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Reformas mediatizadas por el cálculo electoral. Por Juan Pablo Cárdenas S.

En las relevantes reformas que intenta el gobierno de Boric en materia previsional y de salud el comportamiento de la clase política no altera en nada sus malas costumbres. En el Parlamento se apoyan o rechazan enmiendas conforme a los dividendos electorales que puedan obtener sus distintos actores, sin mayor interés por lo que le convenga al país, aunque se trate de demandas tan sensibles como las de los jubilados y los que esperan urgentes atenciones médicas. La verdad es que es muy difícil justificar la existencia de tantos diputados y senadores pasivos, silenciosos o irreflexivos, cuya conducta a la hora de sufragar no es nada más que la instruida por las directivas de sus partidos conforme a sus proyecciones electorales, en un año que tendremos comicios municipales y de gobernadores regionales. Aunque aseguren dirigentes políticos que siempre escuchan la voz del pueblo, lo cierto es que los primeros acuerdos han sido producto nada más que de las negociaciones cupulares entre el oficialismo y la oposición. Referentes que se encuentran prácticamente empatados en el Poder Legislativo, por lo que el voto de los pocos independientes constituye un factor crucial en la aprobación o rechazo de las distintas propuestas. Pero se sabe que estos votos también les ocasionan a estos legisladores la oportunidad de negociar prebendas con los partidarios del gobierno o de la oposición. Aunque son pocos los autodenominados independientes o descolgados, se dice que estos les están resultando muy “caros” a los distintos bloques en pugna, especialmente en víspera de elecciones o la eventualidad de ganar o perder las reformas en disputa. Lo peor es que las resoluciones que se alcanzan disgustan a unos y otros o, más bien, tienen gusto a poco o nada. Desde la Moneda se ha reconocido que lo aprobado no es lo que el oficialismo deseaba en materia de pensiones y sistema de salud. Tal como se sabe que la derecha, lo que más buscaba, era el rechazo a la idea de legislar en estas materias, para así postergar por un año el avance de ciertas reformas u obligar al Ejecutivo a desarchivar proyectos de ley de la última administración de Sebastián Piñera. De hecho, por el feriado estival, los resultados recién obtenidos por el oficialismo faltan que sean ratificados desde marzo por la Cámara Alta donde todos los pronósticos son inciertos y podría llegar a acontecer que simplemente no se llegara a legislar en materias que tocan los intereses empresariales que los sectores retardatarios con tanto celo defienden, y frente a los cuales la izquierda demuestra una actitud tan reverencial. En un país en que los gobiernos pasan, la constitución de Pinochet se mantiene y el régimen neoliberal se consolida con el voto de tirios y troyanos. Todos dicen, por ejemplo, que es urgente reajustar las pensiones de los jubilados, pero lo concreto es que pasan los años y no se determinan los montos del reajuste, en la inminencia, además, de que otros miles de nuevos jubilados sigan condenados a recibir estipendios miserables. Ante ello, lo que sí concuerdan los legisladores es la posibilidad de que los que están próximos a jubilar puedan acceder a un discreto “auto préstamo” de poco más de un millón de pesos, pero siempre que este sea cargado a sus propios ahorros previsionales, y los que lo tomen queden obligados a devolver en el tiempo que se determine. Una solución infame estimada solo como un “volador de luces”, por la misérrima cantidad convenida y su forma de reembolso. En efecto, nada o muy poco se avanza respecto de la posibilidad de reformar el sistema previsional después de que tanto se exigiera durante el Estallido Social del 2019 el fin de las administradoras de los fondos de pensiones AFPs). Parece que los intereses creados y la presencia de capitales foráneos en estas entidades puede terminar abortando una de las promesas más sentidas de la izquierda, de los gremios y sindicatos de trabajadores. Por otro lado, aunque los que hoy gobiernan prometieron el fin del sistema de las administradoras privadas de la salud (isapres), gobiernistas y opositores puede que convengan la posibilidad de que las endeudadas entidades de salud puedan elevan las cotizaciones que pagan sus usuarios, para así permitirles reunir los recursos necesarios para cumplir con el dictamen de la Corte Suprema que obliga a las isapres devolver a sus pacientes los sobreprecios cargados a sus servicios. De esta forma el salvataje de estas inescrupulosas empresas saldría del bolsillo de los propios pacientes y no de los dueños de estas entidades administradoras del gran negocio de la salud. El sentido común diría que quienes eran partidarios del término del sistema privado debieron dejar que las isapres cayeran en falencia por esta millonaria deuda acumulada por años y por sí mismas decidieran su quiebra. Pues no, la clase política se une, como tantas otras veces, para defender la propiedad privada, bajo el hipócrita argumento de que dejarlas caer en su insolvencia le pondría una severa carga al sistema público de Fonasa que sirve a la amplia mayoría de los chilenos. Por supuesto que en el debate legislativo asoman nuevamente acusaciones cruzadas de parlamentarios que estarían siendo sobornados por las isapres para salvarse de su inminente colapso. Tal como ocurriera hace unos años con la Ley de Pesca y las presiones ejercidas por las grandes empresas que explotan nuestro mar. Lo mismo ocurre en el encendido debate sobre las AFPs y la posibilidad de acceder a un sistema previsional solidario, pero todas estas acusaciones, ya sabemos, siguen el curso de la impunidad o del llamado “realismo” que impone la clase política en su defensa corporativa. Para disimular el bochornoso salto que han dado entre lo que prometieron y hoy realizan

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