UN AIRE DE INGENUIDAD
No tiene sentido culpar al gobierno de Salvador Allende, o a el mismo, del golpe de Estado ocurrido el 11 de septiembre de 1973 toda vez que hay constancia suficiente para saber que su presidencia estaba condenada antes de haber siquiera asumido, el gobierno de Nixon y Kissinger empezaron a trabajar para impedir que asumiera y luego, al no lograrlo, movieron sus piezas para dar el golpe de Estado. Mientras Allende negociaba con todas las fuerzas políticas para lograr la estabilidad que le permitiera gobernar, algunos sectores políticos, incluyendo en su propio partido socialista, exigían acelerar los procesos de cambios, bajo la consigna avanzar sin transar, tal vez por ignorancia o ingenuidad. Pero, los dados estaban echados. El proceso de reforma del Estado se inició sin duda con Arturo Alessandri Palma, quien logró al menos cambiar la constitución oligárquica por una más liberal y democrática. Desde luego el pueblo siguió exigiendo mas cambios, de ese mofo logra la presidencia de la república una alianza socialdemócrata, encabezada por los radicales, que termino con la traición. Pero, el espíritu de cambios seguirá presente y paradojalmente los mismos serán impulsados por el gobierno de Estados Unidos de América, ante el temor que el ejemplo cubano se extendiera por América. Así surge la Alianza para el Progreso que impulsara los procesos de reforma agraria principalmente.
LA IMPUNIDAD
La ruptura democrática promovido por el gobierno del norte con la participación de chilenos civiles y militares, ha quedado impune. Todas las reglas constitucionales y penales fueron rotas entonces, pero, frente al fusil no hubo poder alguno que lograra imponer la ley. Pero, si el golpe mismo ya fue una flagrantes violación del derecho interno e internacional, lo que siguió lo fue más aun, los crímenes de lesa humanidad cuyas consecuencias en la vida de las personas siguen hasta hoy. Teóricamente la impunidad no debiera existir en el derecho, toda vez que se trata de una excepción de castigo o escape de la sanción que implica legitimar el delito. En el derecho internacional de los derechos humanos, se refiere a la imposibilidad de llevar a los violadores de los derechos humanos ante la justicia y, como tal, constituye en sí misma una negación a sus víctimas de su derecho a ser reparadas. El mal ejemplo cunde en la sociedad cuando la clases dirigente permite la impunidad por cuanto le da argumentos al resto de la población para buscarla. La impunidad es como una epidemia y la forma de resolverlo es sancionando severamente, lo que hasta el momento no ha sucedido salvo excepciones.
UNA OPORTUNIDAD
Nadie puede desconocer que la inocencia se presume siempre, es por lo demás un derecho que tenemos todos. Pero, aparte de las sanciones penales que corresponda por ley está la condena moral. Muchos lideres de todos los colores han expresado su condena, a pesar de todo, respecto del golpe cívico militar mencionado. Pues bien, ahora se abre una nueva oportunidad para el pais para la rectificación moral gracias al celular de Hermosilla. En efecto, entre otros, varios Ministros de la Corte Suprema están ahora cuestionados por faltas graves y arriesgan la destitución. Precisamente la impunidad o justicia a medias que ha primado en nuestro pais ha agravado la sensación de inseguridad y ha roto con la idea utópica de la vigencia del Estado de Derecho. Para que haya justicia en Chile, como en cualquier otro país, se requiere una combinación de factores, tales como Estado de derecho es decir un sistema judicial independiente, imparcial y eficaz, donde las leyes se apliquen de manera justa y equitativa para todos. Hermosilla nos ha mostrado lo falso que es esa idea. Igualdad de acceso a la justicia, ello implica que todos deben tener acceso igualitario a los tribunales y servicios legales, sin importar su situación económica o social. Está claro que no es la característica de nuestro pais, hay dos justicias, uno para ricos y otra para pobres. Otro requisito para la justicia debiera ser la transparencia y rendición de cuentas: Los funcionarios públicos y instituciones deben ser transparentes y responsables ante la ciudadanía. Está claro que ello no sucede. Del mismo modo se requiere educación y conciencia cívica: La educación en derechos y deberes ciudadanos es fundamental para fomentar una cultura de respeto a la ley y la justicia. Hace rato que no lo hay (pueden ver un trabajo de investigación sobre el tema en: https://www.iidh.ed.cr/images/Publicaciones/EducaDH/Informe%20Interamericano%20de%20la%20Educacion%20en%20Derechos%20Humanos.