Las leyes forman parte de un contrato social, las cuales sirven para regular la conducta de los ciudadanos, mantener el orden social, proteger los derechos y libertades de las personas.
¿El decreto prorrogado, cuarenta y tres veces, del Régimen de Excepción salvadoreño cumple esta función? No. Este decreto ha dado vida a otras normas más estrictas, como el decreto 343 el cual legaliza acusar a una persona por medio de llamadas anónimas, reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado aumentado el tiempo de detención mas de dos años, el decreto 803 anula la individualización del delito, donde las familias de los privados de libertad tendrán que asignar, dentro de su presupuesto, el ingreso de paquetes higiénicos y de comida a sus familiares. Pero no solo se han aprobado leyes penales, si no leyes como La Ley de la Minería Metálica, otorgando a grupos económicos la extracción de minerales en tierras salvadoreñas, condonación de impuestos por mas de cinco años, a sectores inmobiliarios, en contraposición de la crisis de vivienda de sectores pobres; la Ley de ordenamiento Municipal, donde se criminaliza a los vendedores ambulantes del centro de la capital, dando paso a marcas transnacionales, que con sus ventanas europeas y luces led, iluminan una falsa economia del país centroamericano.
Estas leyes no solo han garantizado un orden, una falsa seguridad y un progreso económico para grupos selectivos, basándose en la creencia de que una sociedad disciplinada es clave para el desarrollo del país.
El Estado ha priorizado la seguridad por encima de los derechos humanos, creando un sistema de no rendición de cuentas, lleno de inseguridad y arbitrariedades.
Este modelo “penal-económico” abre la posibilidad a beneficiar a una industria carcelaria que atrae inversión y acuerdos entre gobiernos.
Es mas barato reducir el gasto público en otras carteras de Estado, para “mantener un clima de seguridad”, viendo las prórrogas como una forma de reorientar fondos hacia otras necesidades.
¿El Régimen será un “comercio de la seguridad”? ¿Está enfocando como una herramienta para garantizar la paz o para generar nuevas formas de beneficio económico?
¿Estas leyes de excepción son beneficiosas para la población o son impulsadas para una nueva oligarquía salvadoreña?
Se ha visto que el Régimen de Excepción es un modelo rentable de control social y carcelario.
La seguridad es un derecho, donde los gobiernos deben de crear políticas públicas de seguridad para toda la población y no un modelo de control social, donde los beneficiados debe ser el pueblo.
Roxana Cardona abogada penalista de El Salvador.
