La celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago es una oportunidad para reflexionar acerca de los múltiples desafíos derivados de su condición de núcleo articulador del sistema territorial regional y nacional. En nuestra ciudad, resulta evidente que las condiciones de vida de millones de personas son el directo resultado de las condiciones de inequidad socioespacial existentes por la acumulación del efecto combinado la limitación redistributiva de las políticas económicas y del subsecuente fenómeno de exclusión y de segregación observables en su morfología urbana. Como podemos deducir, tales características, exponen a su población a experimentar múltiples consecuencias del fenómeno del Cambio Climático y a otras amenazas de desastres de origen antrópico y natural.
La complejidad y magnitud de las problemáticas presentes en la ciudad y en su entorno, requieren de estrategias de acción sistemáticas y continuas en el tiempo con capacidad de intervenir en nodos críticos que afectan a la calidad de vida de sus habitantes y que, en alguna medida, permitan prever su desarrollo futuro en términos de equidad y de sustentabilidad. variables indispensables para alcanzar un mejor desarrollo humano. En ese sentido, durante los últimos años, el desarrollo de infraestructuras asociadas al transporte público como la introducción de buses con electromovilidad, la importante ampliación de la red de Metro y el renovado protagonismo de los ferrocarriles suburbanos, han contribuido a subsanar los efectos de la expansión horizontal de nuestra capital y han favorecido la integración de millones de personas abatiendo fronteras de marginación en el acceso a servicios y al propio mercado laboral. No obstante, el actual déficit habitacional es una de las áreas que se muestra como gran tarea pendiente a escala del país, requiriendo para su abordaje de un significativo esfuerzo en los próximos años articulando para ello, no solo a los instrumentos de ordenamiento territorial, sino también un marco regulatorio que reduzca la especulación sobre el valor del suelo urbano el que incide de modo directo en la postergación de las aspiraciones de una vida mejor tanto de los sectores populares y medios. Lo anterior significa la puesta en práctica de iniciativas creativas como el programa de “Pequeños Condominios” del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) que permite densificar y evitar, asimismo, problemas como la gentrificación especialmente en comunas en donde la inversión inmobiliaria no encuentra límites amenazando el “derecho a la ciudad” de los grupos menos favorecidos. Además, se hacen indispensables medidas que permitan reorientar este mercado mediante en función de las necesidades sociales mediante políticas que faciliten la adquisición de la primera vivienda por parte de las familias, por ejemplo, a través de la exención del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) incrementando las condiciones de accesibilidad de este tipo de bien.
Por su parte, la integración del sistema urbano requiere de vigorosas iniciativas en contra de la exclusión y todas sus negativas consecuencias. Una de ellas, quizás la más compleja en nuestros días, se relaciona con la seguridad la que indudablemente se alcanzará tanto por la persecución sistemática del delito en todas sus formas, como por la presencia de un Estado eficaz es la desestructuración de aquellos ghettos en los que se impone el poder de grupos delictuales dada la condición de abandono existente en ellos dando origen a la generación de redes clientelares, cooptación e intimidación de su población degradando la autonomía y dignidad de las personas. Esta tarea requiere de la acción conjunta con las organizaciones sociales comunitarias a fin de gestionar en conjunto el equipamiento y los servicios que contribuyan a su promoción colectiva.
Complementariamente, la educación es a nivel regional una tarea de primera importancia. En primer lugar, porque es la herramienta que por definición está llamada a construir condiciones de equidad a escala territorial debiéndose establecer como una política prioritaria contra la segregación social. Sería de esperar que el establecimiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) permita en lo venidero dotar de un nuevo impulso a este ámbito tras el resonante fracaso del modelo de municipalización que profundizó las desigualdades. Sería en tal sentido interesante, dotar de competencias legales a los Gobierno Regionales (GORE) invertir de manera regular y periódica, por ejemplo, en el desarrollo y mejoramiento de su infraestructura y equipamiento de los recintos escolares a fin de disminuir las brechas existentes en este ámbito, superando su condición de eventual organismo coadyuvante.
¿Cómo entonces nuestra región asume las condiciones generadas por el Antropoceno y los desafíos que este plantea? Este es tal vez, una de sus tareas que requiere mayor urgencia si consideramos las desigualdades e inequidades sociales preexistentes. La escasez hídrica, presente como prioridad en la Estrategia Regional de Desarrollo 2012-2021[1], debería considerarse un asunto de orden fundamental que enfatice en los usos sustentables de este recurso, habida cuenta de la magnitud demográfica y de intensidad de las actividades económicas existentes en todos los sectores. Estas realidades demandan un adecuado manejo de su cuenca hidrográfica, dando énfasis tanto a sus usos racionales como al tratamiento de las aguas servidas favoreciendo su reutilización en las amplias zonas agrícolas circundantes, soporte básico de la economía regional. La existencia de una situación de emergencia hídrica hace necesaria la plena restitución de la condición del agua como un bien nacional de uso público privilegiando el interés colectivo por sobre de la apropiación privada del acceso a este recurso.
Toda estrategia hídrica debe ir acompañada de la generación de condiciones en el ecosistema que favorezcan la activación del ciclo del agua, especialmente, dentro de las zonas urbanas. En tal sentido, uno de los principales déficits que se deberían intervenir, es el de la marcada disparidad en la cantidad de áreas verdes disponibles por habitante, cuyo nivel óptimo para la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de quince metros cuadrados y en nuestra ciudad supera levemente el tercio de este indicador[2]. Lo anterior permitiría generar una moderación térmica disminuyendo la presencia de “bolsones de calor”, por ejemplo, en sectores de acumulación de estructuras de hormigón que lo irradian o en donde las características geográficas reducen las posibilidades de ventilación y regulación este fenómeno, entre ellas, la vasta área localizada al norte del Río Mapocho.
Rendir homenaje a toda su trayectoria, desde aquel tambo incaico dominado por el cerro Huelén hasta el abigarrado cosmopolitismo contemporáneo, implica hacernos cargo de todas sus complejidades y comprender que en su superficie se materializan dinámicas que debemos intervenir y transformar para dejar de solo preguntarnos ¿Santiago, quo vadis?
[1] https://www.gobiernosantiago.cl/estrategia-desarrollo-regional/
[2] www.miparque.cl