%20Un%20estudio%20en%2019%20paises.pdf Otro requisito esencial es la participación ciudadana activa en procesos democráticos y , a su vez, la exigencia de justicia por parte de la sociedad civil son esenciales. Pero, conocemos que pasa aquí con esta exigencia. La corrupción debe ser combatida en todos los niveles para garantizar la integridad del sistema. Es justamente la tarea pendiente. La justicia es un objetivo continuo que requiere esfuerzo y compromiso constante de todos los sectores de la sociedad, de manera que aquellos que la defraudan merece los mayores sanciones y no solo las morales.
LA POLÍTICA Y LA ÉTICA
La relación entre la ética y la política es necesaria para una convivencia pacífica por cuanto la ética proporciona los principios morales que deben guiar las decisiones políticas. Los políticos tienen la responsabilidad ética de actuar en beneficio del bien común y promover la justicia social y proteger los derechos humanos. Al mismo tiempo la actuación política requiere transparencia en la toma de decisiones políticas. Por ello los políticos deben rendir cuentas de sus acciones ante la sociedad. Como nada de lo expuesto hasta aquí ha sucedido y al contrario se han acentuado los aspectos negat4ivos, es necesario que las instituciones adopten las medidas tanto para sancionar a los delincuentes que han incurrido en los actos denunciados, como establecer nuevas normas que impidan su desarrollo y proliferación.
MÁS DEMOCRACIA
Ya sabemos que muchos que hablan de democracia y libertad en realidad no les importa, sino buscan preservar sus intereses a toda costa. No obstante, la comunidad requiere que estos valores se promuevan de verdad y se materialicen. Ya sabemos que el sistema de justicia ha fallado por lo que debemos cambiarlo de manera drástica para garantizar su aplicación y funcionamiento. Una de las peores fallas es el sistema de elección de jueces y fiscales, y , por lo tanto, es sin duda conveniente recoger propuestas que se hicieron desde el Grupo de Estudios Constitucionales y de la Convención constitucional, destinadas a establecer un sistema de nombramiento de jueces y fiscales que garantice su independencia. Aunque ha pasado mucho tiempo recordemos que el Grupo de Estudios Constitucionales establecido en 1990, propuso reformar el sistema de justicia, la reorganización de la estructura judicial: crear cortes de apelaciones y tribunales especializados. Respecto de la Carrera judicial: establecer un sistema de carrera judicial para garantizar la profesionalización y estabilidad de los jueces. Participación en la elección de jueces: permitir la participación ciudadana en la elección de jueces. Ello incluía mecanismos de rendición de cuentas estableciendo mecanismos para garantizar la transparencia y rendición de cuentas del sistema de justicia. Por su parte, la Convención Constitucional propuso varios cambios significativos en los sistemas de justicia incluyendo posibles cambios en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial para garantizar mayor independencia y eficacia. Medidas para asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso igualitario a la justicia, independientemente de su situación económica o social. También mecanismos para involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones y en la rendición de cuentas del sistema de justicia. Si bien la corrupción cubre varias situaciones, es necesario que las sanciones que se apliquen tanto judicial como políticamente, constituyan un ejemplo que otorgue a la ciudadanía la seguridad de no repetición o que su comisión sea tan costosa que desanime a cualquiera. Y ello debe lograrse con más democracia.
