la aplicación de una política implícita de trasgresión a los derechos humanos en contra de quienes se manifiestan en las calles.  Aquí, toda la ineficacia de la aplicación de la ley penal para perseguir los delitos de orden público, se supera por medio de su trasgresión controlada pero sistemática para disuadir a la población en general de la participación en las manifestaciones públicas. A esto lo deberíamos llamar el abuso sistemático de la trasgresión de los derechos humanos para controlar el orden público, bien podemos llamar a esto “terrorismo callejero de estado”, lo cual debería ser un área específica de estudios y debates en ciencias políticas y sociales, además, claro está de políticas criminales para controlarlo.

El referente de esta “transgresión controlada” es el paramilitarismo como forma ilícita de operar que tienen los militares –sobre esto hay famosas series de TV y películas, que legitiman en la opinión pública esta manera de operar, como la ejecución de Osama Bin Laden-, aquí la dictadura militar hizo de la acción paramilitar ilícita una política de estado, eso fueron la DINA y la CNI.

Esta forma conspirativa de lograr el control del orden público transgrediendo los derechos humanos y la ley penal, evidentemente, genera una cultura institucional de lealtades conspirativas, secretismos, silencios cómplices, mirar para el lado, faltas a la verdad, engaños, etc., que abre el espacio y justifica a otros delitos por “asuntos internos”, como es de público conocimiento, todo lo que induce a cualquier estructura institucional a su disfuncionalidad, paralización, decadencia y desaparición; eso es lo que amenaza a Carabineros.

La preferencia de Carabineros por el control social sobre el control delictual lo indica un dato estadístico aportado por el General Yáñez sobre las detenciones realizadas por Carabineros, así en el último año ellos realizaron: “1,74 millones de procedimientos policiales con 724 mil detenidos”. Además: “…se han detenido a 524 mil personas por delitos contra la salud pública”, no se esclareció si estos deben sumarse o son parte de los anteriores[6].

En fin, si a los políticos se les perdió la política, como es observable en estos días, con mayor razón ésta no se vislumbra en Carabineros, pero no por su culpa exclusivamente, sobre todo por las políticas de control de orden público que diseñan y aplican las autoridades políticas. El tema no se restringe a la reforma o refundación de Carabineros, este es un asunto de política criminal, más aún, la nación debe escoger entre la reforma o refundación del estado a quien su policía sirve.

 

Ibán de Rementería

Valparaíso, abril 2021

 


[1] No incluidos los aportes a la defensa nacional por la ley del cobre.

[2] Ricardo Yáñez. “No se trata de pasar la goma y hacer desaparecer a una institución de 94 años”. La Tercera. 25 abril 2021.

 

[3] Ricardo Yañez. “Carabineros de todos”. El Mercurio. 27 abril 2021.

[4] A nivel planetario y también en Chile solo un 50% de los hechos delictivos son denunciados por las víctimas y de estos el 95% no tiene sanción alguna.

[5] Por eso les gusta Roberto Sabino, que escribe escandalosos libros sobre el tema.

 

[6] General Director pide respeto para Carabineros: “Debemos acrecentar nuestra legitimidad”. Lorena Cruzat. El Mercurio. 28 abril 2021. Estos datos no deben incluir a las 87 personas recientemente detenidas en un “hotel para adultos” por yacer allí sin permiso de circulación, infringiendo así el artículo 183 del código penal.

 

 

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