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Roberto Garretón agradece el Premio Nacional de Derechos Humanos

Muy estimado Sergio Micco, Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos,

Estimados integrantes del Consejo,

Muy queridos y queridas familiares y amigos

Con humildad y orgullo a la vez y con enorme gratitud, me dirijo a ustedes en este día tan especial para mí, en el cual me honran con el otorgamiento del Premio Nacional de Derechos Humanos, uno de los más altos galardones que pueda recibir un ciudadano o ciudadana chilena.

Y digo que, con humildad y orgullo, porque más que resaltar a una persona, este Premio resalta el valor que la sociedad y la República de Chile otorga a los Derechos Humanos. Y al hacerlo, no sólo honra al Premiado, sino a todos y todas quienes han dedicado sus vidas a su defensa y promoción. Cuando el 11 de septiembre de 1973, tuvimos el golpe militar de Pinochet, yo ejercía como abogado laboralista. Pero ese evento tuvo tal impacto en mi vida personal y profesional que me hizo mirar el derecho con una perspectiva diferente, asumiendo como propia la visión de un filósofo español: “el derecho sirve para la vida, o no sirve para nada”.

Pero ante este nuevo universo que se abría ante mí, no tenía otros conocimientos que los principios de mi especialidad y del derecho en general. Tuve, así, que empezar a formarme y estudiar lo que la humanidad había ido construyendo en materia de derechos humanos, al mismo tiempo que luchar profesionalmente en la defensa de los miles de seres humanos que sufrían las violencias y violaciones de la dictadura.

Pero en ello no estuve nunca solo. Primero el comité Pro-Paz y luego y principalmente, la Vicaría de la Solidaridad, compartí con maravillosas personas este largo camino vital, en que tanteábamos como poner en práctica los principios de la carta de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos en el contexto dictatorial y cruento de la época. Permítaseme, así, rendir un especial homenaje a todas y cada una de las personas con quienes compartí en esa institución de luz y vida, en medio de las tinieblas. Mi recuerdo especial al Cardenal Raúl Silva Henríquez y a dos de mis maestros en esta tarea, Jaime Castillo Velasco y Andrés Aylwin Azocar. Mi homenaje también a las víctimas, sus familiares y organizaciones, por su lucha constante por la verdad y justicia, sin la cual ningún trabajo por los Derechos Humanos hubiera sido posible. Los evoco hoy a todos ellos a través de los nombres de Sola Sierra, Viviana Díaz, Ana González, Edita Salvadore y José Manuel Parada.

Respecto de mi trayectoria personal, no puedo dejar de recordar, junto a la ya mencionada Vicaría de la Solidaridad, mi participación en el Consejo de Guerra de la Fuerza Aérea, al inicio de la dictadura; la participación en el juicio contra Pinochet en Londres y en la Mesa de Diálogo entre civiles y militares buscando romper la impunidad vigente. Y más allá de nuestras fronteras, tu ve la suerte de haber podido extender a otros pueblos esta pasión por los Derechos Humanos y el compromiso asumido aquel día de septiembre de 1973.

Porque trabajar por los derechos humanos es esforzarse por un proyecto político universal, válido en todo tiempo y en todo lugar. Aunque la vida me lo haga hoy muy difícil, de una u otra manera, espero continuar haciéndolo por siempre.

No cabe aquí entrar en balances detallados de lo ocurrido en Chile respecto de verdad, justicia y reparación de las violaciones de derechos humanos bajo la dictadura. Son innegables los grandes avances que se obtuvieron, en estos ámbitos. Un ejemplo de esto y no menor, es la creación de esta misma institución, el INDH.

Pero también debemos hacernos cargos de los déficits: dichos avances fueron en general tardíos, dejando sin resolver la mayoría de los casos de desaparecimientos y ejecuciones; se mantuvo el secreto militar y no se reformaron las fuerzas armadas y de orden.

Tampoco se superó integralmente el clima de impunidad, generando falta de confianza en los gobiernos y en la justicia y reproduciendo la división en la sociedad.

El acto mismo del golpe militar que culminó con la muerte del Presidente Allende, de cuya elección democrática celebramos en estos días los cincuenta años, no fue nunca juzgado y castigado. La impunidad en este punto es la madre de todas las otras impunidades y funda, para varias generaciones, la división de la sociedad.

Hay, entonces, pese a todo lo logrado en materia de violación de los derechos humanos, una deuda pendiente que nos muestra que la lucha por la justicia es una tarea permanente. Y lo que ocurrió en octubre pasado en nuestro país lo refuerza. Al respecto permítaseme dos reflexiones:

Por un lado, todos los Informes de las organizaciones de derechos humanos durante el estallido, muestran una violación generalizada a través del uso de la violencia por parte de las fuerzas policiales, herramientas del Estado que tienen el encargo de hacer respetar estos derechos. Una completa investigación de los crímenes que se haya cometido y su correspondiente castigo, así como una profunda restructuración de todas las instituciones que participan del orden público, son requisitos para mantener y profundizar nuestra democracia y para darle legitimidad a tales instituciones.

Por otro lado, la demanda de dignidad, igualdad y de superación de los abusos que está en el origen del estallido y movimientos sociales que se desencadenan en octubre del año pasado, pone en la escena la necesidad de un orden económico-social que supere el sistema neoliberal impuesto por la dictadura cívico-militar y de un nuevo orden político que se exprese en una nueva y legítima Constitución. Ambos, deberán asegurar la vigencia de los derechos humanos individuales y de los derechos sociales. Desde siempre planteé juntos a muchas y muchas que este país no volvería a ser realmente una comunidad política, si no generaba una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente. Hoy hemos logrado esa posibilidad histórica y no podemos perderla.

A través de la pandemia que afecta al mundo y a nosotros, hemos confirmado que la confianza entre nosotros como pueblo, para enfrentar juntos nuestro porvenir, exige que construyamos democráticamente una institucionalidad que nos proteja y que garantice a todas y todos, su dignidad.

Y no puedo dejar de mencionar aquí la tragedia más que secular a la que se ha sometido al pueblo mapuche y que exige, como siempre dijimos en nuestras luchas contra la dictadura, verdad, reparación y justicia: la nueva Constitución deberá asegurar un Estado plurinacional y el reconocimiento de los pueblos originarios.

Así, la lucha por la vigencia de los Derechos Humanos en todas sus dimensiones es tan necesaria ahora, como en otras épocas.

Nuestro drama, parafraseando a un escritor latinoamericano frente al monumento de Yad Vashem y recordando el Holocausto, es que no tenemos otra escapatoria como seres humanos que luchar contra la injusticia, quizás no para terminar con ella como quisiéramos, sino para evitar que ella termine con nosotros.

Consagré con muchos y muchas mi vida a esta lucha. Y gracias muy profundas, al concederme este Premio por considerarme como un militante más en ella.

Roberto Garretón Merino

Santiago, 14 de agosto de 2020

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