A propósito del proyecto de ley que busca eliminar la representación laboral del directorio de Codelco, es particularmente débil y ofensivo el argumento de que hay que sacar a los trabajadores para que el directorio “se dedique a administrar”. Los representantes de los trabajadores que llegan a un directorio no tienen una categoría jurídica inferior: asumen obligaciones, responsabilidades y deberes corporativos como cualquier otro director. Ser representante de los trabajadores no significa carecer de competencias para comprender, administrar o tomar decisiones sobre una empresa.
Tampoco compartimos el argumento de que habría que eliminarlos para “liberarlos de responsabilidad”. Los trabajadores no han pedido ser liberados del derecho a participar. Si existen eventuales conflictos de interés, para eso existen incompatibilidades, abstenciones, controles y responsabilidades. La solución no puede ser eliminar una de las pocas miradas distintas que existen dentro del órgano donde se adoptan las decisiones estratégicas.
Y si se sostiene que los problemas de Codelco responden a una mala administración, entonces corresponde revisar la actuación del directorio en su conjunto. Un directorio es un órgano colegiado: las inversiones, el endeudamiento, los grandes proyectos y las definiciones estratégicas no las decide unilateralmente el representante de los trabajadores. Por eso resulta difícil comprender que frente a un diagnóstico de mala gestión la respuesta termine siendo precisamente eliminar la representación laboral.
Más contradictorio aún resulta que se pretenda reemplazar esos cupos por una mayor participación de directores de designación presidencial. Si el objetivo declarado es despolitizar y profesionalizar la administración, aumentar la influencia directa del gobierno de turno difícilmente resuelve ese problema.
Hay además algo que no puede perderse de vista. Los trabajadores aportan un conocimiento que ninguna consultoría ni director externo puede reemplazar completamente: conocen la operación, los riesgos, las capacidades, las debilidades y las consecuencias reales que pueden tener determinadas decisiones empresariales. No significa que siempre tengan razón; significa que esa mirada tiene valor y debe estar presente cuando se administra patrimonio que pertenece al Estado.
Y aquí es donde esta discusión deja de ser solamente sobre Codelco y comienza a preocuparnos también desde ENAP. Hoy nuestra legislación reconoce participación laboral en su directorio y no existe una iniciativa concreta para eliminarla. Sin embargo, cuando comienza a instalarse políticamente la idea de que la representación de los trabajadores sería incompatible con una buena administración, el mundo sindical tiene la obligación de mirar más allá del proyecto puntual.
Esa preocupación aumenta cuando, paralelamente, desde ENAP se ha hablado de evaluar asociaciones con otras empresas para desarrollar determinados negocios o proyectos.
No sostenemos que una asociación con terceros sea necesariamente una privatización; pueden existir alianzas que fortalezcan a una empresa estatal. Pero sí tenemos derecho a preguntarnos qué modelo de empresa pública se está construyendo: si las asociaciones servirán para aumentar las capacidades de ENAP o si, progresivamente, podrían significar entregar operaciones, conocimiento, activos o espacios estratégicos a terceros.
Porque una empresa no necesita dejar de ser jurídicamente estatal para ir perdiendo capacidades propias. Puede seguir perteneciendo al Estado mientras externaliza funciones, reduce dotaciones, transfiere conocimiento y aumenta su dependencia de empresas privadas. Nos preguntamos qué ENAP queremos tener en diez o veinte años y cuánto de esa empresa seguirá siendo efectivamente desarrollado por sus propios trabajadores.
Si hoy se legitima que para administrar mejor una empresa estatal hay que disminuir la presencia de los trabajadores en sus decisiones, mañana esa misma lógica puede trasladarse a ENAP. Por eso este debate hay que darlo ahora. Defender una empresa estatal no significa solamente defender quién es su propietario; también significa defender sus capacidades, sus trabajadores, su conocimiento y el derecho de quienes la sostienen diariamente a participar de las decisiones sobre su futuro.
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Graciela Vásquez Cruces es Presidenta del Sindicato de Trabajadores de ENAP Magallanes
