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Repensar la migración en Tarapacá: de la criminalización a la integración. Por Hillary Alvarado

Actualmente, se habla de que estamos atravesando una triple crisis en la región de Tarapacá, a saber, una crisis sanitaria caracterizada por el gran aumento de casos de COVID-19, una crisis migratoria por la llegada masiva de migrantes por pasos no habilitados desde la comuna de Colchane, y una crisis de seguridad relacionada al aumento de hechos delictuales. Todo lo cual se ha canalizado en la reciente marcha del 15 de enero en forma de un grito desesperado ante la poca escucha de las autoridades centrales con respecto a las problemáticas del norte del país.

Sin embargo, hay un tema que no ha sido tan destacado últimamente, el cual dice relación con los riesgos que implica la criminalización de la migración en Tarapacá y cómo los medios de comunicación principalmente locales han exacerbado una visión del migrante como una amenaza y un sujeto de segunda categoría, sobre todo en cuanto a la población venezolana, lo cual, ha provocado un aumento de los discursos de odio en la región de Tarapacá y de la potencialidad de agresiones contra comunidades migrantes, como lo que sucedió en la marcha del 25 de septiembre del 2021 con la quema de pertenencias de familias venezolanas o con algunos episodios de agresión verbal en la marcha del 15 de enero. Por tanto, hoy en día no solo es urgente que las autoridades den respuestas eficaces ante los hechos delictuales y la sensación de inseguridad, sino que, si queremos una solución real de esta crisis humanitaria también es necesario repensar el modo en cómo comprendemos la movilidad humana en Tarapacá y reflexionar sobre la magnitud de las problemáticas particulares del fenómeno migratorio que se están viviendo en estos momentos en nuestras localidades.

La región de Tarapacá y sobre todo Iquique, está teniendo un papel importante como sociedad receptora de un tipo de migrante distinto a los que estábamos acostumbrados a acoger, pues, los que llegan hoy en día son desplazados forzados o refugiados que están escapando de graves crisis políticas y económicas de sus países de origen, sufriendo otras vulneraciones a sus derechos humanos al transitar por pasos no habilitados en Colchane. Ante este contexto, su situación migratoria irregular y especialmente sus condiciones de precariedad se han visto mediatizadas por las imágenes y videos que captan los medios de comunicación locales para denunciarlos públicamente a través de las redes sociales, lo cual, configuró la asociación del “migrante-delincuente”, donde básicamente se relaciona al migrante con una lista de características negativas, lo que no es otra cosa que estigmatizar a las personas, en efecto, “meterlas a todas en el mismo saco”.

Lo que sucedió en Plaza Brasil fue fiel reflejo de lo anterior, ya que, ante la extrema pobreza en la que vivían familias migrantes junto a niños, niñas y adolescentes se configuró un “discurso de los superiores e inferiores’’, donde los chilenos como actitud reaccionaria tomaron una posición defensiva moralista en forma de ser representantes de las buenas costumbres, es decir, de la superioridad, mientras que los migrantes, sobre todo venezolanos, fueron establecidos como lo contrario, vale decir, como el reflejo de la incivilización, las malas costumbres y, por tanto, de la inferioridad. En consecuencia, se terminó por asociar al migrante como una persona de segunda categoría, alguien que debido a su pobreza tiene menor valor y, por consiguiente, debe ser expulsado a como dé lugar. Eso explica por qué en la marcha del 25 de septiembre hubo una turba que prendió fuego a sus pocas pertenencias, pues, los discursos de rechazo y la normalización de estos en la población generan una violencia segregadora, la cual, no debería convertirse en la manera de abordar y asumir la migración actual y futura.

La consecuencia de esta estigmatización es la marginalización continua que sufren los migrantes, especialmente notoria en la ciudad de Iquique. Puesto que, llegan con altas expectativas de mejorar su calidad de vida y encontrar empleo, pero en realidad terminan viviendo en un círculo vicioso de miseria. Y no estoy hablando de sicarios, delincuentes o narcotraficantes, sino de familias sobre todo venezolanas con niños que pasan hambre la mayoría del tiempo, pues, en primer lugar, los migrantes que tienen algo de dinero se les hace muy difícil arrendar un lugar, ya que, los dueños de las habitaciones no confían en ellos y, por consiguiente, no los aceptan. En segundo lugar, los que no tienen dinero e intentan conseguir empleo también son comúnmente rechazados, porque los empleadores prefieren trabajar con personas que tengan “una nacionalidad de mejor reputación” como peruanos o bolivianos, fenómeno que en términos simples se denomina discriminación.

Por consiguiente, algunas familias migrantes ni siquiera reciben la oportunidad de poder iniciar el camino al progreso que tanto reclaman los chilenos con sus consignas de “trabajen y dejen de vivir de lo regalado”. Sumado a esto, cuando algunos migrantes logran conseguir empleo se comenta en las conversaciones cotidianas que “los extranjeros nos vienen a quitar el trabajo”. Este hecho es bastante común e incluso se ve ridículo, no obstante, es algo que pasa en la realidad, y que termina dejando al migrante en medio de nuestras propias contradicciones.

Finalmente, la única acogida que reciben los migrantes es la precariedad de las calles, las plazas, los terminales y las playas de Iquique. Es así como el desbordamiento del uso de los espacios públicos por familias migrantes con sus hijos e hijas es en parte consecuencia de la desconfianza y del rechazo de la sociedad chilena. En esta línea, muchos comentan que “ya no se puede vivir tranquilo”, pues, ir a pasear a la playa Cavancha o a consumir en los pubs del paseo Baquedano ya no es lo mismo, y es verdad, pero debemos aceptar que no solo la delincuencia e inseguridad nos ha saltado a la cara sino también la desnudez de la pobreza.

Con respecto a lo anterior, si queremos una solución real ante esta crisis es trascendental que como habitantes de Chile tomemos conciencia sobre cómo estamos recibiendo a las personas, cómo las tratamos y cómo las percibimos. Esto no se trata de un llamado a la caridad ni a “vivir de lo regalado” sino más bien de mirar al otro como un igual y de integrarlo a la sociedad.

Hillary Alvarado, iquiqueña, estudiante de Estudios Internacionales, Universidad de Chile.
Voluntaria de AMPRO Tarapacá.

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