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Sangre y plomo, la amenaza a la paz como continuidad agónica de una institución. Por Nicolás Pinochet-Mendoza

Si se hubiera visto en alguno de los países del primer mundo, la noticia recorrería los quioscos modernos hasta el último espacio del globo. La prensa mundial, el universo académico y el intelectual no darían tregua contra la barbarie callejera que amenaza a ese tan lindo pero ficticio vocablo latino: democracia. Si la policía americana mata por racismo, el mundo se paraliza; si en Francia o Alemania sus fuerzas de orden actúan al límite del protocolo, Europa se escandaliza. Pero, si pasa en Chile, si las fuerzas del orden matan a más de una treintena de personas que sin un nombre destacado llenan los obituarios del estallido como uno más; si hay más de cuatrocientas víctimas de mutilación ocular por disparos efectuados directamente a los ojos saltando todo protocolo; si en adición un joven es arrojado a un destino casi fatal en el puente Pío Nono; si una niña de 7 años, a quién aquellos que asesinaron a su padre años antes, la reprimen con excesiva fuerza el día de su cumpleaños, no pasa nada, la conmoción es sólo interna -o entre quienes nos identificamos-, ese es el alcance de nuestras democracias latinoamericanas.

Hoy, hace horas del último crimen, un control de identidad que se efectúa a fuerza de plomo por cinco, un joven es asesinado en una de las ciudades del tercer mundo. Pues bien, es el tercer mundo el que tiene la protección, debido a que su icónica barbarie es un caso permitido para los ojos del mundo. Solo en un país así, en el que parecían renacer las relaciones, las instituciones -parias de su especie- matan con el fin de resistirse a su propia muerte.

La actitud social consagrada del repudio al asesinato se asentó en las bases de todo legalismo democrático, lo que quiere decir que toda democracia se sostiene en rechazar, constantemente, la insistencia de producción asesina. Digamos, si la barbarie incivilizada fuera un torrente, la democracia sería una represa formada por el concreto de sus instituciones. El argumento de éstas, independiente de la especificidad de su operatoria, se sustenta en que para mantener la vida en común debemos renunciar a la fluidez del torrente barbárico que amenaza toda civilización, con ello, tanto instituciones como participantes deben aceptar la paz como pacto mandatado asociado a la ley fundante en contra de los intentos homicidas del todos contra todos.

Lejos de la ingenuidad, si la paz es una obligación sociopolítica es porque la posibilidad de la guerra es siempre latente. Por eso me atrevería a presentar un aforismo: la fortaleza de una democracia se ve, entre otras cosas, en la relación inversamente proporcional entre las armas y su uso por parte de las fuerzas de orden: es decir, la firmeza del pacto de vida en común es más fuerte en medida que las armas sean cada vez más innecesarias. Sin embargo, un cuestionamiento a tal aforismo es respirado todos los días en el tercer mundo tomando a Chile como ejemplo: ante la emergencia de un nuevo Chile las institucionales armas de fuego hacen plomo de la sangre de sus desarmados enemigos bajo el argumento de una amenaza a la paz. Actúan como si fuesen amenazados por una potencia igual o superior, como si, el avance del otro implicase su propia destrucción ante lo cual no queda más que el enfrentamiento. La ficción de este enfrentamiento es la que edifica el absurdo de una represa industrial sobre un canal de regadío, intentando hacer pensar que la fuerza de la democracia o sus instituciones, están marcadas por la soberanía de represa, sin considerar que el equilibrio entre torrente barbárico e instituciones es la piedra angular del pacto común.

La idea del tercer mundo, del país que es pobre para el pobre y que es rico para el rico, se sostiene como la investidura que lo permite todo. Es decir, sólo en países así podemos tolerar que la soberanía de un oficial termine con el asesinato de un joven. Sólo en nombre del tercer mundo se puede aplicar la represión totalitaria como estrategia democrática en donde las balas pueden ser un argumento en contra del arte callejero.

La ecuación, que los medios manejan bien, y que sostiene este entendimiento tiene su pilar en pensar la figura del asesinato del artista callejero como un hecho particular al separar y segmentar las características de sus participantes en un policía perverso de un lado y un potencial delincuente -o loco- del otro. Entonces, de lo que se trataría es de una repetición sin ligadura: ¿No es acaso el adolescente del puente Pío Nono un lumpen; la niña de 7 años una mapuche hija de un terrorista; los cuerpos calcinados de la revuelta ladrones en el lugar equivocado; y las pérdidas oculares un justo merecido por incitar la violencia…? y por el otro lado: los efectivos que dispararon a los ojos; los que detuvieron a la niña; los que arrojaron a un joven y los que mataron a otros, ¿no están todos siendo procesados como posibles responsables -individuales- de los actos enunciados?. Es decir, todos los participantes, desde el artista callejero visto como delincuente abatido balazos hasta el asesino institucional visto como persona particular, ambos en calidad de individuos, son una potencial amenaza a la paz pactada; argumento doble que intenta contentar a ambas partes de una sociedad dividida. Sin embargo, cuando la filosa guillotina cae sobre el cuello de los individuos, lo que se protege es a los colectivos. Se asume al chivo que hay que sacrificar en son de una pacificación colectiva, es decir, sobre el cadáver simbólico de una nueva fantasía. El chivo que, si bien en este caso no es un inocente, no es del todo culpable, pues su cuerpo simbólico es ofrecido por otro para intenta evitar juicio sobre la institución, la roca angular de la represa democrática de una república bananera.

El crimen del joven artista en Panguipulli, sostenido por la Razón institucional que viste y arma a su asesino, es la insistencia de una repetición que clama por su ligadura institucional. Es decir, la insistencia con que las fuerzas del orden actúan desproporcionadamente contra el otro social, que, después del crimen, contaminan la escena con la ficción periodística de la proporcionalidad intentado igualar constantemente las piedras con las bombas, la raza con el terrorismo, y las clavas con las balas.

El enfrentamiento ficticio que opone a un policía pensado como individuo contra un artista que es pensado como un loco o un delincuente, solo encuentra culpables posibles entre ellos, y deja en el anonimato a la institución agónica que perdió su fin, la protección del más débil, y por ello, sin fin, no tiene justificación su continuidad en una democracia renovada. La entrega sacrificial, aunque fundada en el proceder individual de disparar el arma, solo intenta la pacificación colectiva en orden del ejercicio de un juicio simbólico a la institución, cuando, el juicio debe ser real como estocada final a la agónica vida institucional.

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